El nuevo presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández Gallardo, en sus primeras palabras al frente del cargo criticó que dirigentes políticos de la oposición hayan rechazado aprobar el proyecto de préstamo promovido por el Grupo de Boston para ser gestionado ante la Corporación Andina de Fomento con el fin de atender la emergencia del sector eléctrico en varias regiones de Venezuela principalmente en el estado Táchira.
“Se consiguió una solución para el problema eléctrico en el occidente del país de casi 400 millones de dólares para la reactivación eléctrica del Zulia y algo del Táchira con fondo provenientes de la CAF y su administración por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pero eso no fue posible porque nos dijeron que si recuperábamos el sector eléctrico le dábamos oxígeno a una opción política. ¡Que barbarismo! Oxígeno le íbamos a dar a 7 millones y 8 millones de venezolanos que viven en occidente”, señaló Fernández Gallardo. “Yo estaba en esa reunión y traté de hacer mi mayor esfuerzo de convencer de esa locura, insensatez o mal cálculo político. Yo les decía que quien se parara en la plaza Baralt de Maracaibo y diga que está trayendo la plata y que la luz está volviendo por él la gente lo va a querer y que el otro se encargue de cómo eso no llega, lo que tendría un costo político, pero eso no estaba en el cálculo porque nos hemos alejado de lo más importante que tiene la actividad política como es la gente y que debe traer soluciones a los venezolanos. Ese pueblo noble que sufre no espera, no tiene capacidad de esperar”, añadió.
El comentario de Fernández Gallardo formó parte de su mensaje al asumir la presidencia de Fedecámaras y se ganó aplausos y hasta un grito de “Bravo” de su antecesor Ricardo Cusanno.
La financiamiento en cuestión se discutió a finales de 2019 por parte de la Asamblea Nacional electa en el año 2015 y desde un inicio encontró obstáculo para su aprobación por parte del propio presidente del parlamento Juan Guaidó y principalmente de la bancada del partido Voluntad Popular.
El Zulia no pudo imponerse
Esta solicitud de préstamo a la CAF fue impulsada por el Grupo de Boston, con apoyo de sectores de la oposición y el oficialismo, que introdujo ante la Asamblea Nacional una propuesta de ley de endeudamiento público especial por 350 millones de dólares de dólares para atender el proyecto Mecanismo de Apoyo Humanitario ante la Emergencia del Sector Eléctrico, que de aprobarse serán desembolsados por la Corporación Andina de Fomento.
“Se determinó priorizar al estado Zulia, sur occidente, Nueva Esparta y Caracas, resultando una propuesta de incorporación de 1.000 megavatios”, señala el documento enviado por Pedro Díaz Blum, coordinador del Grupo de Boston en la carta enviada Juan Guaidó. “El proyecto incluye además la dotación de plantas de emergencia para hospitales tipo I y aquellos hospitales de alta demanda, así como la rehabilitación de circuitos y servicios auxiliares de las subestaciones que alimentan a los hospitales seleccionados”, señalaba la solicitud.
En el desglose de los montos se especifica que 66% del financiamiento (231,5 millones de dólares) se concentran en el estado Zulia para incorporar 390 megavatios de generación, le sigue la región andina a la cual se dirigen 64,7 millones de dólares para sumar 480 megavatios en esas entidades, 14 millones de dólares para el estado Nueva Esparta donde se esperan agregar 126 megavatios, 12,3 millones de dólares para las unidades de generación de la ciudad de Caracas donde se esperan añadir 201 megavatios. En total se espera añadir 1.071 megavatios.
En lo que respecta a los centros hospitalarios, la solicitud contempla que 26 millones de dólares del préstamo de la CAF y se prevé 1,5 millones de dólares en asistencia técnica.
En la carta de Blum a Guaidó se explica que la administración de los recursos de este crédito estarían a cargo del PNUD, lo que implica que la unidad ejecutora no será la empresa pública Corpoelec, pero este fue uno de los argumentos que más objetaron los asesores de Gobierno interino que se nombró a partir de principios de 2019 porque se alegó que al final todo estaba bajo el control de la empresa estatal tomando en cuenta el carácter monopólico público que se estableció en Venezuela para el sector eléctrico.
Al PNUD correspondería -conforme a su normativa y procedimientos internos- establecer los parámetros para la contratación de ingeniería, adquisición de bienes y servicios, construcciones, consultorías y demás actividades requeridas o convenientes para la implementación de este mecanismo de apoyo humanitario ante la emergencia del sector eléctrico”, acota.
Este solicitud de financiamiento a la CAF, al menos en su intencionalidad contó con el aval de la administración de Nicolás Maduro, pero al final esta préstamo no fue presentado y persisten las fallas eléctricas.
“Se determinó priorizar al estado Zulia, sur occidente, Nueva Esparta y Caracas, resultando una propuesta de incorporación de 1.000 megavatios”, señala el documento enviado por Pedro Díaz Blum, coordinador del Grupo de Boston en la carta enviada Juan Guaidó.
ResponderBorrar