El padre Infante denunció que el PSUV quiere controlar a la población con su estructura y dijo que los trabajos sociales no deben politizarse
El padre Alfredo Infante, párroco de la parroquia La Vega de Caracas y coordinador de DDHH del Centro Gumilla, considera que la vinculación que hace el Estado venezolano entre los enfrentamientos de las bandas criminales en el suroeste de la capital con políticos opositores, está relacionado con la motivación de desmovilizar a la población electoralmente y no ir a los comicios del 21 de noviembre.
Infante afirmó que si bien hay personas ligadas a partidos políticos que tienen una «significativa» presencia en las zonas populares como La Vega, El Valle, El Cementerio y la Cota 905, la misma puede ser percibida como algo «tímida» en comparación a lo que hace el PSUV, que «está como queriendo controlar a través de su estructura todo el tema social».
En ese sentido, el sacerdote calificó de «lamentable» que ocurra esa situación porque «los trabajos comunitarios y sociales no pueden ser partidizados», por lo que es importante que la población se aglutine para buscar su propio bienestar y exigir el respeto a los DDHH, los derechos civiles y políticos.
Por ello, expresó que a pesar que existen ciertas condiciones electorales para ir a un proceso como el de noviembre, donde se juegan las alcaldías y las gobernaciones, es importante recuperar los espacios perdidos y eso solo se logra en recuperar el voto como una herramienta para ello «y más si creemos en el poder local y regional».
«Estoy de acuerdo en ir a elecciones. Se han restablecidos ciertas condiciones, pero tampoco esperemos que estén todas. Hay que aprovechar los resquicios para ir generando espacios mas democráticos y restablecer poco a poco el orden constitucional», manifestó en entrevista transmitida por Televen este domingo 25 de julio.
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Descontento muy grande en zonas populares
El padre Infante afirmó que existe «un descontento muy grande» de la población en las zonas populares e hizo referencia a que si el 80% de la población de un país tiene tal sentimiento, el mismo también es reflejo de lo que ocurre en estos lugares.
Señaló que los niveles de protesta en las localidades son muy grandes, pero que las mismas no están conectadas unas con otras y que son al final un «descontento fragmentado». Ante esta situación, sugirió que se debe buscar concentrar todos esos esfuerzos en uno solo con el fin de «hacer peso» y propiciar la generación de políticas públicas favorables para la ciudadanía.
Destacó que la persecución política ha afectado a los líderes sociales de las bases de las organizaciones, calificando de «desafío grande» el que existan personas que trabajen por las comunidades y se asocien con partidos políticos debido al acoso del que puedan ser objeto.
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Hay desplazamiento dentro de la misma Caracas
Alfredo Infante, quien tiene experiencia de 25 años como sacerdote en zonas de conflicto, denunció que al igual que ocurren situaciones de desplazados como Angola y Colombia, en los sectores del suroeste de Caracas como La Vega, la Cota 905 y El Cementerio, las personas han tenido que abandonar todo y buscar dentro de la misma ciudad un lugar mejor para vivir por culpa de la violencia en el sitio.
En ese contexto, dijo, «se ha ido discriminando y criminalizando a la gente del suroeste» porque «hay como un cliché, una etiqueta (…) que pareciera que solo por vivir en esas zonas son delincuentes».
Advirtió entonces que una de las consecuencias de esa calificación es que cuando los funcionarios entran a los barrios, «pareciera que lo hacen a territorio enemigo» y agregó que existe un juicio a priori de que si son jóvenes y morenos, son sospechosos de ser delincuentes.
«La delincuencia sí existe en nuestros barrios, pero es el ejercicio de una minoría con poder de armas. La mayoría no están en esa dinámica», sentenció.
Destacó que en La Vega no están solos. Además de la comunidad, «que apuesta por mantener viva la esperanza», diversas ONG de DDHH se han mostrado atentos a la situación que se vive en esas zonas y se ha podido establecer una «red de solidaridad» con el objetivo de restablecer las condiciones de una vida digna.
Dijo que de forma indirecta se ha sentido amedrentado por las fuerzas de seguridad, ya que considera los problemas de los demás como suyo. Aprovechó para decir que el miércoles 15 de julio, el mismo día que fue arrestado el líder social Jairo Pérez, recibió la llamada de algunos vecinos para decirle que estaban funcionarios policiales frente a su casa, pero que no entraron a la residencia.
Manifestó que buscarán pronunciarse «cada domingo de vez en cuando» los párrocos del suroeste de Caracas junto a las hermanas vicarias para rechazar la violencia en esas zonas.
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No somos escudos humanos
El padre Alfredo Infante hizo una reflexión sobre los primeros seis meses de 2021 al decir que la población del suroeste de Caracas «terminó siendo un escudo humano» debido a que permanecieron en medio de los enfrentamientos que se han suscitado desde enero a julio, enfatizando que la población civil no tiene participación alguna en la pugna.
Reconoció que la Iglesia «se hace una política orientada al bien común», donde también se ofrecen criterios de discernimiento a la población para que puedan sacar sus propias conclusiones y tomar decisiones al respecto.
Por ello, expresó que a pesar que existen ciertas condiciones electorales para ir a un proceso como el de noviembre, donde se juegan las alcaldías y las gobernaciones, es importante recuperar los espacios perdidos y eso solo se logra en recuperar el voto como una herramienta para ello «y más si creemos en el poder local y regional»
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