1) Disponibilidad nacional de alimentos para consumo humano.
2) El acceso físico y económico a los alimentos.
3) Aprovechamiento biológico de los alimentos.
4) Políticas públicas en alimentación y nutrición.
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En el caso venezolano, con relación a estos indicadores, demuestra una situación crítica de la seguridad alimentaria en Venezuela según un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), entre noviembre de 2019 y marzo de 2020 -considerando la tendencia decreciente del salario real del venezolano; la alta escasez de alimentos que se ha producido desde el año 2012- afirma que se ha alcanzado cifras que dan cuenta de que más del 79% de los venezolanos no pueden satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación y 96% de los venezolanos viven dentro de la línea de pobreza. Apenas 3% escapa de la inseguridad alimentaria. Cáritas Venezuela, en su monitoreo de abril-julio de 2020, alertó que la desnutrición aguda global (GAM) en el país aumentó 73% en niños menores de cinco años en los primeros seis meses de pandemia. La GAM es un sistema de medición del estatus nutricional de una población que se utiliza con frecuencia en situaciones de refugiados por largos periodos. Mientras que 59% de los niños evaluados por el estudio de Cáritas tenían algún grado de retraso en su crecimiento o estaban en riesgo de tenerlo y que 29% tenía un retraso del crecimiento moderado y severo por la falta de alimentos. Según cifras del mismo informe, 57% ha incurrido en alguna forma de privación alimentaria. El 27% de los hogares ha tenido que recurrir a la mendicidad. El 42% a rebuscarse alimentos en la calle para poder comer. Y el 35% ha consumido alimentos que preferiría no haber comido. La FAO destacó que 9,3 millones de venezolanos pasan hambre, según datos del 2019.
En cuanto a políticas públicas en alimentación y nutrición, en Venezuela dichas políticas se han caracterizado por un alto gasto social, improvisación, fallas en la calidad de la gestión y problemas para la sostenibilidad de los resultados. Estas políticas también se han caracterizado por ser predominantemente asistencialistas, limitadas, susceptibles a corrupción, descontextualizadas, con un fuerte componente de importación de alimentos e incapaces de garantizar el derecho a la alimentación de los ciudadanos. La formulación y gestión de estos programas compensatorios en Venezuela se ha hecho desde el Estado, sin contar con el debido seguimiento y evaluación, con la participación de todos los actores involucrados (por ejemplo, el empresariado privado), en especial del beneficiario, quien puede aportar información valiosa para optimizar estos programas sociales. Dicho esto, las políticas deberían haber sido construidas por todos los actores involucrados, desde las necesidades del beneficiario, con la capacidad técnica del Estado y la asesoría de expertos.
Alguno de los resultados de dichas políticas erráticas es: Caída del consumo de carne de 25 kg a 8 kg por cápita; de producir 10 millones de litros de leche diarios a sólo 3.200.000 de litros; y de consumir 120 mil toneladas mensuales de harina de trigo a consumir sólo a 35.000 toneladas. El cultivo de cítricos en Venezuela también se redujo entre el 2020 y el 2021. De las 35 mil hectáreas sembradas por la Asociación de Fruticultores de Yaracuy solo quedan 5%. El presidente de la asociación, Rafael Cabrera, explicó que la reducción masiva del cultivo de cítricos en Venezuela se debió a una bacteria, producto de la falta de insumos para combatir dichas plagas.
Cabe mencionar la existencia del Programa Mundial de Alimentos (PMA), un programa de la ONU que distribuye alimentos para apoyar proyectos de desarrollo, refugiados de larga duración y personas desplazadas. De igual forma suministra comida de emergencia en caso de desastres naturales o aquellos provocados por el hombre. Su sede está en la ciudad de Roma, Italia. El Programa también proporciona el apoyo logístico necesario para llevar alimentos a las personas que más lo necesitan, en el momento preciso y en el lugar adecuado. El PMA aboga para que el tema del hambre sea una prioridad en la agenda internacional, y promueve además políticas, estrategias y operaciones que benefician directamente a los pobres y a los que pasan hambre.
El pasado 18 de junio de 2021 las Naciones Unidas y socios humanitarios lanzaron el Plan de Respuesta Humanitaria 2021 de Venezuela. En el documento Plan de respuesta humanitaria. Actualización 2021 se ratifican los objetivos del 2020:
- Asegurar la supervivencia y el bienestar de las personas más vulnerables;
- Contribuir a la sostenibilidad de los servicios esenciales y reforzar la resiliencia y los medios de vida; y
- Fortalecer los mecanismos institucionales y comunitarios para prevenir, mitigar y responder a los riesgos de protección.
Lo cierto es que este plan atiende a las consecuencias de la aplicación a sangre y fuego de las políticas erradas para la implantación de eso que llamaron Socialismo del Siglo XXI. Al país le urgen cambios estructurales, que le permitan salir de esa lista en la que figuran países al borde de la hambruna. A la que llegamos por decisión de quienes detentan el poder.
Cedice
En cuanto a políticas públicas en alimentación y nutrición, en Venezuela dichas políticas se han caracterizado por un alto gasto social, improvisación, fallas en la calidad de la gestión y problemas para la sostenibilidad de los resultados.
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