Redacción (ALN).- Los derechos humanos deben ser epicentro de las negociaciones políticas en México sobre Venezuela, mientras que la impunidad de victimarios en procesos por delitos de lesa humanidad no debe ser ni siquiera planteada en esos diálogos, dicen expertos y uno de los delegados opositores.
El gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de partidos que le adversan reanudaron hace dos semanas el proceso de negociaciones en la capital mexicana.
Pasada la primera ronda de conversaciones entre ambas delegaciones, se anunció un acuerdo de corte social para atender las emergencias de salud, alimentación y buena operación de servicios públicos de los venezolanos a través de un fondo millonario que administrarán las agencias de las Naciones Unidas, de acuerdo con los actores del proceso.
Ese mismo día, el gobierno de Estados Unidos flexibilizó sus sanciones económicas contra el gobierno madurista para permitir que la empresa estadounidense Chevron explote y exporte a su territorio petróleo venezolano durante al menos seis meses.
Se conoció que el acuerdo social pactado allana el camino para que, en cuanto se retomen las negociaciones, las partes discutan sobre las garantías políticas y electorales. Entonces, los primeros avances del diálogo de México tuvieron olor a atención humanitaria, petróleo y elecciones, pero poco al respeto de derechos humanos, según los activistas del área.
Si bien voceros de asociaciones civiles aplaudieron la ayuda humanitaria en camino, también han demandado que los derechos humanos formen parte esencial de los diálogos.
Para Beatriz Borges, abogada, defensora de derechos humanos y fundadora del Centro de Justicia y Paz, los derechos humanos “deben estar en el centro” de la discusión política de Venezuela para ayudar a los actores a “tener una visión comprensiva” de la crisis.
“Es una medida de indicador de la dignidad (…) Somos una sola Venezuela que necesita una institucionalidad democrática y la garantía de los derechos”, reclamó la semana pasada durante un foro organizado por el centro de pensamiento estadounidense WOLA.
El diálogo de México se reanudó luego de 13 meses de congelamiento y apenas un acuerdo para reivindicar el derecho territorial de Venezuela sobre la Guyana Esequiba y otro parcial, el año pasado, para concretar planes de atención humanitaria y social dentro del país.
No son negociables
Roberto Enríquez, presidente del partido opositor Copei y uno de los nueve delegados de la Plataforma Unitaria que participan en el diálogo de México, afirmó a la Voz de América que los derechos humanos sí son espina dorsal de sus negociaciones con el chavismo.
“Tanto por la vía de la presión internacional, la popular y la negociación, debemos rescatar un ecosistema de convivencia democrática que se soporte sobre el respeto a los derechos humanos” en Venezuela, comentó el líder político en una entrevista el jueves por la tarde.
Enríquez, quien vivió cuatro años como huésped en la embajada de Chile en Venezuela después de que las autoridades venezolanas buscaran capturarlo por presunta traición a la patria, dio fe de que la oposición pulsaba con el gobierno de Maduro para que se lograra “restablecer el orden político e institucional” y “se respeten los derechos humanos”.
“Es uno de los objetivos del proceso de negociación”, insistió, explicando que, para ellos, la llave para lograr un sistema de garantías democráticas es una elección “libre y justa”.
Una votación presidencial de esas características abriría la puerta a una “báscula democrática” donde los poderes legítimamente elegidos “garanticen equilibrios” y generen las “dinámicas apegadas al Estado de derecho”, explicó.
“Por eso es un tema tan político. No es con un gesto de buena voluntad de Maduro o una promesa (que se logrará el respeto a los derechos humanos). Es que el Estado se soporte sobre la voluntad del pueblo y que no esté sometida a incertidumbres y dudas”, indicó.
Lo que sí está descartado de plano, añadió, es que la oposición discuta en México amnistías o alcances de procesos criminales por violación de derechos humanos en Venezuela por parte de funcionarios del gobierno de Maduro.
Una misión independiente para la determinación de hechos en Venezuela, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó en septiembre que Maduro y otros líderes políticos, como Diosdado Cabello, son los máximos responsables de un “plan orquestado” para “reprimir a la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
La cancillería del gobierno de Maduro rechazó entonces lo que catalogó de “acusaciones falsas y sin fundamento” por parte de la Misión de las Naciones Unidas.
Mientras, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional ha solicitado permiso a una dependencia superior del organismo para reanudar su investigación sobre la comisión de delitos contra la humanidad en el país suramericano, una solicitud repudiada por las autoridades del gobierno madurista y el fiscal general y exdiputado Tarek William Saab.
De acuerdo con el artículo 29 del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, de 1998, los crímenes que son competencia del órgano no prescriben.
“No son negociables los temas de violaciones de derechos humanos. Esas no son parte del proceso de negociación” en México, comentó Enríquez, por su lado, sobre la posibilidad de pactar inmunidades a favor de victimarios o que no haya justicia para las víctimas.
El centro de la discusión
Los derechos humanos “deberían estar en el centro de la discusión” de México por el deber inaplazable del Estado venezolano de satisfacerlos y protegerlos “sin discriminación”, valora el abogado y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Carlos Lusverti.
La crisis en esa materia se ha profundizado en el país, “en buena medida”, justamente por la falta de “políticas públicas que aseguren la transparencia y rendición de cuentas”, dice.
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Se conoció que el acuerdo social pactado allana el camino para que, en cuanto se retomen las negociaciones, las partes discutan sobre las garantías políticas y electorales
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