Ser miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas implica «ser responsable de promover el respeto universal por la proteccIón de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de una manera justa y equitativa». Este es el principio fundacional contemplado en la resolución 60/251, del 15 de marzo de 2006, sobre el que fue creado el Consejo de Derechos Humanos, que actualmente está conformado por 47 países (ocho de ellos de América Latina y Caribe). Sin embargo, está premisa está muy lejos de ser cumplida por algunos de los Estados miembros, como es el caso de Venezuela, que ingresó el pasado año en CDH. Hace tan solo unas semanas, un informe realizado por una misión de la ONU acusaba al régimen de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad.
Dentro de unas horas se volverá a sumar a este club de supuestos vigilantes de los derechos humanos otro país muy cuestionado, Cuba. Lo hará tras la votación (directa y secreta), a la que se presentan 15 países para las distintas regiones, que previsiblemente dará luz verde a su reincorporación, pues obtendrá los votos necesarios ante la falta de competencia. Parece irrelevante si los Estados que voten este martes lo hacen en coherencia con lo que dispone la resolución 60/251, que señala que al elegir a sus miembros se deberá tomar en cuenta «la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos y las promesas y compromisos voluntarios que hayan hecho al respecto». Una vez elegidos, los Estados deberán además aplicar las normas «más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos, cooperar plenamente con el Consejo y estarán sujetos al mecanismo de examen periódico universal durante el período en que sean miembros», según dicta la misma resolución. Papel mojado para algunos Estados.
El reingreso de Cuba, que ha sido miembro del CDH durante cuatro periodos (de tres años cada uno) desde su fundación, ha suscitado durante los últimos meses y semanas un clamoroso rechazo por parte de organizaciones cubanas disidentes y organismos internacionales defensores de los derechos humanos, así como líderes políticos y sociales, que han calificado de «vergonzoso» e «inconcebible» que Cuba vuelva a engrosar la lista de países miembros durante el periodo 2021-2023.
Criminalización de los derechos
El pasado mes de septiembre, numerosas personalidades de América Latina, entre ellas, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla; el exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez; y varios ministros se adscribían a una declaración realizada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), una fundación sin ánimo de lucro argentina. En el texto, mostraban su rechazo a la nueva candidatura de Cuba «porque no es representativa de las aspiraciones democráticas y el compromiso internacional con los derechos humanos de la región», explicó CADAL a través de un comunicado.
Entre los argumentos expuestos en la declaración de esta fundación, se señala que Cuba es el único país de América Latina «que no ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales»; así como que está documentada su falta de compromiso con el sistema universal de DD.HH, «habiendo adoptado un régimen de partido único, que desde 2019 adquiere rango constitucional». A esto se suma la ausencia de señales de reforma de una política de estado «que criminaliza los derechos a la libertad de asociación, reunión, prensa, expresión y participación política». Todo ello lleva a los firmantes a expresar su «rechazo a la nueva candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU».
Según las últimas cifras de la ONG Prisoners Defenders, en la actualidad habría 138 presos políticos en Cuba; mientras 247 cubanos estarían «regulados» (con la prohibición de viajar fuera de la isla) por razones políticas o religiosas, según el Instituto Patmos. La detenciones arbitrarias, con arrestos que van de unas pocas horas hasta las 72 horas, se han convertido en una práctica sistemática del régimen para erosionar a la disidencia y acallar sus denuncias dentro y fuera de la isla (este año el opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov no pudo acudir al Parlamento Europeo). En los casos con mayor repercusión internacional, como sucede con otro de sus líderes, José Daniel Ferrer, la Seguridad del Estado ha fabricado pruebas y forzado testimonios para sostener delitos falsos que mantegan a las principales voces de la oposición incomunicados durante semanas y encarcelados durante meses.
Tratados internacionales sin ratificar
Un día después de hacerse pública esta declaración, otra ONG, el Observatorio Cubano de DD.HH. (OCDH), con sede en Madrid, remitía un documento a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que calificaba de «inconcebible» que Cuba se postule al CDH «sin ratificar o respetar al menos 16 tratados internacionales», entre ellos, la Convención contra la Tortura, la Convención contra las desapariciones forzadas, la Convención sobre la discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967. «En consecuencia, el país no se encuentra comprometido a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), o cualquier otro organismo de Naciones Unidas», señala el OCDH.
La ONG también se refiere en el texto a la prevalencia de la Constitución cubana sobre los tratados internacionales, así como la falta de independencia del poder judicial, supeditado al Partido Comunista, «un código penal que establece "medidas predelictivas", así como las leyes y decretos que limitan la libertad de opinión, expresión, reunión, manifestación y asociación».
Las violaciones de derechos por parte del Gobierno cubano son incontables y están bien documentadas, a pesar de la opacidad del régimen. La represión que ha llevado a cabo sobre sus ciudadanos se ha mantenido durante décadas, y en lugar de suavizarse con la llegada al poder del presidente Miguel Díaz-Canel, parece haberse intensificado. Sin embargo, la continuidad de Cuba en el CDH parece asegurada. La pregunta es inevitable y necesaria: ¿Cómo es posible que un país que viola reiteradamente los DD.HH. sea elegido, una y otra vez, para formar parte de este organismo? «Cuba tiene un deplorable récord en materia de derechos humanos. Se trata de una dictadura que impone un modelo de sociedad cerrada—la única en todo el hemisferio—y reprime el disenso de manera sistemática. Solo en lo que va de este año, se han registrado más de mil detenciones arbitrarias y no hay que olvidar que hay más de 100 presos políticos», explica a ABC José Miguel Vivanco, director de la división para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW). Unas víctimas que «no cuentan con ningún organismo independiente que pueda ampararlos y proteger sus derechos y el Gobierno no ha permitido el acceso de observadores internacionales creíbles para examinar la situación en el terreno», asegura el responsable para América de HRW.
El problema de esta perpetuación de Cuba en este organismo estaría, según Vivanco, en que los asientos en el Consejo de DD.HH. «se eligen por votos de la Asamblea General, no sobre la base de un análisis objetivo de los antecedentes de derechos humanos de cada país. Y desafortunadamente el Gobierno cubano cuenta con un importante apoyo político en la Asamblea General que lo aprovecha en parte para elegirse al CDH y así intentar blindarse a sí misma y a sus aliados—incluyendo a la dictadura de Maduro en Venezuela—de condenas y críticas por sus violaciones a derechos fundamentales. Felizmente estos países no tienen mayoría en el Consejo».
Una mera formalidad y una burla
En cuanto si habría alguna manera de evitar que Cuba y países que violan los DD.HH. formen parte del Consejo, Vivanco señala un aspecto que considera clave: «Hay que terminar con la práctica de las listas cerradas por región. Lo que ocurre habitualmente es que las distintas regiones geográficas proponen tantos candidatos como asientos están asignados a cada zona. Ahora mismo, América Latina y el Caribe presenta tres candidatos (Cuba, México y Bolivia) para los tres asientos que corresponden a esa región, de manera que los tres serán elegidos. Este mecanismo transforma las elecciones al consejo en una mera formalidad pero también en una burla y permite que sean elegidos estados con un récord vergonzoso, como Cuba».
Que países como Cuba o Venezuela insistan en formar parte del Consejo no hace cuestionable la continuidad de este organismo, en opinión de Vivanco. «Los regímenes que violan de forma sistemática los derechos humanos, como China, Arabia Saudí y Cuba, buscan un asiento en el Consejo de DD.HH. precisamente porque quieren evitar que este organismo funcione adecuadamente. Esa es una reveladora evidencia de que los grandes violadores de derechos humanos le temen al Consejo y prueba la importancia de que esta entidad siga operando. Hasta ahora, estos gobiernos han hecho enormes esfuerzos por frenar la labor del Consejo, pero gracias a estados que aún creen en la necesidad de defender globalmente los derechos humanos, el consejo ha seguido operando y ha podido poner el foco de atención en situaciones desastrosas de derechos humanos en todo el mundo. Sin ir más lejos, en los últimos días se han aprobado resoluciones clave sobre Venezuela y Siria».
Reforma del sistema de elección
A la vicepresidenta del Parlamento Europeo para América Latina, Dita Charanzová, también le alarma que países violadores de DD.HH. como Cuba, Rusia, Arabia Saudí formen parte de este organismo, cuyos filtros de selección no parecen tener efecto: «Lamentablemente así son las normas actuales sobre las elecciones del Consejo. Esto pone de relieve de nuevo de que es necesario reformar el sistema de elección de miembros al Consejo de DD,HH, de la ONU para que no siga pasando en el futuro», explica a ABC Charanzová, muy comprometida con los derechos en la isla. Hace unos meses promovió una resolución de urgencia ante el PE pidiendo la liberación del líder opositor cubano, José Daniel Ferrer. También ha cuestionado el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba y la Unión Europea debido a las constantes violaciones de derechos en el país, vulnerando así uno de los puntos del acuerdo.
Como Vivanco, Charanzová intenta defender a la institución en su conjunto, a pesar de ciertas anomalías. «El hecho de que países como los que ha nombrado estén allí no significa que tengan mayoría ni que sus posiciones sean la línea directriz de la defensa de los DD.HH. en este Consejo -señala-. Por ejemplo, a pesar de que Venezuela forma parte del Consejo, eso no impide que este pueda seguir aprobando informes sobre violaciones de DD.HH. en Venezuela y otros países con situaciones similares». Y añade: «No obstante, sigo pensando que ya es hora de que se reforme el sistema de elección de miembros del órgano más importante de las Naciones Unidas referente a los derechos humanos», insiste.
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Como Vivanco, Charanzová intenta defender a la institución en su conjunto, a pesar de ciertas anomalías. «El hecho de que países como los que ha nombrado estén allí no significa que tengan mayoría ni que sus posiciones sean la línea directriz de la defensa de los DD.HH. en este Consejo -señala-. Por ejemplo, a pesar de que Venezuela forma parte del Consejo, eso no impide que este pueda seguir aprobando informes sobre violaciones de DD.HH. en Venezuela y otros países con situaciones similares».
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