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El fallo de la comisión de derechos humanos más importante de las Américas de que agentes del régimen cubano asesinaron al líder opositor Oswaldo Payá, quien murió en un sospechoso accidente automovilístico en 2012, confirma lo que muchos sospechábamos desde hace mucho tiempo, pero no deja de ser muy importante.
El veredicto de 28 páginas de la prestigiosa Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH), una agencia independiente de la Organización de Estados Americanos, es un hecho histórico que ayudará a presionar a las democracias occidentales para que tomen medidas contra la dictadura cubana.
Una de las primeras medidas deberían tomar es excluir al dictador cubano Miguel Díaz-Canel de las próximas cumbres presidenciales.
El régimen cubano seguramente argumentará falsamente, como siempre lo hace cuando recibe una crítica, que la CIDH es un “instrumento del imperialismo yanqui” o de la CIA. Pero será difícil convencer a alguien de eso, porque la CIDH tiene una larga historia de independencia política.
La comisión a menudo ha fallado en contra de Estados Unidos. Fue la primera institución multilateral que acusó al gobierno estadounidense de violar los derechos humanos de los detenidos en Guantánamo y también dictaminó contra del gobierno estadounidense en casos de detenciones indebidas de inmigrantes indocumentados.
La investigación de la comisión sobre el caso Payá, que duro 10 años, concluyó que “existen pruebas serias y suficientes” de que “agentes estatales participaron en la muerte” del líder opositor y del activista de derechos humanos Harold Cepero, quien estaba con él y otros dos pasajeros cuando el auto en que estaban chocó contra un árbol.
El conductor, el político del Partido Popular español Ángel Carromero, sobrevivió al accidente. Poco después, el régimen cubano difundió un video en el que Carromero negaba reportes periodísticos de que el auto había sido embestido desde atrás.
Carromero fue condenado a cuatro años de prisión por homicidio imprudente, pero unos meses después fue extraditado a España. Después de su liberación, Carromero confirmó a el Miami Herald que el automóvil había sido golpeado intencionalmente desde atrás, y que los funcionarios cubanos lo habían obligado a mentir en el video.
Payá, a quien entreviste varias veces en la década del 2000, era probablemente el líder opositor más respetado en la isla.
Su plan, llamado el “Proyecto Varela”, consistía en aprovechar una rendija en la constitución cubana que permitía que los ciudadanos propongan cambios en las leyes -como permitir la libertad de expresión- si presentaban una petición con más de 10.000 firmas.
El “Proyecto Varela” de Paya juntó más de 30.000 firmas en los años siguientes, pero el régimen las rechazó citando tecnicismos.
Rosa María Payá, la hija del líder opositor fallecido, que vive en Miami, me dijo en una entrevista que el “Proyecto Varela” ya no sería factible hoy, porque la dictadura cubana desde entonces ha reescrito la Constitución para impedir tales peticiones de los ciudadanos. La nueva Constitución establece que el sistema socialista de Cuba es “irrevocable”.
Sin embargo, Rosa María Payá agregó que el veredicto de la CIDH “es un hecho histórico”, y que “debería traer consecuencias”.
Por ejemplo, cuando la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos se reúna para su reunión anual en Washington el 22 de junio, las democracias de las Américas deberían votar para exigir a Cuba que cumpla con las recomendaciones de la CIDH incluidas en el fallo de Payá, me señaló.
Entre otras cosas, la comisión recomendó exigir que se pida a Cuba que castigue a los responsables del asesinato de Payá.
Asimismo, Estados Unidos debería ampliar sus sanciones a funcionarios cubanos, y la Unión Europea debería suspender sus planes de invitar a Díaz-Canel a Bruselas, agregó Rosa María Payá.
La Unión Europea ha anunciado que ha invitado a todos los líderes latinoamericanos, incluido Díaz- Canel, a la cumbre UE-CELAC de presidentes europeos y latinoamericanos que tendrá lugar en Bruselas en julio.
La hija de Payá tiene razón.
A la luz del veredicto de la CIDH, sería escandaloso que la UE invitara a un dictador cuyo régimen acaba de ser acusado de un crimen de estado.
A menos que los países europeos suspendan su invitación a Díaz-Canel, será difícil tomarlos en serio cuando digan que defienden la democracia y los derechos humanos.
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