No hay canales de comunicación independientes entre el liderazgo opositor y los venezolanos que sufren los embates de la crisis colosal creada por el chavismo. Tampoco un trabajo de articulación y organización en las propias comunidades y ciudades del país. No hay redes que interactúen entre sí. La apuesta maximalista —todo o nada— nos llevó a formas de movilización y batallas que estaban perdidas de antemano. Manifestantes pacíficos versus guardias que disparan. Habrá que intentar otra cosa.
Quien habla es Lissette González*. Todos hemos sentido rabia y seguramente odio frente a la destrucción que convirtió a Venezuela en un Estado similar a naciones que soportan la pesadilla de una guerra o que han pasado siglos dando tumbos, sin poder encontrar la estabilidad política, ni los grandes acuerdos, para construir un destino diferente, un futuro esperanzador. “Tenemos que crear espacios de encuentro para que podamos confiar unos y otros, en un país donde nadie le cree a nadie”. Y lo dice alguien que está en la primera fila de las víctimas del conflicto político. Su padre era Rodolfo González, quien —bajo custodia del Estado venezolano— murió en los calabozos de El Helicoide, la tenebrosa cárcel creada por el chavismo. De ahí el valor, la entereza y el coraje de quien se aferra a la necesidad de preservar la vida, pese a todos los que quieren vernos —no sabría decir si verse— en un baño de sangre.
¿Cómo caracterizaría la situación social de Venezuela?
Los venezolanos estamos viviendo una situación dramática. Tenemos varios años en una emergencia humanitaria compleja, causada por múltiples factores que están influyendo en las condiciones de vida de la gente —recesión económica, hiperinflación, deterioro o ausencia de servicios públicos, crisis sanitaria y una escasez de alimentos aparentemente mitigada—, para muchos venezolanos ese panorama pone en riesgo, incluso, su supervivencia. Este año, con los efectos de la pandemia y las medidas de confinamiento, se han dificultado aún más las capacidades de la gente para poder tener un sustento. La mayoría de los venezolanos están concentrados en conseguir ese mínimo de agua, gas, comida, para poder satisfacer lo más básico.
No hay un solo síntoma de que esa realidad vaya a cambiar y la pregunta es ¿podemos vivir bajo condiciones de una emergencia humanitaria, digamos, forever?
Hay países de África en los que la emergencia humanitaria ha persistido durante muchos años. ¿Qué es lo que ocurre cuando esa crisis es tan intensa y prolongada? Pasa lo que estamos viendo en el país. La gente huye, la gente emigra, quien lo puede hacer lo hace y quien no —casi siempre los que se encuentran en las peores condiciones— pues son los que más sufren. Aumentarán las muertes no sólo por el covid-19, sino por cualquier otra enfermedad. También las muertes por desnutrición y las enfermedades asociadas a ella. No tenemos datos oficiales, pero la encuesta más reciente de Encovi, efectivamente, da cuenta de que el empobrecimiento de la sociedad venezolana es generalizado, no sólo en términos de ingresos, sino en el consumo de proteínas y calorías. El deterioro es algo que se está viendo en todos los grupos sociales.
Podríamos vivir como Haití, por ejemplo.
O como Zimbabue o como Siria o los países en guerra. Podríamos vivir así indefinidamente. No hay nada en la situación de crisis social que diga, necesariamente, que ocurra un cambio. Y si lo hubiera, no sería por la crisis social. Si al Gobierno le preocuparan los indicadores tan tremendos que tenemos en la situación social y quisiera hacer algo, pues ha tenido un montón de años para hacerlo. No parece que eso importe demasiado. Hay unos bonos, están las bolsas CLAP —que llegan con menos alimentos y en lapsos más prolongados—, pero con esas políticas el Gobierno no ha sido capaz de proteger a los más vulnerables de los efectos negativos de esta crisis.
¿Cuál es el correlato que tiene esta crisis en las organizaciones de la sociedad venezolana?
Hay organizaciones sindicales que están exigiendo mejores salarios y condiciones de trabajo —en salud y educación, por ejemplo—. Pero esas organizaciones se han debilitado en los últimos 20 años por múltiples causas. Una de ellas es una política que ha sido clara, abierta y directa, de limitar la autonomía sindical y tratar de disminuir su poder. ¿Cómo se ha hecho eso? A través de medidas administrativas aplicadas por el Ejecutivo o de la exigencia, por ejemplo, de que el CNE avale las elecciones sindicales. Todos esos requisitos que se han ido incorporando a la legislación y a la práctica, de hecho, han debilitado la autonomía y la libertad sindical. Se han creado sindicatos paralelos en empresas del sector público y nuevas centrales sindicales y el Estado no ha reconocido o ha tratado de no reconocer, como interlocutor válido, a los sindicatos autónomos. Además de la relación con el poder político y de la forma en que se ha tratado de controlar al movimiento sindical, está el propio efecto de la crisis. Mientras más empresas cierran, mientras más cae el empleo formal, son menos los trabajadores sindicalizados. Tenemos un conjunto de cosas que, efectivamente, están menoscabando la capacidad y el poder que pudieran tener estas organizaciones para luchar por las reivindicaciones sociales de los trabajadores.
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¿Qué es lo que ocurre cuando esa crisis es tan intensa y prolongada? Pasa lo que estamos viendo en el país. La gente huye, la gente emigra, quien lo puede hacer lo hace y quien no —casi siempre los que se encuentran en las peores condiciones— pues son los que más sufren. Aumentarán las muertes no sólo por el covid-19, sino por cualquier otra enfermedad. También las muertes por desnutrición y las enfermedades asociadas a ella.
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