La Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó el jueves 3 de febrero en segunda discusión la reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, que establece un pago de hasta 20% a las autoridades administrativas por cada transacción en moneda estadounidense o en criptoactivos. Los economistas José Guerra y Aarón Olmos dijeron a El Nacional que la modificación de la norma afectará a todas las personas, tanto jurídicas como naturales
La reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, aprobada el jueves 3 de febrero en segunda discusión por la Asamblea Nacional de 2020, tendrá un impacto negativo no solo para las empresas, sino también para las personas naturales. La norma, que aún no está publicada en Gaceta Oficial, establece el cobro de impuestos de hasta 20% en las transacciones con dólares y criptomonedas diferentes al petro.
“Afecta a todo el mundo, a las empresas y a las personas naturales, porque sencillamente encarece el costo de las transacciones”, dijo a El Nacional el economista José Guerra, miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas.
Un retroceso en la dolarización
La regulación significaría un retroceso en la dolarización e incluso conspiraría contra ella, dijo Guerra, también diputado a la Asamblea Nacional elegida en 2015. Agregó que se encarecerán todas las actividades comerciales de compra y venta, y aclaró que no hay exención alguna: todos deben pagar el impuesto por esas transacciones.
“Este impuesto, cuando se pague, no se puede deducir del impuesto sobre la renta como sí sucede con el impuesto de valor agregado. Al ciudadano común le afecta igualmente porque cuando va a hacer una compra en dólares, de cualquier producto, tiene que pagar el impuesto cuya tasa no se conoce”, señaló Guerra.
El parlamentario indicó asimismo que las empresas que tienen empleados remunerados en la divisa estadounidense también serán objeto del cobro del impuesto. Se trata de un efecto cascada que afectará todas las actividades comerciales en el país.
Se abrieron las puertas a “un dólar criminal”
El economista Aarón Olmos, primer ejecutivo de Olmos Group Venezuela, recordó que desde 2019 hasta la fecha ha habido un proceso de adopción de las divisas. “Pasamos de un ‘dólar criminal’, entre comillas y subrayado, como lo decía el Ejecutivo, de echarle la culpa a una cuenta que ponía precios de una divisa con respecto al bolívar, a abrir las puertas a la divisa, para que en todo 2020 y 2021 fungiera como un elemento de control”, añadió.
Esto, afirmó el economista, hizo que el sistema financiero creara productos orientados al resguardo de esas divisas. Señaló que al final del ejercicio económico del año pasado más de 55% de las captaciones estaban en moneda extranjera.
“Eso ya dice bastante de cómo las divisas ayudaron a la economía a estabilizarse”, expresó.
Advirtió que los impuestos, de alguna manera, generarán que los avances que llevaba la banca se ralenticen e incluso hasta se frenen porque la gente puede comenzar a dudar si le comenzarán a cobrar un porcentaje por cada transacción.
Alícuotas desde 2,5%
Olmos dijo que el artículo 13 del documento aprobado en segunda discusión, y divulgado por la Asamblea Nacional, indica cuáles serán las alícuotas. Estarán fijadas en función del tipo de contribuyente especial, en este caso el sujeto pasivo, según las características que se establecen en la ley.
“Prácticamente todas las personas naturales y jurídicas tendríamos que pagar una alícuota que puede estar en 2,5%. Por ejemplo, si una persona hace un gasto de 100 dólares para su casa, bien sea que pague en un local con tarjeta de débito internacional, tarjeta de crédito internacional, tarjeta de débito que gire sobre una cuenta en divisas en Venezuela, por Zelle o efectivo, tendría que pagar 2,5 dólares adicionales, que eso se lo queda el Ejecutivo, adicional al tema del IVA”, explicó.
En la exposición de motivos de la norma se estima que el actual impuesto a las grandes transacciones financieras representa alrededor de 13% del total de la recaudación tributaria nacional. Y agrega que se podría permitir un incremento de la recaudación de alrededor de 5,4% del total.
Olmos aseguró que existen otras formas de elevar ese 5,4% de la recaudación con herramientas o vías parafiscales en lugar de “pasarle factura” directamente al consumidor cuando haga sus operaciones en moneda extranjera.
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La regulación significaría un retroceso en la dolarización e incluso conspiraría contra ella, dijo Guerra, también diputado a la Asamblea Nacional elegida en 2015
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