El Tiempo
El personal de la DEA y de otras agencias que se han movido 5.967 kilómetros hasta Cabo Verde para monitorear el proceso de extradición del barranquillero Álex Saab -señalado testaferro de Nicolás Maduro- ya fueron notificados de que podrían pasar Navidad en esa pequeña isla.
Cuando todos esperaban que su caso se finiquitara en 15 días, después de la reapertura de los tribunales de ese país insular africano, un nuevo recurso va a dilatar la decisión al menos 3 meses, completando 6 desde su captura, el pasado 12 de junio.
La información le fue confirmada a EL TIEMPO tanto por fuentes federales como por personas allegadas a Saab. Estos últimos siguen insistiendo en la ilegalidad de su captura, por ser un agente especial del gobierno bolivariano de Venezuela, capturado en plena misión humanitaria.
De hecho, tras amenazar a Cabo Verde con una denuncia internacional por supuesta violación de garantías, ahora su defensa llevará el caso al Tribunal de Justicia de África Occidental.
A esa nueva estrategia judicial se le suma el tema de las presuntas torturas a las que ha sido sometido Saab, quien está siendo procesado en Estados Unidos por corrupción ligada a contratos opacos en la construcción de casas subsidiadas para el régimen de Chávez y de Maduro, en cuantía de 300 millones de dólares.
Alerta por plan de fuga
Tanto Estados Unidos como Cabo Verde negaron dichas torturas. De hecho, se ordenó una requisa a su celda y la fiscalía de Cabo Verde emitió un comunicado en el que señaló que se le decomisó un objeto personal con el que Saab se autoinfringía heridas.
La nueva dilación legal dentro del caso llevó a autoriades locales y a Estados Unidos a desplegar un dispositivo de seguridad adicional para conjurar las versiones de que se podría ejecutar un plan de fuga en la prisión en la que permanece Saab.
Incluso, se detectaron movimientos en islas y países cercanos que tienen en alerta a las autoridades ante un posible plan de extración de presos.
El régimen de Nicolás Maduro le concedió estatus diplomático al barranquillero Álex Saab, pero el Tribunal de Justicia venezuelano en el exilio asegura que ese procedimiento es ilegal.
Su defensa, sin embargo, niega tanto la versión de las automutilaciones, como la de planes de fuga y colaboración con la justicia de Estados Unidos.
Al respecto, aseguraron que Saab no estaba vinculado con la ubicación de al menos 700 millones de dólares en Liechtenstein.
«El enviado especial Álex Saab, asegura ‘no tener ninguna cuenta bancaria vinculada a su nombre en Liechtenstein, ni $700 millones», afirmó su defensa, una semana después de que fuentes de Estados Unidos le aseguraron a EL TIEMPO que dicho monto está vinculado al negocio de las llamadas cajas Clap, cuyos hilos mueve Saab.
“A pesar de las torturas, de haberme cortado más de 26 veces los brazos y dado más de 200 golpes por todo el cuerpo, a pesar de prohibirme el simple derecho de tener un bolígrafo (derecho con el que cuentan todos los presos), jamás firmaré una extradición basada en mentiras y mucho menos una declaración falsa en la que hable sobre el presidente Maduro y su familia”, señaló Saab en la comunicación con EL TIEMPO.
La nueva dilación legal dentro del caso llevó a autoriades locales y a Estados Unidos a desplegar un dispositivo de seguridad adicional para conjurar las versiones de que se podría ejecutar un plan de fuga en la prisión en la que permanece Saab. Incluso, se detectaron movimientos en islas y países cercanos que tienen en alerta a las autoridades ante un posible plan de extración de presos.
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