En el foro “Defender derechos en Venezuela: Amenazas y peligros” participaron representantes de ONG Defiende Venezuela y la Universidad Metropolitana
“La región de las Américas es donde más se encuentran en riesgo los defensores de derechos humanos de todos los ámbitos, debido a amenazas y persecución”.
Tal aseveración fue hecha por Joel Hernández, Comisionado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Relator para los Defensores y Defensoras de Derecho Humanos y operadores de justicia en el marco del foro “Defender derechos en Venezuela: Amenazas y peligros”.
Asimismo, reflejó que se debe reconocer que actualmente existe un derecho internacional y que toda persona defensora de derechos humanos debe poder disfrutar de sus derechos a la vida, integridad personal, libertad de expresión y libertad de reunión y asociación, los cuales se encuentran en peligro de ser violados ante una situación de vulnerabilidad como la observada en la región.
En el foro igualmente intervino Génesis Dávila, Fundadora y Presidenta de Defiende Venezuela. “Defiende Venezuela es una organización pionera en defender derechos humanos, ya que son los defensores de los derechos civiles y políticos quienes tienen un mayor riesgo en la región, al ser víctimas de amenazas y represión por su trabajo”, dijo Dávila.
Por su parte, Mario D’Andrea, abogado UCAB y miembro del equipo jurídico de Defiende Venezuela, describió cómo se ha reducido y menoscabado el entorno y espacio cívico en Venezuela, sobre todo para las personas defensoras de derechos humanos. En primer lugar, hizo énfasis en que las protestas y manifestaciones en Venezuela pueden ser reprimidas o impedidas por el no otorgamiento del permiso de hacer uso del espacio geográfico, asimismo, indicó que hay un marco jurídico contrario a las reuniones pacíficas.
En segundo lugar, destacó que se ven afectados los defensores de derechos humanos en las restricciones al derecho a la participación en los asuntos públicos y el derecho de asociación pacífica, recordando que en el 2016 se presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley, retomado en el 2021, donde se establece que los fondos que recibían las ONG venezolanas del extranjero serían distribuidos por el Estado. “Imagínense las implicaciones que sea el Estado quien decida en que medidas trabajan, el mandato de la organización o hasta donde puede cubrir esta ONG. Se perdería la independencia y autonomía”, señaló D’Andrea.
Por su parte, Andrea Santacruz, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, hizo énfasis en la criminalización de las ONG en Venezuela, exponiendo que éstas son consideradas como “enemigos internos”, lo cual ha avanzado el proceso de criminalización y persecución de las organizaciones. “Cuando un defensor hace ejercicio de sus derechos como el de asociación o libertad de expresión, el Estado venezolano nos acusa de legitimación de capitales, instigación al odio, terrorismo, desestabilización”, destacó Santacruz. Asimismo, señaló que para el 2021 se han detectado 28 ataques a organizaciones defensoras de derechos humanos.
Genesis Dávila, describió la doctrina de seguridad nacional en la promoción y protección de derechos humanos en Venezuela. Expuso que existe una política de criminalización sistemática del régimen de Maduro contra los defensores de derechos humanos que se inscribe en la misma línea de control y represión que se ha dado durante la pandemia, lo cual es contrario a las obligaciones internacionales del Estado. Entre sus casos de ejemplo, recordó cuando los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana asistieron a las adyacencias del hospital J.M. de los Ríos y fotografiaron a colegas y a niños pacientes de cáncer del hospital sin mediar ninguna palabra, como un acto de hostigamiento.
Dávila expone que: “Ejercer como defensor de derechos humanos en Venezuela es un trabajo de alto riesgo, todo defensor se expone a cualquier tipo de amedrentamiento, persecución y criminalización por su labor en Venezuela”.
Dávila expone que: “Ejercer como defensor de derechos humanos en Venezuela es un trabajo de alto riesgo, todo defensor se expone a cualquier tipo de amedrentamiento, persecución y criminalización por su labor en Venezuela”.
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