EL PCD Y LAS GARANTÍAS ELECTORALES Por Douglas Zabala

El dirigente nacional de Voluntad Popular, Juan Guaido, acompañado de activistas de otros partidos opositores, recientemente ha propuesto un acuerdo para salvar a Venezuela; y para ello, ha iniciado conversaciones con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, bajo la supervisión de la comunidad internacional, en aras de buscar una solución electoral a la crisis política del país.

En paralelo a este pronunciamiento de Guaido, el Partido Centro Democrático (PCD) liderado por Carlos Alaimo y Gustavo Azocar Alcalá, bajo la asesoría del experto electoral, Sergio Urdaneta, han presentado ante los Rectores del CNE el “Proyecto de Reglamento Especial Sobre Las Garantías Electorales”.  

Estos dos hechos políticos forman parte del nuevo rumbo tomado por un sector de la oposición que, hasta el 6 de diciembre del 2020 había mantenido la decisión política de no participar en procesos electorales, hasta tanto no cesara la usurpación de Nicolás Maduro, y se produjera un gobierno de transición, que garantizara unas elecciones libres.

La iniciativa del PCD debe formar parte de la agenda negociadora; ya que la misma propone: “desarrollar las garantías máximas y mínimas electorales como un derecho inherente, inmanente e inseparable del ejercicio de la soberanía popular y del derecho al sufragio y a la participación política que tienen los venezolanos, garantizados en los artículos 5, 63 y 70 de la Constitución”.

Votar siempre ha sido un objetivo en las luchas políticas de los venezolanos, y ese afán se ve expresado en el proyectado reglamento, cuando trata de las garantías constitucionales, referidas a la igualdad, la confiabilidad, la imparcialidad, la transparencia y la eficiencia en todos los procesos electorales y en los referéndums, con el fin de evitar que se viole el derecho al sufragio y a la participación política.

Esta propuesta del PCD debe ser asumida por el liderazgo opositor. La sola iniciativa reglamentaria, ante el ente electoral no basta. Necesario será generar un gran movimiento de opinión nacional, que presione en la mesa de negociación, a fin de dejar bien claro, la necesidad de pautar las garantías electorales, exigidas como condición previa a un entendimiento entre las partes.

El ejercicio de la soberanía popular en los procesos electorales no se limita al acto de votar, sino que es extensivo al acto de controlar en forma directa los procesos electorales en todas sus fases. Asi lo preceptúa el mencionado Reglamento y, en esto habrá que insistir, para garantizar que definitivamente se le pondrá un freno a todas las distorsiones y fraudes cometidos por el gobierno en torno al acto de votar.

Uno de los elementos políticos y jurídicos de resaltar en esta propuesta del PCD, es la referida a la posibilidad de que, en nuestra legislación electoral, se incorpore el Voto en Blanco. Al respecto; en el Proyecto de Reglamento se establece: “el pueblo de Venezuela como titular de la soberanía popular y en ejercicio de la participación política protagónica, ejerciendo la función de control en los asuntos públicos, tiene derecho a optar a votar en blanco”.

Por último, en las Garantías Electorales presentadas por el PCD se deja bien claro la necesidad de garantizar, lo que establece el artículo 70 de la Constitución, en cuanto a que los venezolanos y venezolanas, podrán ejercer el derecho a votar en el extranjero sin más limitaciones que la de tener su cédula de identidad.

Venezuela vive una de las peores crisis migratorias del continente y solo ha sido responsabilidad de Nicolás Maduro. El rechazo al gobierno por parte de las mayorías de esos venezolanos que hoy vagan por el mundo, es el mismo de quienes soportan la crisis dentro de nuestro territorio.

Las Garantías Electorales propuestas por el PCD son un gran aporte a la institución del sufragio y al derecho de los venezolanos, a labrarse su propio destino, de forma pacífica, democrática y electoral. Bien merece la pena que Guaido y todas las organizaciones políticas opositoras, respalden esta iniciativa que coloca el centro de atención en la defensa de los derechos del ciudadano.