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Está en proceso la designación de un nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral. Sectores de las fuerzas democráticas han postulado candidatos a integrar el organismo. Creen posible negociar la conformación de un Poder Electoral acorde a la Constitución vigente, capaz por su integración de diseñar, organizar y regir procesos electorales que recuperen la confianza de los ciudadanos en el voto como instrumento genuino y confiable de la voluntad ciudadana.
Disiento de la posibilidad de que tal iniciativa cuaje en el sentido e intención de quienes la protagonizan. Considero inexistentes las circunstancias políticas favorables para materializar tal objetivo.
De inicio, la escasa representatividad y poco volumen político de quienes empujan tal iniciativa hace improbable que el chavismo acepte negociar la conformación de un CNE en el cual no detente la mayoría que le permite hacer y deshacer discrecionalmente conforme a sus intereses continuistas.
El régimen no tiene todavía incentivos ni necesidad de propiciar tal negociación. Percibe (no le falta razón) que controla la situación, que no tiene enfrente amenazas serias, creíbles e inminentes a la gobernabilidad.
Otro impedimento para que la negociación aludida se materialice es la intención del oficialismo de maquillar y disimular su condición dictatorial mediante la instauración de un sistema político con fachada democrática; para facilitar tal objetivo cuenta para desempeñar el rol de oposición con el concurso de mesitos y «alacranes» (hoy coaligados en una entente de signo colaboracionista, sin ambages o escrúpulo alguno) sector al cual debe incorporar a los poderes públicos para garantizar la fachada democrática y el aparente pluralismo existente.
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En consecuencia, esa supuesta oposición integrada por mesitos y «alacranes» si en algún sitio tienen que estar representados para dar credibilidad a la operación fachada es en el CNE. Por tanto, es dable suponer que el chavismo reproducirá la composición y correlación de fuerzas del CNE vigente. Será, en todo caso, un cambio gatopardiano.
Por otro lado, luce inconveniente, desesperada, reñida con la realidad y voluntarista la operación política aludida al inicio de estas notas, cuando en estos momentos los sectores democráticos políticos y sociales nacionales de mayor envergadura y legitimidad —ciertamente disminuidas pero todavía considerables— en conjunto con nuestros principales aliados internacionales (EE. UU. y UE) están embarcados en un la construcción de la necesaria convergencia para generar la mayor presión posible, con el objetivo de obligar a la dictadura a negociar la creación de condiciones necesarias para la convocatoria de elecciones nacionales justas, libres y verificables.
Si algo quedó claro de los comicios de diciembre pasado es que la ciudadanía no se siente representada por la AN recién electa y desconfía, con razón, de procesos electorales convocados por el régimen. Y por tanto, no acudirá a elección alguna si no se producen los cambios necesarios para recuperar la confianza en los mismos.
Además, es público y notorio que el régimen en su afán de control ha confiscado la descentralización y la autonomía regional; las cuales han prescrito en la práctica, sobre todo en el caso de la gobernaciones de estado y que aquellos eventuales gobernadores electos por fuerzas no adictas al statu quo serán figuras cuasi decorativas por la presencia de los protectores respectivos. Expediente inventado por Chávez para licuar el poder de los gobernadores opositores; fórmula que evita intervenirlos y conservar así cierta fachada de pluralismo y legalidad de cara a la galería internacional.
Ese tipo de movimientos u operaciones políticas aisladas e improvisadas al margen de la anuencia y el concurso de la mayoría de las fuerzas políticas y sociales democráticas son inconvenientes por inútiles y por favorecer objetivamente los propósitos del régimen.
Gonzalo González es Politólogo. Fue diputado al Congreso Nacional.
Ese tipo de movimientos u operaciones políticas aisladas e improvisadas al margen de la anuencia y el concurso de la mayoría de las fuerzas políticas y sociales democráticas son inconvenientes por inútiles y por favorecer objetivamente los propósitos del régimen.
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