Comunicado
II Semestre – La economía venezolana ralentiza su caída, luego de un desplome acumulado a lo largo de siete años
1- Actividad económica
En el informe anual de “Perspectivas de la Economía Mundial 2021”, presentado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en octubre de este año, se ha estimado que la economía venezolana registrará una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 5% este año. Esta revisión contrasta con la previsión inicial del mes de abril, donde se preveía que la contracción del PIB sería de 10%. La estimación más reciente del FMI coincide con la publicada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en un ”Estudio Económico para 2021” del mes de agosto, donde la caída estimada para Venezuela era de 4%.
En un contexto de moderada expansión para la región de América Latina y el Caribe, marcado por un crecimiento estimado por la CEPAL de 5,9%, la contracción venezolana luce singular y se une a la profunda depresión que suma siete años ininterrumpidos de retroceso productivo. Desde luego, a lo largo del año 2020 y en gran parte en 2021, los efectos de la pandemia sobre el ritmo de actividad económica fueron severos debido a las medidas de confinamiento, y en el caso de Venezuela, se concretan además otros factores, entre los que destacan: el colapso de la producción de crudo, en gran medida agravada por los efectos de las sanciones comerciales y petroleras de los EE.UU.; la caída del consumo asociada a la dramática pérdida del poder adquisitivo del bolívar; la ausencia de inversión pública y privada, el colapso del mercado de crédito movido por un espectacular encaje sobre la banca, y el desvanecimiento de las capacidades del Estado para servir como motor para la estabilización.
Aunque no hay datos oficiales disponibles para determinar que ha venido pasando con la actividad económica interna a lo largo del año 2021, el indicador de actividad económica mensual que calcula el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) registró para la economía venezolana una contracción de 2,7% durante los primeros 9 meses de 2021 con respecto a los primeros nueves meses del año anterior. Sin embargo, en términos trimestrales y para el tercer trimestre del año se destaca un crecimiento de la actividad económica de 9,4%, con respecto al tercer trimestre de 2020.
Se constata además cierta recuperación de la producción petrolera, muy a pesar del difícil contexto que tiene Venezuela para comercializar crudo petrolero en el mercado internacional y del grave deterioro de la capacidad de producción de la industria petrolera. De una producción de 367 mil b/d registrada en octubre de 2020, la producción de crudo, según fuentes secundarias, pasó a 534 mil b/d, lo que significa un incremento interanual de 45,5%. Estratagemas para evitar la detección y las sanciones incluyen transferencias de barco a barco, la creación de empresas fantasmas, señales satelitales silenciadas y operaciones de dopaje de crudo (doping) con aditivos químicos para cambiar su nombre en la documentación, y no dejar rastro de sus orígenes venezolanos. El principal mercado para el crudo venezolano hoy es China.
En el sector no petrolero, el aumento de la informalidad tanto en la actividad empresarial como en el mercado de trabajo a raíz del cierre de empresas formales, y como consecuencia igual de la pandemia, es conspicuo. En paralelo a esta rápida transformación estructural ha seguido un notable incremento en la dolarización de la economía y, de hecho, la dolarización de los sueldos y salarios parece irrumpir como una nueva fase del proceso espontáneo de la dolarización de la economía. Estos cambios en la composición de los pagos salariales en dólares y la propagación del autoempleo con pagos en dólares, han servido, a lo largo del año, como acicate para la reanimación gradual del consumo, especialmente en nichos de mercado concentrados en alimentos y productos de cuidado personal, donde las importaciones siguen siendo aluviales.
En el sector formal de la economía no concentrado en alimentos, la estrechez del mercado interno, consecuencia del importante deterioro de los ingresos, es otro factor limitante que está obligando al sector privado a buscar una salida mediante el incremento de las exportaciones, pero en un contexto donde no se cuenta con la infraestructura ni con el apoyo de políticas económicas eficaces que ayuden a desarrollar eficientemente este tipo de actividades.
Sector exterior
La exportación petrolera continúa siendo la principal fuente de divisas de Venezuela, a pesar de haber mermado significativamente. Como se recordará, el país no tiene acceso a los mercados financieros internacionales, habiéndose situado, de hecho, en default en 2017 y, además, estar vedado desde ese año de operar a través del sistema financiero de EE.UU., en virtud de sanciones acordadas por ese país.
Las cifras oficiales suministradas a la OPEP indican un aumento de la producción petrolera durante el año, desde un promedio de 533 mil barriles diarios (b/d) en el primer trimestre, hasta 635 mil en el tercero. Ello podría resultar en una cifra para 2021 ligeramente superior a la del año pasado cuando, según la misma fuente, fue de 558.500 b/d. Ahora bien, tomando en cuenta la reactivación de la demanda por combustibles a consecuencia del relajamiento de medidas adoptadas para contener la pandemia del Covid19, este incremento sería leve. Ello puede atribuirse a las circunstancias difíciles con las que Venezuela comercializa su crudo, sujetas a las sanciones impuestas por EE.UU.
También es atribuible, empero, al poco éxito en lograr mayores incrementos de producción, no obstante la asistencia prestada por Irán y Rusia. En particular, sigue sin recuperarse la capacidad de refinación local, lo cual se refleja en la necesidad de importar gasolina y otros productos para atender al mercado doméstico, amén de crudos livianos para mejorar los petróleos pesados extraídos de la llamada “faja del Orinoco”.
Los precios internacionales promedios del crudo Merey –única referencia que se publica para los crudos venezolanos– que, en 2020, fueron USD 30 el barril, llegaron a USD 53,74 en el tercer trimestre de este año, subiendo desde los USD 46 del primer semestre. Cabe señalar el fuerte descuento –de casi 20 dólares– con que se cotiza internacionalmente este crudo con respecto al precio de la canasta representativa de la OPEP (Opec Reference Basket, ORB). Ello podría ser efecto de los costos adicionales por eludir las sanciones antes mencionadas (trasbordos en alta mar, intermediarios y mezclas con otros crudos), además de un diferencial por calidad, como crudo pesado. Refleja la incapacidad del país de aprovechar debidamente el alza de precios evidenciado recientemente que, según algunos analistas, pudieran superar los USD 100 próximamente, aunque por poco tiempo, dados los esfuerzos mundiales por reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles. Aun así, se proyecta que para finales del presente año a Venezuela hayan ingresado unos USD 8 mil millones por exportación de petróleo. Si bien significa un aumento importante con respecto a 2020, está muy lejos de los USD 70.000 millones que, en promedio, ingresaron cada año entre 2005 y 2014 por este concepto.
Durante el presente semestre se continuó regularizando el envío de remesas a familiares y a otros destinatarios por parte de la emigración venezolana –cerca de 6 millones–, gracias a la recuperación de la actividad económica en los países donde están residenciados. Esta cifra podría estar en torno a los USD 3.000 millones, según algunas estimaciones privadas.
Finalmente, Venezuela obtuvo otros ingresos externos por concepto de exportación de oro, diamantes, coltán y otros minerales del llamado Arco Minero del Orinoco, así como de unas incipientes exportaciones no tradicionales de crustáceos, moluscos, frutos tropicales, y algunas manufacturas.
Lamentablemente, el Estado no publica información detallada sobre el comercio exterior desde el primer semestre de 2018, lo cual ha dificultado actualizar las proyecciones de las importaciones reseñadas para el primer semestre. Cabe mencionar la importación de automóviles, bienes alimenticios y otros productos de consumo final, y de petróleo y sus productos. VenAmCham (Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria) registró un incremento de casi 200% en las importaciones petroleras desde EE.UU. para el primer semestre, además de cereales, máquinas y aparatos eléctricos y sus partes, televisores y equipos de grabación, arrojando una balanza comercial negativa con ese país.
El gobierno anunció la eliminación de las exoneraciones arancelarias en vigencia desde 2019 para unos 600 productos, como parte de una política de sustitución de importaciones para promover la producción doméstica. Ello marca un giro de 180° con respecto a su intención hasta la fecha de suplir la demanda local con base en productos importados, libres de arancel. Sin embargo, un detallado análisis de las medidas la muestra que aun el cambio no es tan importante, además que las condiciones económicas reseñadas en este informe son poco favorables a una respuesta positiva al respecto. Como es de esperar, tendrá un efecto alcista en los precios internos, incluidos aquellos de productos que se transan en dólares.
Cabe señalar que Venezuela no ha podido beneficiarse de la nueva asignación de DEGs a los países en desarrollo acordada por el FMI para contribuir a afrontar los estragos de la pandemia, ya que el gobierno de Maduro no es reconocido por el directorio de ese organismo, además de que incumple con el artículo IV de su convenio constitutivo. Las reservas internacionales, por tanto, continúan en su mínimo histórico, en torno a USD 6,200 millones.
Sector público y política fiscal
Desde hace varios años, y tal y como hemos comentado con anterioridad, ha sido muy difícil conocer la situación fiscal de Venezuela. Ello se debe a que desde el año 2018 no se ha presentado el presupuesto nacional ante la Asamblea Nacional. Según la página web de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), la última información sobre la Ley de Presupuesto es la correspondiente al año 2016.
En todo caso, es de prever que el déficit fiscal continuó en 2021, esto es, por 15avo año consecutivo. De hecho, algunas estimaciones privadas ubican el déficit fiscal venezolano en 11% del PIB en 2021. Ese elevado nivel de déficit fiscal se registra a pesar de la pequeña recuperación en la producción y nivel de exportaciones petroleras, luego del desplome de los últimos años, y de la recuperación de los precios del petróleo que se ha registrado en el segundo semestre del año, ya comentada anteriormente.
A pesar del aumento reciente en los precios y en la producción petrolera, se teme que la industria petrolera no esté enterando impuestos directos al Estado, o que estos sean mínimos, considerando que una proporción importante de la producción se dirige a China para cancelar la deuda que el gobierno mantiene con ese país.
Además, es necesario considerar los efectos negativos que en la recaudación fiscal habrían causado las exenciones arancelarias otorgadas a bienes finales pertenecientes a sectores calificados como prioritarios. Una política que, además, debe haber causado efectos adversos sobre la industria nacional, que se ve forzada a competir en un ambiente en el cual el bolívar se ha ido apreciando fuertemente en términos reales, y de tener que lidiar con la carencia ya crónica de la los servicios públicos básicos (electricidad, agua, gas, etc.), y de la infraestructura. A ello se unen los estragos que la hiperinflación ha causado en el gasto público, que ya va por su cuarto año consecutivo. En el Informe de Coyuntura preparado por el IIES-UCAB en junio de 2021 ya se indicaba que la tributación alcanzaría alrededor de 7,5% del PIB en 2021, y que financiaría como mínimo un 40% del gasto proyectado para el sector público. El ya crónico déficit fiscal ha sido financiado esencialmente con emisión monetaria, una monetización del déficit que ha sido cada vez menos eficiente, tomando en cuenta el derrumbe de la demanda real de bolívares causado por la hiperinflación.
Por el lado del gasto público, el IIESUCAB (junio, 2021) proyectaba que las transferencias monetarias a personas naturales de bajos ingresos (principalmente a través del Sistema Patria) absorberían más del 50% del gasto público consolidado. El gasto público real se ha desplomado en los últimos años, reflejando la caída en la producción petrolera y devorado por la hiperinflación. Es pertinente recordar que no existe la posibilidad de recurrir a los mercados de crédito externos, como consecuencia del incumplimiento de pagos en la que se encuentran tanto la República como PDVSA desde finales de 2017.
Prevemos que la emisión monetaria seguirá siendo la fuente de financiamiento más importante del gasto fiscal, algo que seguirá causando presiones inflacionarias. Aun así, la incidencia fiscal neta sobre la liquidez monetaria (gasto público interno menos recaudación interna) continúa declinando ante la desaceleración del ritmo de ascenso del gasto y la aceleración de la recaudación tributaria no petrolera. El gasto público interno en enero-septiembre superó en 1.880% al mismo período de 2020 (1.524% ene-sept 2020/ene-sept 2019), pero la recaudación tributaria aumentó 2.383% (1.651% ene-sept2020/ene-sept 2019). La recaudación fiscal no petrolera cubre el 57% del gasto en lo que va de este año (47% en igual lapso de 2020).
El financiamiento monetario al sector público, a través de créditos otorgados por el BCV a empresas públicas no financieras, fue el equivalente a 23% del gasto público de la Tesorería Nacional y de los bonos del sistema Patria en los primeros nueve meses de este año (93% en igual lapso de 2020), según estimaciones de Síntesis Financiera. El saldo de estos créditos al cierre de septiembre 2021 equivale al 7.665% de la base monetaria (6.558% en septiembre 2020). Vale señalar que el dinero base creado por el BCV por esta vía va no solamente a cubrir los gastos del Fisco y el sistema Patria.
Según información anecdótica, se destina también a entes públicos (principalmente el Bandes) quienes utilizan los fondos para comprar divisas al BCV. Se desconocen detalles en torno al monto y naturaleza de estas operaciones.
Mercado de trabajo
Las opiniones sobre los resultados económicos del 2021 se dividen entre quienes opinan que con respecto al de 2020 habrá una disminución pequeña del PIB o una estabilización y los que predicen un crecimiento entre el 1% y el 6%. En lo que sí parece haber mayor consenso es que en el 2022 habrá un incremento del PIB, todavía insuficiente para decir que se inició el despegue de la economía venezolana y que rápidamente se alcanzará el nivel del PIB de 2012-2013, con mejoras significativas del empleo, reducción de la pobreza y la desigualdad. Puede decirse que 2021 ha sido un año de menor encierro para prevenir los contagios del Covid-19, lo que debe haber facilitado una mayor actividad económica, o un efecto rebote, con algún impacto positivo sobre el empleo. También ha habido mayor movilidad de las personas, sin que la pandemia del COVID-19 haya sido abatida. Además, la escasez de gasolina, gas, diésel y la crisis de los servicios públicos (electricidad, agua potable, telecomunicaciones) siguen restringiendo la vuelta a la normalidad.
Para el momento de escribir este informe, especialistas de la salud alertaban sobre una tercera ola de contagios. El proceso de vacunación ha avanzado con muchas dificultades, desorden y lentitud, marcado por la escasez de vacunas. Para comienzos de octubre 2021 apenas 6,2 millones de personas, alrededor del 21,5% de la población venezolana, habría recibido dos dosis de vacunas, mientras que en Chile y Uruguay más del 75% ya había recibido las dos dosis. Aun cuando el proceso de vacunación está muy rezagado y existe una tercera ola de contagios, el gobierno ha decretado que desde el inicio de noviembre se abandonen las restricciones de movilidad para prevenir la pandemia, lo que pudiera tener un efecto positivo sobre la actividad económica y el empleo, pero puede agravar o prolongar la tercera ola de contagios de Covid-19.
Puede preverse que 2021 será un año mejor que 2020, y que el país por primera vez desde 2014 pudiera tener crecimiento cero o un ligero incremento del PIB impulsado por un efecto rebote y el aumento de la producción petrolera, agrícola, de la industria de alimentos, salud, tecnología y comercio. Algunos analistas hablan de un punto de inflexión. Esto significa que el desempleo puede haberse estabilizado, o incluso pudo haberse reducido ligeramente, tendencia que se manifestará en el último trimestre del año, cuando aumenta el gasto público y privado y se reanima la economía y el empleo.
Estas buenas noticias, después de la caída continua del PIB desde 2014, no significan que se inició una etapa de crecimiento económico sostenido, vigoroso o inclusivo. La situación del empleo sigue siendo muy precaria. Prevalece la informalidad y el trabajo temporal, pero pudiera estar mejorando el salario nominal dolarizado en el sector privado, aun cuando la apreciación del tipo de cambio real se traduce en aumento del costo de vida en dólares. Donde no hay esperanzas es en el sector público, que eroga salarios de miseria sin que existan posibilidades de mejoramiento ni en el corto ni en el mediano plazo.
No se puede todavía ser muy optimista y concluir que una probable recuperación leve de la economía en 2021 signifique que se haya incrementado significativamente el empleo. La merma del empleo entre 2014 y 2021 ha sido de más de 21,8 puntos porcentuales, con mayor impacto en el sector público, según la última encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) realizada por Universidad Católica Andrés Bello en 2021. La verdad es que según lo muestran los estudios de opinión pública, en la población sigue prevaleciendo el pesimismo sobre el futuro del país y continúa el proceso de emigración. La pobreza de ingresos según la ENCOVI 2021 afecta a más del 94% de los hogares y la desigualdad en la distribución del ingreso sigue aumentando. Más aún, se mantienen problemas en el entorno que impedirán una recuperación económica con fuerza. La crisis política sigue sin solventarse, las sanciones económicas contra las empresas públicas (incluye a PDVSA) continúan, la crisis de los servicios públicos básicos y la escasez de combustibles siguen siendo obstáculos para el crecimiento de la economía y la apreciación del tipo de cambio real le resta competitividad a la producción nacional. Mientras tanto, siguen sin llegar las grandes inversiones para revivir las industrias básicas, la petroquímica y nuestra deteriorada industria petrolera. Por ahora, la economía se mueve con músculo propio y el Estado todo poderoso del pasado luce débil en lo económico. El inicio de las privatizaciones de empresas que están en manos del Estado y que se esperaba en 2021, apenas se ha dado con el traspaso, bajo diferentes modalidades, de algunas de las empresas públicas de menor importancia al sector privado, y bajo esquemas que han sido poco transparentes.
En síntesis, en materia laboral, al finalizar 2021, sigue existiendo una alta tasa de desempleo, la ocupación informal prevalece, el sector público paga salarios ínfimos (salario mínimo inferior a 2 USD/mes), a lo que se suman algunas bonificaciones. El nivel de salarios es tan bajo que la gente tiene que realizar trabajos informales para aumentar los ingresos del hogar.
Mientras tanto, el sector privado paga salarios en dólares (un obrero de baja calificación podría estar ganando alrededor de 70-90 USD/mes). Esos salarios del sector privado todavía están lejos de los que se pagan en otros países de América Latina. Una reanimación económica como la que se prevé para 2022, aun cuando sea pequeña, demandará fuerza de trabajo que, en algunos casos, dado que continúa la emigración, puede enfrentarse a dificultades para conseguir suficientes recursos humanos altamente calificados. Demás está decir que la pandemia del Covid19 se mantiene con sus efectos negativos sobre la economía y el empleo, con la esperanza de que en 2022 se podrá lograr la inmunidad de la población.
Política monetaria, inflación y tipo de cambio
Al cierre del tercer trimestre de 2021, continúa la gradual desaceleración de la inflación, el tipo de cambio nominal y los agregados monetarios, reflejando la mezcla de políticas que busca reducir la tasa de inflación ralentizando la depreciación nominal del bolívar a través de la contención del crédito bancario, la venta regular de divisas en efectivo por parte del BCV, y el constante aumento en la sobrevaluación del bolívar respecto a la tasa de paridad.
Esta política frena la actividad económica, agrava las distorsiones de precios relativos y aumenta la inequidad en la distribución del ingreso. Su sostenibilidad está amenazada por la insuficiencia de las reservas internacionales, la fragilidad del sistema bancario, la dependencia del Fisco respecto al financiamiento monetario del banco central, y la carencia absoluta de información en torno a la gestión pública y las metas de las autoridades. En estas circunstancias, no hay anclas nominales que favorezcan la convergencia de las expectativas y se registran frecuentes episodios de volatilidad.
La tasa anual de inflación reportada por el Banco Central de Venezuela (BCV) a septiembre de 2021 bajó a 1.946% desde 2.960% en diciembre de 2020. La tasa mensual promedio del tercer trimestre de este año bajó a 14% desde 23% en el segundo trimestre, y 32% en el primero. El ritmo de depreciación nominal del bolívar medido a través de la variación interanual del tipo de cambio promedio oficial designado como tasa del Sistema de Mesas de Cambio (SMC) cayó en septiembre 2021 a 984% desde 2.299% en diciembre de 2020.La sobrevaluación del bolívar aumentó a 42,7% en septiembre de 2021 desde 36,3% en diciembre de 2020 (estimaciones de Síntesis Financiera). La liquidez monetaria (M2) mostró un aumento interanual de 1.077% al cierre de septiembre de 2021, menor al 1.340% de diciembre de 2020. El aumento interanual de la base monetaria fue 698% en septiembre de 2021, 1.232% en diciembre de 2020.
La venta de divisas en efectivo a través de la banca es el instrumento de acción directa primordial para mitigar la volatilidad cambiaria y regular la base monetaria. Los montos de intervención cambiaria van en ascenso (estimaciones de Síntesis Financiera), indicando que la tarea es cada vez más costosa para el BCV. Las ventas de divisas del tercer trimestre de 2021 totalizaron 322 millones de dólares, el triple de lo vendido en los primeros dos trimestres del año (107 millones de dólares y 118 millones de dólares), y el doble de lo vendido en el tercer trimestre de 2020 (153 millones de dólares). En enero septiembre de 2021 el BCV vendió 547 millones de dólares, casi el doble de igual lapso de 2020 (289 millones de dólares). Además, las ventas mensuales del tercer trimestre de 2021 marcan una nueva cota por encima de los 100 millones de dólares mensuales.
El breve episodio de inestabilidad cambiaria asociado a la entrada en vigencia de la reexpresión del bolívar el 1º de octubre de 2021 ilustra los retos a la estabilidad que surgen en las circunstancias actuales. El precio del dólar en el sistema oficial de mesas de cambio (SMC) subió 25% en julio, 3% en agosto y había disminuido 2,2% en las primeras tres semanas de septiembre. Comenzó a subir con fuerza el 24 de septiembre por el nerviosismo relacionado con el impacto que tendría el receso bancario decretado en la víspera de la reexpresión del bolívar (30 de septiembre y 1° de octubre) sobre las operaciones bancarias y los pagos, y una errada interpretación de la medida y sus consecuencias. Consumidores y comerciantes, preocupados por la incertidumbre en torno a la fecha en la cual se harían efectivos los pagos, rápidamente comenzaron a exigir pagos en efectivo en dólares para protegerse del riesgo de abonos diferidos y sin fecha cierta. Este nerviosismo se transmitió al mercado cambiario. Además, la abrupta expansión de la brecha entre la tasa SMC y la del mercado paralelo que se registró en esos días, estando suspendidas las operaciones de las mesas de cambio de los bancos, donde se forma la tasa SMC, al tanto que subían las cotizaciones en el mercado paralelo fueron interpretadas por muchos (erradamente) como una señal de que el BCV estaba aprovechando el cierre bancario para dejar depreciar el bolívar y culpar de ello a la reexpresión monetaria.
El precio del dólar en el mercado paralelo subió rápidamente y llegó a su clímax el 1° de octubre cuando perforó los 5 Bs/dólar. El BCV hizo una maniobra de contención de daños ese día con un inusual anuncio: avisó que estaría vendiendo al menos $50 millones el lunes 4 (el BCV no acostumbra avisar el monto de sus operaciones de intervención cambiaria), al tanto que el gobierno acentuó la fiscalización de los precios en los comercios y su expresión en moneda nacional. La ofensiva del BCV hizo retroceder al dólar de 5,11 Bs/dólar el viernes 1° de octubre a 4,01 Bs/dólar el martes 5 de octubre. En septiembre en su conjunto el precio del dólar en el mercado paralelo subió 20%.
La política de encaje continúa limitando la intermediación crediticia y generando significativos costos para la banca. El espacio que deja la carencia de crédito bancario comienza a ser llenado con emisiones de renta fija privada, incluyendo papeles denominados en bolívares y, de manera creciente, los indexados al dólar o denominados en dólares, y también por créditos en dólares otorgados por casas de bolsa locales y bancos offshore vinculados accionariamente a bancos nacionales.
La tasa de encaje se mantiene en 85% desde enero 2021. El encaje requerido equivale al 80% de los depósitos. Es incumplible. En el mejor de los casos, el encaje mantenido llega a la mitad del requerido. La tasa de penalización por incumplimiento del encaje tiene un piso de 138% y está indexada a los cambios en el tipo de cambio. En el tercer trimestre de 2021 destaca el mes de julio cuando la tasa promedio se ubicó en 438% dado el incremento en el precio del dólar. En agosto y septiembre se mantuvo en torno a 175%, algo mayor al mínimo de 138% cobrado por el BCV. Esto no representó alivio significativo para la banca toda vez que el monto del déficit continuó creciendo.
El coeficiente de intermediación crediticia (créditos/depósitos) se ubica en 18% al cierre de septiembre de 2021, un leve aumento desde el mínimo de 17% registrado en julio de este año. El saldo total del crédito bancario ronda los 300 millones de dólares, apenas 1% del PIB (y de un PIB alicaído que representa sólo un 20%-25% de lo que era en 2013). Sigue vigente la obligación de indexar los créditos bancarios a las variaciones del tipo de cambio impuesta en octubre de 2019 con el fin de frenar la actividad crediticia.
2- Perspectivas económicas
Las perspectivas económicas de la economía venezolana siguen siendo inciertas. Si bien el banco de inversión Credit Suisse, incrementa su pronóstico de reactivación para este año hasta 5,5%, otras fuentes estiman un crecimiento menor o una nueva caída (recuérdese que tanto el FMI como la CEPAL preveían una caída de 5% y 4%, respectivamente). La ausencia de transparencia en la gestión económica del sector público y la debilidad del sector privado impiden mayor claridad al respecto.
Teniendo en cuenta la devastación de la economía venezolana durante los últimos siete años –para 2020 su tamaño se calculaba apenas la cuarta parte de 2013— y que el año 2020 estuvo marcado por el virtual cierre productivo como consecuencia del COVID, este posible aumento, que en el mejor de los casos sería marginal no marcaría mayor diferencia con relación al bienestar general de la población. No obstante, resulta congruente con la activación de negocios dedicados a la comercialización de productos importados, así como con la mayor estabilidad para quienes venden sus servicios en dólares u obtienen divisas por otros medios. Cabría preguntarse, en todo caso, si tal reactivación es sostenible en el tiempo. En ello inciden, básicamente tres aspectos: 1) la severa restricción externa que padece el país; 2) las distorsiones macro y microeconómicas; y 3) la calidad de la gestión pública, incluyendo la prestación de servicios. Es menester enfatizar que los tres están muy influidos por el contexto político que ha resultado de 20 años de gobiernos “bolivarianos”.
Los ingresos externos que recibe Venezuela actualmente son insuficientes para una recuperación sostenida de su economía. En un plazo inmediato, pesan las sanciones internacionales, el aislamiento de los mercados financieros internacionales y la destrucción de la capacidad productiva de la industria petrolera, amén de las sanciones impuestas a ésta. Por otro lado, si bien ha habido una ralentización de la inflación, las cifras que publica el BCV permiten estimar un alza general de precios anualizada de casi 2.000% para septiembre de este año. La presión inflacionaria permanecerá mientras el Estado siga financiando una parte importante de su gasto con emisión monetaria. Aunado al hecho de que el marco normativo de políticas punitivas de intervención y control suspendidas no ha sido derogado, se dibuja un escenario poco atractivo para la inversión. A ello habrá que añadir la inseguridad jurídica y procesal, tanto para empresas como para individuos.
Finalmente, el Estado venezolano evidencia signos palpables de colapso en muchas áreas, en particular con relación a su capacidad de ofrecer seguridad personal a los residentes, como de garantizar la prestación de servicios básicos de luz, agua, transporte, suministro de gasolina, y gas. Junto a las terribles condiciones de inseguridad alimentaria, miseria y degradación de la educación y la salud públicas registrada por ENCOVI, el resultado es un tejido económico muy debilitado, incapaz de fundamentar un proceso de crecimiento sostenido sin una importante inyección de recursos externos y reformas profundas en la conducción de la política económica.
Por otro lado, es indudable que lo que se acuerde para hacer efectiva la reducción en el uso de combustibles fósiles en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a celebrarse en Glasgow a partir del 31 de octubre (COP26), indudablemente afectará la economía venezolana a futuro, tan dependiente, hasta ahora, de las exportaciones petroleras.
3- Situación política
La situación política del país sigue siendo la clave para proyectar las dinámicas socio-económicas mediatas y futuras. Un cambio político, permitiría desechar el modelo del Socialismo del Siglo XXI, significando la generación de incentivos virtuosos para la inversión, el empleo y rescatar la mermada calidad de vida de la ciudadanía. De no darse, el país pareciera estar atrapado en un subóptimo. Este impasse político, impide las transformaciones necesarias para superar la grave crisis por la que atraviesa el país. Por ello las negociaciones iniciadas en septiembre en la ciudad de México bajo los auspicios de Noruega entre representantes del gobierno de Maduro y de fuerzas opositoras, despertaron inicialmente expectativas favorables.
No obstante, existen aprensiones con relación a la disposición del sector oficialista de avanzar en este proceso, dadas las experiencias anteriores, en las que se ha parado de la mesa. Por los momentos, su interés parece centrarse en lograr el reconocimiento requerido para que le sean levantadas algunas sanciones internacionales, tanto económicas como personales.
Pero la extradición reciente de colaboradores suyos a EE.UU. para enfrentar cargos en su contra presentados por la fiscalía de ese país, ofreció la excusa para que la delegación oficial suspenda su participación en esta negociación.
No deja de ser notorio y revelador que ese sea el argumento. Múltiples mediciones globales sobre calidad institucionalidad, derechos civiles y políticos; y calidad de vida ubican a Venezuela en sus últimos puestos, y lo han llegado a catalogar como un Estado frágil, un Estado fallido internamente y forajido internacionalmente; cosa reforzada por el novedoso Índice Global de Criminalidad, que ubica al país en el puesto 188/193 países, mostrando alta criminalidad.
Asimismo, desde el 2018 existe en fase de estudio o examen preliminar, un proceso penal en la Corte Penal Internacional, por presuntas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el contexto de las manifestaciones durante la crisis en 2017. De ahí la visita del fiscal de la CPI, Karim Kahn, los primeros días de noviembre, para determinar la procedencia para abrir la investigación según el Estatuto de Roma.
Finalmente, están las expectativas en torno a los comicios regionales a celebrarse el 21 de noviembre del presente año. Si bien la mayoría de las fuerzas opositoras han decidido participar en este proceso –contrario a la decisión de no participar ante los comicios convocados por Maduro para elegir la Asamblea Nacional en 2020 y Presidente de la República en 2018-, no han sido despejadas las dudas sobre su idoneidad y confiabilidad.
Por su parte, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, el pasado 9.11.2021, y considerando el conjunto de falencias que presenta el proceso, publicó un acuerdo que remite a la ONU y a la OEA, en el que advierte de una Estafa Electoral con apariencia de legalidad y de democracia, conculcándose el derecho humano del sufragio verdadero, definido como elecciones auténticas o libres con garantías bajo la condiciones que establecen los tratados internacionales.
Recientemente la Unión Europea acordó enviar una misión que habrá deobservar estas elecciones y cuyas evaluaciones incidirán en que sean o no reconocidas como válidas por muchos países. Vale destacar quedicha misión también ha tenido sus detractores, tal es el caso del Partido Popular de España, quien se ha opuesto a la misma considerando el informe elaborado por el Alto Representante por la misión técnica exploratoria enviada a Caracas.
El interés del gobierno de Maduro de adquirir legitimidad internacional choca con las medidas instrumentadas en las pasadas elecciones para torcer a su favor la voluntad popular. En este escenario es lamentable la falta de un liderazgo político capaz de aunar esfuerzos para destrabar la situación política en pos de un rescate republicano.
Las opiniones vertidas en este informe son responsabilidad del equipo técnico que elabora el informe y pueden no reflejar el criterio individual de las instituciones que integran el CESLA.
https://www.costadelsolfm.org/
Finalmente, Venezuela obtuvo otros ingresos externos por concepto de exportación de oro, diamantes, coltán y otros minerales del llamado Arco Minero del Orinoco, así como de unas incipientes exportaciones no tradicionales de crustáceos, moluscos, frutos tropicales, y algunas manufacturas.
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