A los bolichicos la ley antibloqueo les hace la boca agua, asegura Víctor Álvarez

El economista y exministro de Industrias Básicas y Minería Víctor Álvarez asegura que la «ley» antibloqueo irá en detrimento de la población y llamó a evitar que se produzca un proceso como el que ocurrió en Rusia a partir del colapso de la URSS

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Para el economista e investigador Víctor Álvarez, exministro de Industrias Básicas y Minería, el problema de la «ley» antibloqueo radica en que recurre a formas y medios que terminan siendo contraproducentes, y, en este sentido, argumenta que la disposición según la cual se permite al Ejecutivo la desaplicación discrecional del marco legal vigente, solo servirá para crear un ambiente de mayor inseguridad jurídica.

“No genera ninguna confianza en inversiones de largo plazo que el gobierno pueda dejar sin efecto normas constitucionales y legales relativas a la propiedad de las riquezas del subsuelo y la propiedad pública”, expresó Víctor Álvarez en entrevista a través de plataformas digitales, en la que recordó que los prósperos empresarios de la Rusia actual fueron antiguos burócratas de la URSS.

Víctor Álvarez considera que «ley» antibloqueo generará actos nulos

– ¿Cuál es su posición sobre la ley antibloqueo? ¿Estima que es necesaria? ¿La calificaría de violatoria a la Constitución?

– A pesar de que el texto de la «ley» antibloqueo está lleno de buenas intenciones y dice que es “para proteger los intereses de la República y satisfacer los derechos económicos y sociales del pueblo venezolano”, con una ampulosa retórica nacionalista, que invoca a superar las medidas coercitivas y punitivas para proteger el patrimonio nacional, se da al traste con el marco legal vigente. El artículo 17 faculta al Gobierno para “la desaplicación de determinadas normas legales, para casos específicos”. Esta desaplicación significa abrogar de facto los mandatos constitucionales, legales, normativos y regulatorios que sustentan el andamiaje institucional del país.

En opinión de Víctor Álvarez, esto significa “abrirle paso a la discrecionalidad y arbitrariedad del Gobierno, que se sentirá facultado para dejar sin efecto cualquier norma que vaya a contrapelo de sus intenciones. Pero conforme al artículo 75 de la Constitución vigente, esta desaplicación sólo generaría actos nulos ya que, según establece la Carta Magna “todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo”.

«Ley» antibloqueo producirá falta de Transparencia, estima Víctor Álvarez

-Con las sanciones impuestas por EEUU y la UE, ¿habrá capitales internacionales que se atrevan a invertir en activos del Estado venezolano?

-Los capitales extranjeros no vienen a Venezuela a pesar de tener el privilegio de no pagar impuestos gracias a los Tratados contra la Doble Tributación, de las ventajas que otorga la Ley de Promoción y Protección de la Inversión Extranjera en materia de exoneraciones de impuestos y estabilidad tributaria contra  reformas impositivas. Tampoco vienen a pesar de las enormes riquezas que pueden ser explotadas con una fuerza de trabajo que devenga el salario mínimo más bajo del mundo. Y no vienen porque Venezuela es un país donde el Gobierno de turno arbitrariamente decide cambiar las reglas del juego, expropiar y luego privatizar, sin la certeza de que una vez reactivadas las empresas públicas que fueron quebradas por la corrupción no las van a volver a expropiar y estatizar. Al desaplicar el marco legal y regulatorio que le pone límites a la inversión privada en las empresas públicas, paradójicamente se exacerba la inseguridad jurídica y la debilidad institucional en Venezuela, donde cualquiera aplica la ley de manera arbitraria y discrecional. Por la falta de transparencia, la Ley genera más dudas que certezas.

Asegura Víctor Álvarez que lo que queda claro es que la «ley» antibloqueo busca adecuar el marco legal vigente en función de una mayor apertura a la inversión privada en las empresas estatales y en la gestión de los servicios públicos.

“El Gobierno se plantea ofrecer un estímulo a las transnacionales petroleras y al capital extranjero para que se sumen al lobby internacional que busca prorrogar las licencias para seguir operando en Venezuela y flexibilizar las sanciones. También se plantea suscribir tratados con otros países aliados que están igualmente sometidos a medidas coercitivas y sanciones, los cuales no escatiman vías a la hora de evadir el bloqueo y toman riesgos desmesurados en comparación con las exigencias básicas de seguridad jurídica y respeto a los derechos de propiedad que exigiría cualquier inversionista en condiciones normales”, añadió el economista.

Evitar lo que pasó en Rusia

-¿Considera usted que el gobierno desea un proceso de privatizaciones como ocurrió en Rusia luego del final de la URSS?

– Luego de la implosión de la URSS, la privatización de la economía soviética fue una operación bien orquestada. La jugada maestra fue el Programa de préstamos a cambio de acciones. El gobierno ruso, en lugar de solicitar al Banco Central los recursos que necesitaba para cubrir el déficit fiscal, se endeudó con los bancos privados amigos del gobierno o propiedad de sus testaferros. Como garantía de los préstamos recibidos, el gobierno les ofreció acciones de las empresas públicas. Y al no poder pagar, los bancos ejecutaron las garantías y se apropiaron de los principales activos públicos.

Continuó relatando que, a través del acceso a información privilegiada, los jerarcas del partido y la burocracia soviética se apropiaron de importantes empresas del Estado. “Ante la certeza de lo que venía después de la caída del Muro de Berlín, prefirieron pactar con el capital transnacional que tanto habían criticado para seguir medrando de las empresas públicas que serían privatizadas. Al derrumbarse el comunismo soviético, las empresas estatales se abrieron a la inversión privada aceleradamente y los nuevos dueños terminaron siendo sus anteriores directivos y jerarcas del gobierno y del partido. Por eso en la Rusia de hoy, buena parte de la pujante y próspera clase empresarial proviene de la vieja nomenclatura comunista y de la burocracia estatal. En Venezuela, a la boliburguesía y a los bolichicos se les hace agua la boca esperando el proceso de privatización”.

-El Partido Comunista de Venezuela ha acusado a la administración de Nicolás Maduro de neoliberal ¿Cree usted que con la «ley» antibloqueo queda en evidencia que lo planteado por Hugo Chávez quedó a un lado y nunca dio resultado positivo?

-El PCV es partidario de un modelo basado en la propiedad estatal de los medios de producción, pero el desmoronamiento del socialismo soviético demostró que el verdadero peligro no provenía de la amenaza imperialista, sino del propio modelo estatista que la dirigencia del PCUS había creado para medrar insaciablemente de una posición privilegiada en las empresas públicas y a la cual no iba a renunciar tan fácilmente en caso de un inminente cambio político. El modelo estatista funcionariza a la fuerza de trabajo y mata el espíritu emprendedor. No funciona. Ahora que el Gobierno no puede mantener tantas empresas públicas deficitarias, que no facturan ni siquiera para pagar la nómina, y que solo pueden mantenerse gracias a las transferencias con emisiones de dinero inflacionario, entonces se da un bandazo y se decide iniciar un proceso de privatización a ultranza y el PCV teme una ola masiva de despidos.

Operaciones deben someterse al escrutinio de la opinión pública

-¿Cómo perjudica a la población que se hagan operaciones financieras sin que se rinda cuentas a la AN ni se haga pública la información correspondiente?

-La Ley Antibloqueo no garantiza la transparencia necesaria en el manejo de asuntos que son de interés nacional y por lo tanto deben ser sometidos al escrutinio de la opinión pública. En el artículo 34 “se crea un régimen transitorio en materia de confidencialidad y reserva de información para proteger las decisiones tomadas por el Poder Público”; en el Artículo 35 “se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada”, y en el Artículo 36 “se declaran secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de las medidas establecidas en esta Ley  que supongan la desaplicación de normas de rango legal”.

“Toda esta opacidad –prosiguió Víctor Álvarez- genera muchas dudas, sobre todo porque esta «ley» busca modificar el marco legal vigente para autorizar una mayor participación del capital privado en las empresas mixtas que explotan el petróleo, gas, oro, diamantes, coltán y otros minerales estratégicos, así como en la gestión de los servicios públicos de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, vialidad, puertos y aeropuertos.

Añadió que, en defensa del interés nacional, vale la pena recordar las lecciones y advertencias que se desprenden de la privatización rusa, luego de la implosión de la URSS y, en este sentido, recordó que, al referirse al proceso de privatización en Rusia, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribió: “El resultado (…) fue que un puñado de amigos y socios de Yeltsin se convirtieron en multimillonarios, pero el país fue incapaz de pagar a los jubilados su pensión de 15 dólares mensuales”. “En Venezuela tenemos que evitar que esta historia se repita”, acotó Álvarez.

Realidad de la industria petrolera

-Desde hace más de 20 años se viene hablando en Venezuela de la necesidad incorporar al capital privado a la industria petrolera. Con las empresas mixtas se avanzó un poco en esta dirección. ¿Cree usted conveniente esa participación y hasta qué punto debe estar presente el capital privado?

-La canasta petrolera venezolana se ha tornado cada vez más pesada y menos rentable. Dos tercios de la producción son crudos pesados y extra-pesados de muy difícil procesamiento, Explotar el petróleo extra pesado de la Faja Petrolífera del Orinoco es más costoso que extraer el petróleo ligero del Zulia o Monagas, pero el régimen fiscal no toma en cuenta estas diferencias y cobra el mismo porcentaje de regalía. Ni Pdvsa ni el Estado disponen de recursos financieros para evitar que la producción de petróleo siga declinando. Esta cruda realidad plantea la necesidad de buscar un nuevo acuerdo nacional que supere la visión del monopolio estatal y abra la industria petrolera a la inversión privada.

Ante las limitaciones financieras de Pdvsa, Víctor Álvarez plantea las siguientes alternativas, con el objetivo de evitar que la extracción de crudos siga declinando:

• Igualar las rentabilidades ajustando el porcentaje de regalía de acuerdo a las características de cada yacimiento: menor para los crudos pesados difíciles de procesar y mayor para los crudos medios y livianos más fáciles de extraer.
• Sostener el esfuerzo propio en proyectos de bajo riesgo y alta rentabilidad a través de Acuerdos de Servicios Conjuntos (ASC) para que las operaciones sean realizadas por empresas de servicios que cobren una tarifa por barril y se calcule su pago de acuerdo al total de barriles extraídos.
• Convertir en empresas mixtas las unidades de alto riesgo y baja rentabilidad que Pdvsa no pueda financiar con inversión propia para mantener la producción, ofreciendo en venta el 49,99% de las acciones.
• Incentivos a inversionistas para que financien hasta el 100% de los proyectos destinados a recuperar y comercializar el gas natural que se ventea, quema y desperdicia en los campos petroleros del país.
• Sincerar el precio de los combustibles, igualando el precio interno al de la frontera para erradicar el contrabando, y destinar las ganancias a modernizar el sistema de transporte público.

Además, considera que, para permitir en las empresas mixtas una participación del inversionista privado mayor al 50% del capital social requiere un gran acuerdo nacional para reformar al menos las siguientes leyes:

• Ley de Migración a Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación y de los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas.
• Ley que Reserva al Estado los Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos.
• Ley Orgánica de Hidrocarburos que regula la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento y comercialización de los hidrocarburos.
• La Ley de Hidrocarburos Líquidos para que el inversionista privado pueda vender sin restricciones y a precios de mercado el gas que recupera y extrae.

“Para ahorrarse el complicado debate entre unas élites políticas que han demostrado su incapacidad para ponerse de acuerdo en torno a una agenda de interés nacional, el Gobierno decide imponer la «ley» Antibloqueo, cuyo altisonante nombre es un papel regalo para camuflar el proceso de privatización que está planteado”, indicó Víctor Álvarez.

Reactivación de la economía

-¿Es posible reactivar la economía venezolana con una serie de privatizaciones a pesar de la persistencia de las sanciones?

-El Gobierno ofrece a los inversionistas el incentivo de reprivatizar las empresas que fueron expropiadas y estatizadas. La «ley» Antibloqueo habilita al Gobierno para dejar sin efecto cualquier “medida administrativa o judicial restrictiva de alguno de los elementos de la propiedad” para devolver activos confiscados, expropiados o a los cuales se retiró una concesión. Pero para reactivar la inversión privada en la escala que se requiere, las sanciones tienen que ser levantadas. Los grandes inversionistas no se van a exponer a que le congelen sus cuentas y activos en territorio estadounidense por venir a hacer negocios en Venezuela.

«La mejor política de reactivación económica es una política de promoción de inversiones, capaz de estimular la creación de millares de empresas que compitan entre sí con una abundante oferta de buena calidad y mejores precios. Esto implica corregir las distorsiones cambiarias, el desequilibrio monetario, el déficit fiscal y la presión inflacionaria. Se necesita financiamiento en condiciones adecuadas, razón por la cual el BCV tiene que reducir el encaje legal para liberar fondos que financien la actividad productiva. Exige además un nuevo marco legal que garantice los derechos de propiedad y la seguridad jurídica para que los inversionistas se decidan a arriesgar su dinero en Venezuela», sostuvo Víctor Álvarez.

-¿Qué plantearía usted en cuanto a medidas a adoptar por el Ejecutivo ante las sanciones impuestas contra Venezuela?

-El Gobierno tiene que ofrecer incentivos al capital transnacional para que presionen a la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la OFAC para que flexibilicen y finalmente levanten las sanciones. EEUU y la comunidad internacional exigirán a cambio elecciones libres y transparentes. Por eso hay que pensar en una respuesta compleja para un problema estructural. Venezuela atraviesa por una crisis multidimensional que requiere un gran pacto político, económico y social para superarla. Pero la atención nacional ha estado enfocada en el debate político-electoral y no se está prestando suficiente atención a la viabilidad económica de la transición política.

Advierte Víctor Álvarez que cualquier gobierno que asuma la conducción de Venezuela recibirá un país en ruinas y que desde el inicio tendrá que aplicar drásticas medidas para corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación.

«Para aliviar el déficit fiscal y erradicar el financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, el nuevo gobierno tendría que sincerar las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, lo cual no sería bien recibido en un país exhausto, largamente castigado por una prolongada escasez y voraz hiperinflación. Macri heredó del kirchnerismo unas tarifas de servicios públicos tan bajas que su recaudación no permitía cubrir los costos de mantenimiento, para corregir el déficit fiscal y aliviar las presiones inflacionarias tomó la decisión de sincerar las tarifas, pero la clase media urbana, las pymes y los trabajadores sintieron que sobre sus bolsillos recaía el mayor peso del ajuste, el creciente descontento social se expresó en un costo político-electoral que abortó las reformas económicas y llevó al reemplazo del gobierno que impulsó las mismas. La lección está clara: los problemas económicos heredados después de largos períodos de gobiernos populistas no pueden corregirse cargando el costo del ajuste sobre la población más vulnerable. El creciente descontento terminará restaurando al viejo orden que ya se creía definitivamente superado», señaló.

Por todo ello, aseguró que la viabilidad económica de una transición política en Venezuela, sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de esos gobiernos que no distribuyeron bien los costos sociales del ajuste económico.

«Quienes aspiran gobernar al país para darle un viraje al modelo rentista y populista -plagado de subsidios y gratuidades indebidas que se pagan con el impuesto inflacionario-, tendrán que prestar más atención a la distribución de los costos sociales que generan los ajustes macroeconómicos. Si no se prevén las debidas compensaciones, y si las medidas no se comunican y explican bien, el rechazo de los sectores afectados puede dar al traste con el programa de reformas económicas, la transición política puede ser abortada y los desequilibrios económicos que se expresan en una severa escasez y galopante hiperinflación que castiga a los hogares, empresas e instituciones en vez de corregirse se verán agravados», concluyó.

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