Luego de la cuestionada visita de la misión de Josep Borrell a Caracas, Maduro mueve una pieza en el tablero designando a un Embajador en España; mientras, legítimamente existe un embajador designado por la Asamblea Nacional desde febrero de 2019; mientras, los Estados miembros de la UE han reconocido a Guaidó como presidente; mientras, sigue en el tapete el caso “Delcygate” y mientras que el 15 de septiembre, James Story, encargado de negocios de la Oficina Externa de EE.UU. en Venezuela considera que España debe investigar la fuente de financiación del 60 % de los familiares del alto mando militar venezolano que viven en ese país.
El embajador en España Antonio Ecarri Bolívar, designado por el presidente Juan Guaidó, habla con El Tiempo.
¿Qué lectura le da a esta designación de un nuevo Embajador de Venezuela en España, luego de que Josep Borrell enviara la misión a Caracas?
No creo que la decisión de Maduro de designar un Embajador ilegal e inconstitucional en España obedezca a una reacción frente a las gestiones del Alto Comisionado europeo, sino más bien a una provocación más, contra la legítima Asamblea Nacional, tratando de confundir al gobierno de España para que le reconozcan algún acto de Estado (que no lo es por lo inconstitucional) después de la condena a él y a su régimen por parte de la Fact Finding Comission de la Organización de Naciones Unidas por violador de derechos humanos de manera continuada y flagrante.
Usted fue designado Embajador y Jefe de Misión por la legítima Asamblea Nacional de Venezuela y hasta esta fecha el gobierno de España no le ha dado el plácet. Solo ha recibido el reconocimiento como Representante de la Asamblea Nacional y del presidente Juan Guaidó. ¿Qué lectura política daría usted si el gobierno de España le da el plácet al nuevo embajador designado por Maduro?
Esa designación es inconstitucional porque la figura del Embajador y jefe de la Misión Diplomática es una representación del Estado y no del Gobierno. La designación de esta alta encomienda se realiza mediante un acto formal que está pautado en el artículo 187 numeral 14 en concordancia con el artículo 236 numeral 15 de la Constitución venezolana vigente, en la cual se establece que la designación de un funcionario como jefe de misión diplomática requiere de la autorización de la Asamblea Nacional, como institución en ejercicio del control político.
El incumplimiento de esta disposición traería como consecuencia el desconocimiento del máximo órgano de expresión democrática, la Asamblea Nacional de Venezuela.
Recordemos que el apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela ha sido claro e inequívoco por parte de la comunidad internacional, y es el único poder público reconocido por los 27 países que forman parte de la Unión Europea, siendo el Gobierno de España el primer país europeo en expresarlo. Apoyo que recientemente ha sido ratificado en el Congreso de los Diputados a través de la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) votada por todos los partidos democráticos y constitucionales que conforman el Congreso de los Diputados de España: Partido Popular (PP); Partido Socialista Obrero Español; Ciudadanos; Partido Nacionalista Vasco y VOX.
Recientemente fue designado un nuevo embajador de España en Venezuela, Juan Fernández Trigo, quien antes había estado de embajador en La Habana, ¿Cómo avizora usted la situación de Leopoldo López Mendoza en la Embajada de España en Caracas?
La designación del Embajador Juan Fernández Trigo nada tiene que ver con un cambio en la política española, es la sustitución normal de un diplomático, también de carrera como Jesús Silva por fenecer el tiempo de tres años que es el lapso de rotación establecido en España. Obviamente, en nada afectará la permanencia de Leopoldo López Mendoza como huésped del Embajador.
Juan Fernández Trigo es un diplomático de carrera. Además, es un conocedor a fondo de lo que significa lidiar, desde un gobierno democrático como el de España, con una tiranía despótica como la cubana y ahora con la venezolana.
Se ha cuestionado a Josep Borrell por haber enviado a Caracas esa misión para reunirse con el régimen de Maduro aparentemente en forma inconsulta con Van Der Leyen y el presidente legítimo Juan Guaidó.
La Unión Europea y su Alto Comisionado Josep Borrell ha hecho esfuerzos agónicos por encontrar una salida pacífica, democrática y constitucional, a la terrible crisis humanitaria compleja que sufre Venezuela, pero todos esos esfuerzos se han estrellado ante el muro infranqueable de una dictadura perversa, que no va a permitir que se realicen elecciones parlamentarias y presidenciales libres, bajo los estándares de los países civilizados de la tierra. La delegación que envió Borrell fue despachada con un portazo de la dictadura.
Luego de la misión de Borrell, el régimen de Maduro declaró que son inadmisible las condiciones planteadas por la UE y, mantiene su decisión de celebrar las elecciones el 6D. Ahora bien, en Venezuela tenemos muchos años, viendo este tipo de “movimientos tácticos”. Yo le pregunto: ¿Podrían ser tácticas del régimen, mantener su postura de ir a elecciones, para al final aplazarlas, para seguir ganando tiempo y apuntalar a los que como Borrel, manejan la estrategia de negociación directa con Maduro?
No podían avenirse a suspender un proceso para cambiar unas condiciones que son las únicas que les permitirán cometer un fraude peor que el cometido por Maduro para “elegirse” como presidente. Si más de 50 países (que representan más del 80% de la producción económica del mundo) no han reconocido a ese régimen usurpador, mucho menos van a reconocer unas supuestas elecciones parlamentarias donde designan un CNE express, no por la legítima Asamblea Nacional como lo establece la Constitución, sino por el bufete personal de Maduro, en que se convirtió un Tribunal Supremo escogido entre gallos y medianoche cuando perdieron las últimas elecciones parlamentarias. Además, para este fraude en proceso han secuestrado a los tres partidos políticos más importantes de la alternativa democrática venezolana como son Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, arrebatándoles sus siglas, símbolos y propiedades para entregárselas a testaferros del régimen. El régimen usurpador no suspenderá las elecciones fraudulentas convocadas porque se le caería todo el entramado corrupto que las sostiene.
Partiendo del hecho de que la Asamblea Nacional es el único poder público reconocido por los 27 países que forman parte de la Unión Europea, ¿Borrell, le debió comunicar al presidente Guaidó que enviaría una misión a Caracas?
No le puedo responder porque no conozco los detalles del proceso. Lo que sí supe fue que los enviados hablaron tanto con los usurpadores como con nosotros. Aquellos fueron quienes rechazaron la propuesta que llevaban, lo que demuestra, una vez más, que el régimen de Maduro no está dispuesto a ningún acuerdo que signifique convocar elecciones presidenciales ni parlamentarias libres, con observación internacional de la categoría de la Unión Europea. Además, es obvio que bajo las condiciones actuales no participa nadie en su sano juicio. Tan es así que hasta los que habían anunciado que participarían, como Capriles, al ver el inmenso rechazo popular a ese fraude continuado urdido por la dictadura, optaron por retirarse de esa añagaza.
¿Qué papel tiene en todo esto el Grupo Internacional de Contacto?
El Grupo Internacional de Contacto nació ante el temor infundado de algunos países de que el Grupo de Lima tenía una posición tan firme que era la que impedía una negociación viable con el régimen usurpador, pero al darse cuenta que ese temor no era cierto, sino que la actitud irreflexiva e irracional partía de un gobierno criminal, que solo utiliza los términos “diálogo y negociación” para ganar un tiempo que se le agotó, entonces, el Grupo Internacional de Contacto acaba de producir una declaración contundente que llama a realizar elecciones presidenciales y parlamentarias libres y cuestionó la convocatoria del fraude continuado que adelanta Maduro en contravía con todas las naciones civilizadas del mundo. Ya al régimen usurpador se le cayó la careta y tanto el Grupo de Lima como el Grupo Internacional de Contacto hacen causa común a favor de un cambio inmediato del régimen usurpador para que se conforme un gobierno de transición que pueda preparar unas elecciones libres con supervisión internacional.
Ya al régimen usurpador se le cayó la careta y tanto el Grupo de Lima como el Grupo Internacional de Contacto hacen causa común a favor de un cambio inmediato del régimen usurpador para que se conforme un gobierno de transición que pueda preparar unas elecciones libres con supervisión internacional.
ResponderBorrar