Cuatro declaraciones políticas y un acuerdo parlamentario durante los primeros 28 días de enero presionan al Ministerio Público para que avancen las investigaciones contra Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por parte de la comunidad internacional. Desde 2019, el nombre del opositor está en varios expedientes, con medidas cautelares pero sin una orden de captura en su contra
Si de romper récords se tratase, probablemente el diputado venezolano Juan Guaidó tendría uno ganado como la persona con más investigaciones abiertas en el Ministerio Público actualmente. Lo curioso, contrastando con las acciones del Poder Judicial venezolano, es que el político está en plena libertad. Eso sí, con una prohibición de salida del país, cuentas congeladas e inhabilitación política de por medio.
El mandatario interino, reconocido en el cargo por parte de la comunidad internacional desde 2019, ha sido señalado en al menos 12 delitos, y según ha dicho públicamente el fiscal general impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, debe responder a 24 investigaciones.
Las acusaciones contra Guaidó desde Parque Carabobo (donde se encuentra la sede del MP) empezaron el 29 de enero de 2019, apenas seis días después de haberse juramentado como presidente interino. Ese día, el fiscal Saab lo acusó de «dañar la paz de la república» y también lo responsabilizó de afectaciones al patrimonio nacional.
Pasó un mes y ya en marzo contaba con una nueva investigación. La razón: ser culpable del «sabotaje eléctrico» que ocasionó el mayor apagón de la historia contemporánea venezolana.
Y así, Guaidó pasó a acumular una serie de investigaciones judiciales que han llevado a las autoridades a emitir órdenes de arresto y materializar detenciones de colaboradores cercanos. En enero de 2022, las presiones aumentaron por parte del oficialismo, que dice «ya basta» y pide prisión segura.
Benigno Alarcón, politólogo y director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, manifiesta su preocupación ante las recientes amenazas contra el dirigente opositor. «El Gobierno en este momento está tratando de probar si el tema Guaidó, en relación a los Estados Unidos y otros países que lo apoyan, sigue siendo una raya roja o si ya pueden cruzarla».
Temas que se manejaron con la audacia que manejó Guaidó, dice Alarcón, no pasan por debajo de la mesa para la administración Maduro, que busca castigos «ejemplarizantes».
Una muestra de ello fue la ola de persecución contra diputados entre 2018 y 2019 por parte de la ANC, lo que incluyó prisión para algunos como Edgar Zambrano, Ismael León, Gilber Caro o Juan Requesens.
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Pasó un mes y ya en marzo contaba con una nueva investigación. La razón: ser culpable del «sabotaje eléctrico» que ocasionó el mayor apagón de la historia contemporánea venezolana.
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