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En un artículo anterior, reflexionábamos sobre el sinsentido de que el peor gobierno que se recuerda en Venezuela haya podido permanecer tanto tiempo en el poder, a pesar del repudio mayoritario de la población. Para ello tuvo que desmantelar las instituciones que sustentaban la soberanía popular, cuyo ejercicio hubiese redundado, sin duda alguna, en la salida de Maduro hace ya algún tiempo.
Pero esta demolición del marco constitucional no hubiera sido posible sin contar, a su vez, con un estamento militar que traicionó su juramento, a sus compatriotas y a la nación, para defender al régimen. Con este apoyo es que pudo fraguarse la destrucción de los medios de vida de los venezolanos y la subordinación del país a intereses foráneos. En recompensa, estos militares hoy controlan a la FAN.
La prédica patriotera de Chávez obnubiló a muchos al comienzo. Pero al mudar su ideario a los dominios míticos del comunismo, se hizo evidente que la complicidad de las armas dependía de algo mucho más sustancioso que una arenga “revolucionaria”, la corrupción. Alimenta, además, un conocido círculo vicioso del que se ha valido Maduro: el poder corrompe.
Toda dictadura exhibe algún grado de corrupción, ya que liquida los resguardos constitucionales contra la concentración del poder y elimina el equilibrio fiscalizador de los contrapoderes, incluyendo la prensa. Con ello, desaparece la rendición de cuentas (accountability) y la transparencia de gestión. Pero en las dictaduras militares del siglo XX, la corrupción solía restringirse al círculo próximo al dictador, más allá del cual se reprimía para mantener su imagen de “guardián del orden, la moral y las buenas costumbres”.
Lo novedoso de la experiencia chavomadurista ha sido la promoción deliberada de la corrupción para afianzarse en el poder. Abrir las compuertas a todo tipo de oportunidades de enriquecimiento mal habido hizo de sus beneficiarios cómplices de la dictadura. Es el ABC sobre el cual se forja la lealtad al capo en las mafias y qué mejor que aplicarlo para asegurar el apoyo de quienes están llamados a monopolizar el uso de las armas.
Se ha escrito mucho sobre el control, sobre la economía venezolana de militares afectos al régimen, ocupando altos cargos de responsabilidad, contratando con el Estado desde múltiples empresas creadas para tal fin, extorsionando a empresarios y viajeros, expoliando la riqueza minera de Guayana y/o dedicándose a otras prácticas non sanctas, como hace el cártel de Los Soles.
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La abundante renta petrolera ofreció un horizonte que se creía ilimitado para la voracidad de militares y civiles corruptos. El regreso de los precios del petróleo de los altísimos niveles alcanzados entre 2008-14, develó, sin embargo, que tal expoliación tenía un costo: una Pdvsa disminuida, servicios públicos colapsados, un sector privado destruido y un Estado sin recursos para pagar salarios decentes y atender sus funciones. Gracias a valientes periodistas de investigación, como los de Organized Crime and Corruption Reporting Project[1], Armando Info[2], InSight Crime[3] y ahora de portales como Chavismo, Inc.[4], y Corruptometro[5], se ha podido conocer la extensión y magnitud del desguace habido contra la República. En la prensa mundial se han reseñado multimillonarios depósitos en bancos extranjeros que atestiguan de ello.
La corrupción ha desdibujado a la FAN como institución, no solo por que quienes hoy la comandan la han puesto al servicio de una parcialidad política, violando el artículo 328 de la Constitución, sino porque ha reemplazado su disciplina interna, la subordinación vertical a un mando único, la jerarquía basada en méritos y la obediencia a los superiores, por la imposición de intereses grupales, en connivencia con factores externos, en la prosecución de fines crematísticos que la apartan de su misión.
La corrupción forjó un entramado de complicidades de naturaleza delictiva: mafias que rivalizan y/o se complementan entre sí en sus rapacerías. No enfrentamos a un régimen cohesionado en torno a un proyecto “revolucionario”, como se vanagloria en proyectarse, sino a una corporación criminal, con ramificaciones internacionales, que va fagocitando la riqueza nacional. Pero el pregón ideológico blinda a sus integrantes de toda crítica.
Son “revolucionarios”, luchando por el país. No se les debe imputar nada, pues están por encima del bien y del mal. Hagan lo que hagan, cuentan con la absolución de la Historia (con mayúscula). Con esta justificación, se atornillan al poder. Es más, el país les pertenece. Pero en realidad lo que hace al régimen aún más resiliente es que, al estar sus jerarcas metidos hasta la coronilla en la descomposición del Estado, no tienen para donde coger. ¿Cómo echar para atrás?
En la medida en que sus apetencias de lucro son satisfechas, Maduro no tiene por qué preocuparse. De ahí su desesperación porque le levanten las sanciones. No es porque perjudican el bienestar de los venezolanos, sino porque hacen cuesta arriba mantener la red de complicidades que lo sostienen a él y a su círculo de poder.
Al achicarse el botín, tiene que lanzarse en brazos de autocracias represivas, tanto en América Latina como en el resto del mundo, en busca de apoyo: Cuba, Nicaragua, la Rusia de Putin, Irán, Lukashenko y China. Asimismo, les da “puerta franca” al ELN y las disidencias de las FARC para sus actividades delictivas en nuestro país, a cambio de protección. La retórica rimbombante de proclamarse herederos del Libertador da paso, así, a la entrega vergonzosa de Venezuela a unos “guardaespaldas” que cobran peaje y que buscan utilizarlo como peón en el tablero internacional de las confrontaciones entre potencias. Maduro es, ahora, aún más vulnerable a las presiones externas.
El chavomadurismo ha prohijado una cultura de depredación ante la cual estamos demasiado expuestos: “mordidas” para aligerar trámites, permisos, mover expedientes y, hasta hace poco, comprar dólares. Campea la extorsión en peajes, fronteras, puertos, aeropuertos, etc. por parte de la Guardia Nacional y de otros cuerpos policiales. Luego están los sobreprecios, las contrataciones ficticias y un sinnúmero de trapacerías para ordeñar a Pdvsa, a la administración pública y, ahora, a la riqueza minera de Guayana. La destrucción del Estado y los sueldos miserables que, en consecuencia, recibe la inmensa mayoría de los funcionarios públicos, alientan tales prácticas.
En este clima, los recientes arrestos de oficialistas corruptos parecen más un ajuste de cuentas que una campaña real por erradicar este flagelo. Venezuela se encuentra en los peores lugares en los registros de organismos mundiales sobre la corrupción. Y, dolorosamente, la acción parasitaria del chavomadurismo está ultimando a su huésped; sus habitantes.
La cultura de la corrupción genera una tensión adicional a Maduro. Ahora que intenta alegar un supuesto avance económico –se superó la hiperinflación, la economía dejó de contraerse y bodegones repletos de productos importados hacen creer a algunos (con dólares) que la situación se normaliza–, se enfrenta con los apetitos de los jerarcas por cobrar su parte.
La Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, recientemente aprobada, extrae entre un 2 y un 20% del valor de las transacciones realizadas en dólares. La dolarización transaccional que resultó de las medidas liberalizadoras a que se vio obligado Maduro no podían escapar de la voracidad de quienes mandan.
Paradójicamente, tales contradicciones abren espacios de acuerdo para anteponer la cultura depredadora que ha mantenido cohesionado al régimen a la necesidad de reformas. ¿Cuáles incentivos –y presiones—rendirán sus frutos? ¿Cómo articular una estrategia coherente para ello?
Los puntos sobre las íes
El Sr. Fernando Mires, en respuesta a una crítica que le hice por un artículo suyo, publicó hace unos días su “posición” sobre la Venezuela actual[6]. Está en su derecho y no tengo porqué discutir sus argumentos, salvo para señalar que no respondió a mi crítica central, que fue su empeño en legitimar al gobierno de Maduro, negando su condición de dictadura, mientras deslegitimaba al liderazgo que, con todos sus limitaciones y errores, ha cargado con parte importante de la oposición política al déspota. Me pareció infeliz. Sr. Mires, ¿ratifica que el gobierno de Maduro es legítimo, que no es una dictadura?
Humberto García Larralde es economista, Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela.
Es el ABC sobre el cual se forja la lealtad al capo en las mafias y qué mejor que aplicarlo para asegurar el apoyo de quienes están llamados a monopolizar el uso de las armas.
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