La dictadura de Nicolás Maduro lo volvió a hacer. Discriminar por la preferencia política es una especialidad que el régimen ha aplicado en todos los aspectos de la vida diaria del venezolano. Desde cargos públicos hasta los alimentos, todo depende si eres chavista o no. Esa segregación, como era de esperarse, también llegó a la vacunación contra el COVID-19.
Solo en Caracas, la capital del país, las colas son enormes y la prioridad de las vacunas es para aquellos que cuentan con el carnet de la patria. El método —además de ser una forma de control— se ha convertido en casi una exigencia. Bonos, operativos de salud, cajas CLAP, todo se canaliza por allí. Es una técnica usada durante años en toda la región por otras dictaduras. Una táctica que evolucionó de una tarjeta de racionamiento a un sistema digital con toda la información socioeconómica de cada ciudadano.
«Vamos a darle prioridad al personal que les llegó el mensaje por medio del carnet de la patria», se oyó de boca de una funcionaria chavista en las afueras de un centro de vacunación. A su alrededor habían personas mayores ansiosas por tener la dosis.
Esta discriminación fue denunciada ante la ONU por 40 organizaciones médicas y académicas venezolanas. La carta enviada a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la organización, Michelle Bachelet, detalla que Maduro y su cúpula están incurriendo en la violación de derechos humanos, como el derecho a la vida, la salud, la no discriminación y la equidad en el acceso a los servicios.
Vacunas no dan abasto
La carta cita como ejemplo un puesto de vacunación, ubicado en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, en el estado Carabobo. Los médicos y personas de la tercera edad no fueron vacunados por no estar registrados en el Sistema Patria.
“Luego de una espera de varias horas, el personal a cargo de esta jornada colocó un aviso en la parte exterior de las instalaciones, en las que se exigía como requisito para ser vacunado, la referida inscripción. A los efectos de hacer cumplir con esta providencia fue destacado en el lugar personal policial”.
Las organizaciones recordaron que en 2017 pasó una situación similar en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Para ese entonces el vicepresidente de la República en ejercicio, Tareck El Aissami, dijo que las vacunas se administrarían a aquellos con el famoso carnet de la patria.
Venezuela sin duda está en una posición vulnerable, porque además de esta exclusión, también existe el hecho de las pocas dosis que ha recibido. Según el documento, el número total no supera los 2.240.000.
Según el propio Maduro, a finales de abril el país había recibido en total 930.000 dosis, luego a mediados de mayo anunció que recibieron otras 1.300.000 vacunas desde China (se desconoce la marca); la población total del país de casi 30 millones de personas. Según la Academia Nacional de Medicina de Venezuela menos del 1 % de la población está vacunada.
El calvario por las dosis
Los venezolanos están atravesando un calvario, las filas comienzan a formarse a tempranas horas y muchos ni siquiera reciben la ansiada vacuna. Sin ningún tipo de medida sanitaria, se ven decenas de personas mayores. Los videos y fotografías hablan por sí solos.
Cuentan que han ido varios días seguidos al hotel Alba, uno de los lugares dispuestos en Caracas por el régimen, pero no obtienen respuesta. Los «organizadores» solo les piden volver el próximo día. «Se están burlando de uno», exclamó uno de los presentes. Lo más grave es que muchos de ellos recibieron el mensaje por tener el carnet, pero eso no les garantizó ser atendidos.
Maduro sigue debiendo al COVAX
El documento enviado a Bachelet coincide con la denuncia hecha por el embajador de Estados Unidos en Venezuela. Para James Story debe existir un sistema transparente, donde no sea obligatorio estar asociado a la condición de tener un carnet, de ser amigo de un «enchufado» o trabajar con el régimen. «No debería depender de su posición política, sino de la necesidad que tiene cada persona».
En el medio del desorden también está la expectativa por conseguir más vacunas y allí es donde Maduro se enfrenta al incómodo tema de la deuda con el COVAX, el mecanismo internacional para la distribución de las vacunas.
Luego de una disputa por el pago de la deuda, protagonizada por la dictadura y por el opositor Juan Guaidó, finalmente Venezuela anunció que habría comenzado con la cancelación, pero otra vez aparecieron inconvenientes. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró recientemente que «todavía» no puede confirmar que Venezuela haya pagado los 10 millones de dólares que adeudaba al COVAX. Según Maduro el organismo «prometió» más de 5 millones de dosis de vacuna para julio.
Si vamos a las expectativas reales, a ese ritmo Venezuela podría tardar 10 años en vacunar a toda su población, advirtió la Academia Nacional de Medicina ante la falta de un plan organizado para hacerlo. El personal médico es otro grupo vulnerable llegando incluso a denunciar ante la Fiscalía la venta ilegal de vacunas.
La guinda del pastel para completar es que Maduro acordó con Rusia la recepción de 10 millones de dosis de una vacuna llamada EpiVacCorona. Venezuela se convertirá en el primer país extranjero en usarla, cual conejillo de indias.
«Vamos a darle prioridad al personal que les llegó el mensaje por medio del carnet de la patria», se oyó de boca de una funcionaria chavista en las afueras de un centro de vacunación. A su alrededor habían personas mayores ansiosas por tener la dosis.
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