Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina
Una investigación de la ONG junto al Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia concluyó que, desde los más altos niveles del Estado, se estructuró un sistema para desprestigiar, acusar, amenazar y atacar
Una investigación de Amnistía Internacional concluyó que la política de represión de Venezuela presenta una coordinación entre los ataques y mensajes estigmatizantes de los medios de comunicación con conexiones al régimen de Nicolás Maduro, y las detenciones arbitrarias por motivos políticos realizadas por las fuerzas de seguridad.
“Es innegable la discriminación política con la que el gobierno de Maduro persigue a manifestantes y defensores de derechos humanos. De acuerdo con nuestra investigación, no hay dudas de la relación entre funcionarios, medios y dichos ataques”, manifestó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, según consignó un comunicado de la propia organización.
Y agregó: “Esta coordinación es un nuevo indicador de la práctica sistemática de represión que puede configurar el crimen de lesa humanidad de persecución, y que debe ser investigado por la justicia internacional y condenado por el resto de la región”.
La investigación, llamada “Represión calculada: correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela”, se llevó a cabo a lo largo de más de un año, en conjunto con el Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), ambas organizaciones defensoras de los derechos humanos basadas en Caracas.
Los organismos de seguridad involucrados
Según el CDJ, desde los más altos niveles del Estado se estructuró un sistema para desprestigiar, acusar, amenazar y señalar a quienes defienden, promueven y exigen el respeto a los derechos humanos, a través de declaraciones públicas, medios de comunicación y redes sociales, personales e institucionales.
Los realizadores del estudio afirmaron que, con esta investigación, se evidenció cómo la estigmatización es aplicada bajo la lógica del enemigo interno y deriva en la materialización de acciones violentas y persecución por parte del Estado.
Además, sostienen los autores, el estudio reveló la correlación entre detenciones arbitrarias por motivos políticos, llevadas a cabo por agentes de seguridad estatal, y las estigmatizaciones, realizadas por varios medios de comunicación. Este análisis mostró que mientras en 2019 el vínculo general entre ambas variables era de 29%, en 2020 aumentó al 42% y en el primer semestre de 2021 llegó hasta el 77%.
Al mismo tiempo, aseguraron que la relación entre las detenciones arbitrarias y las estigmatizaciones también varía dependiendo de los distintos cuerpos de seguridad involucrados en las detenciones.
“Hay una vinculación más estrecha (de 74%) en 2019 con las detenciones que se producen por los órganos de inteligencia (Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN); en 2020 por los órganos dependientes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), incluyendo las Fuerzas de Acción Especial (FAES), que sube hasta el 92%; y en 2021 por órganos de naturaleza civil y descentralizados, como las FAES, los cuerpos de policía municipal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que también asciende al 92%”, detalló Amnistía Internacional.
Otro de los hallazgos significativos del estudio fue la alta correspondencia, de 94%, que se observó de enero de 2019 a junio de 2021, entre las estigmatizaciones realizadas por el programa televisivo “Con El Mazo Dando” -presentado por el líder chavista Diosdado Cabello- y las detenciones arbitrarias por motivos políticos llevadas a cabo por un cuerpo de seguridad militar y procesadas por la jurisdicción militar.
Los autores afirmaron que la dimensión cualitativa de la investigación incluye análisis de los fenómenos de la estigmatización, las detenciones arbitrarias por motivos políticos, la naturaleza y funcionamiento de medios de comunicación afines al régimen —muchos de ellos con financiamiento público— y el contexto sociopolítico del país durante el periodo estudiado.
“Todo ello se contrastó con estándares de derecho internacional de los derechos humanos y con derecho penal internacional, arrojando la conclusión de que los patrones de estigmatización podrían mostrar la existencia de una persecución política”, continuaron.
Por último, las organizaciones a cargo del informe hicieron un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que considere incluir en su investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela los hechos puestos en evidencia en esta investigación, con miras a determinar actores claves, casos concretos y posibles partícipes de crímenes de lesa humanidad de privación arbitraria de la libertad y de persecución.
También pidieron a la comunidad internacional que continúe el apoyo hacia la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en su mandato de aportar a la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde 2014.
AI presentó un informe sobre la “represión en Venezuela”
Una investigación de Amnistía Internacional concluyó que la política de represión de Venezuela presenta una “coordinación entre los ataques y mensajes estigmatizantes de los medios de comunicación con conexiones al gobierno de Nicolás Maduro, y las detenciones arbitrarias por motivos políticos realizadas por las fuerzas de seguridad”.
“Es innegable la discriminación política con la que el gobierno de Maduro persigue a manifestantes y defensores de derechos humanos. De acuerdo con nuestra investigación, no hay dudas de la relación entre funcionarios, medios y dichos ataques”, manifestó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, según consignó un comunicado de la propia organización, así lo reseñó Infobae
Y agregó: “Esta coordinación es un nuevo indicador de la práctica sistemática de represión que puede configurar el crimen de lesa humanidad de persecución, y que debe ser investigado por la justicia internacional y condenado por el resto de la región”.
La investigación, llamada “Represión calculada: correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela”, se llevó a cabo a lo largo de más de un año, en conjunto con el Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), ambas organizaciones defensoras de los derechos humanos basadas en Caracas.
Según el CDJ, desde los más altos niveles del Estado se estructuró un sistema para “desprestigiar, acusar, amenazar y señalar a quienes defienden, promueven y exigen el respeto a los derechos humanos”, a través de declaraciones públicas, medios de comunicación y redes sociales, personales e institucionales.
Los realizadores del estudio señalan que, con esta investigación, se “evidenció” cómo la estigmatización es aplicada bajo la lógica del enemigo interno y deriva en la materialización de acciones violentas y persecución por parte del Estado.
Además, sostienen los autores, el estudio reveló la correlación entre detenciones arbitrarias por motivos políticos, llevadas a cabo por agentes de seguridad estatal, y las estigmatizaciones, realizadas por varios medios de comunicación. Este análisis mostró que mientras en 2019 el vínculo general entre ambas variables era de 29%, en 2020 aumentó al 42% y en el primer semestre de 2021 llegó hasta el 77%.
Al mismo tiempo, aseguraron que la relación entre las detenciones arbitrarias y las estigmatizaciones también varía dependiendo de los distintos cuerpos de seguridad involucrados en las detenciones.
“Hay una vinculación más estrecha (de 74%) en 2019 con las detenciones que se producen por los órganos de inteligencia (Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN); en 2020 por los órganos dependientes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), incluyendo las Fuerzas de Acción Especial (FAES), que sube hasta el 92%; y en 2021 por órganos de naturaleza civil y descentralizados, como las FAES, los cuerpos de policía municipal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que también asciende al 92%”, detalló Amnistía Internacional.
Agencias – La Prensa de Lara - https://www.costadelsolfm.org/
“Todo ello se contrastó con estándares de derecho internacional de los derechos humanos y con derecho penal internacional, arrojando la conclusión de que los patrones de estigmatización podrían mostrar la existencia de una persecución política”
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