El tráfico de personas es una grave violación de los derechos humanos, un delito que cada año somete a miles de hombres, mujeres y niños que caen en las manos de traficantes, tanto en sus países como en el extranjero.
“Hoy desafortunadamente vemos decenas de rostros de venezolanos en esta larga lista de víctimas, por culpa de la dictadura de Nicolás Maduro que los empuja a un éxodo forzado, carentes de las condiciones básicas para transitar por un proceso migratorio legal y ordenado”, así lo sentenció la embajadora de Venezuela en Costa Rica, María Faria, a propósito del Día Mundial contra la Trata.
La representante diplomática del gobierno legítimo de Venezuela reiteró que “mientras persista en Venezuela un régimen autoritario y no se restablezca la democracia, seguirá la crisis migratoria y con ella todos los peligros a los que se enfrentan los migrantes”.
Faria señala con especial atención el caso de las mujeres y niñas migrantes que, por no contar con la documentación vigente o documentos de identificación, viven sin ningún tipo de permiso de permanencia regular en los países de acogida, “y por lo tanto no poseen acceso formal a los derechos y servicios básicos. Esto las hace particularmente vulnerables a la explotación laboral y sexual, el tráfico de personas, la violencia, la discriminación y la xenofobia”.
Profunda crisis humanitaria en aumento
La Embajadora destacó además importantes datos aportados esta semana por el Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos en la Región, en el que se advierte a la comunidad internacional las repercusiones que una eventual apertura de fronteras y profundización de la crisis tendría respecto al éxodo venezolano pudiera alcanzar a siete millones de personas en el primer trimestre de 2022, el más grande del mundo, por encima de Siria.
Según este informe, la población de migrantes y refugiados venezolanos es superior al total de población de países como Costa Rica, Panamá, Noruega o Irlanda.
“Retomar la institucionalidad y la democracia en Venezuela no es una acción política, es una necesidad humanitaria que anhelan desesperadamente cientos de miles de familias”, insistió María Faria.
Según este informe, la población de migrantes y refugiados venezolanos es superior al total de población de países como Costa Rica, Panamá, Noruega o Irlanda.
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