Muchos cabos quedaron sueltos de la trama Pdvsa Cripto y del operativo anticorrupción ejecutado en 2023. Luego de las primeras alocuciones de Tarek William Saab sobre el caso, un año después se desconocen los avances del juicio, si todos los involucrados han sido imputados y cuáles son sus lugares de reclusión. Al igual que la famosa frase del expresidente Luis Herrera Campíns, los venezolanos se preguntan «¿Dónde están los reales?» desfalcados a la Nación y cuál ha sido la suerte de los activos decomisados. Pero más importante aún, todo el país sigue inquieta por conocer, qué pasó con una de las figuras más relevantes dentro del partido de gobierno y su responsabilidad en las irregularidades que se cometieron en la petrolera estatal
Por Brian Contreras y Ahiana Figueroa
Un día como hoy, pero en 2023, la Policía Nacional Anticorrupción acapararía los focos de todo el país al anunciar la detención de un «grupo indeterminado» de funcionarios públicos bajo el señalamiento de «graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos». Recursos del Estado de los cuales aún se desconoce si se ha recuperado, al menos, una parte. Esta operación se convertiría en la trama «Pdvsa Cripto» que cuatro meses más tarde involucraría a casi 100 personas, convirtiéndose en uno de los mayores casos de corrupción en la historia de Venezuela.
Durante meses, el guiso que se gestó en el seno de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) fue el tema central de conversación para el oficialismo, que convirtió la «lucha contra la corrupción» en su bandera narrativa con actualizaciones constantes sobre esta trama y planes para resarcir el daño causado por los funcionarios denunciados. Pero desde julio pasado, las autoridades dejaron de referirse al tema.
Muchos cabos quedaron sueltos con la interrupción en las alocuciones públicas del fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, y del gobernante Nicolás Maduro sobre el caso. Cuando dejaron de mencionarlo, aún había órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar, no había claridad sobre el monto desfalcado y se desconocían muchos detalles sobre el proceso judicial que afrontarían los implicados, así como los detalles específicos de cómo se gestó una trama de corrupción de estas magnitudes durante al menos tres años sin que el Ejecutivo lo notara.
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