Alexander Lukashenko (izq) en su reunión con Vladimir Putin en Sochi. La gestualidad de la foto dio la vuelta al mundo. Foto cortesía.

El “método Putin” camina de Bielorrusia a Venezuela

El Kremlin busca atar en el poder a sus aliados Lukashenko y Maduro, pero sin renunciar a todo tipo de opciones.

La escena parecía retrotraer tiempos soviéticos. Mientras en la capital bielorrusa Minsk, las protestas contra el fraude electoral de agosto pasado seguían su curso, el atribulado mandatario bielorruso Aleksandr Lukashenko se dirigía a la localidad rusa de Sochi, bucólico balneario en el Mar Negro, para reunirse con su eterno aliado y vecino, Vladimir Putin.

La reunión entre Putin y Lukashenko, preliminarmente realizada a puerta cerrada, fue seguida con atención por los medios de comunicación y los actores políticos involucrados en la crisis bielorrusa. Era previsible que lo que se decidiera en Sochi ejercería una enorme influencia en la crisis política que vive Bielorrusia.

El “amigo” Lukashenko

A priori, las declaraciones de la cumbre Putin-Lukashenko recogían un guión previsto. Rusia le otorgará a su “amigo” bielorruso un crédito gubernamental de US$ 1.500 millones, esencial para acometer este “difícil momento”, tal y como sugirió Putin.

Rusia es el destinatario del 50% de las exportaciones bielorrusas, razón que explica la importancia estratégica de este “espaldarazo” de Putin a Lukashenko vía crédito ruso. Del mismo modo, unas 2.500 empresas rusas están asentadas e invierten en Bielorrusia, reforzando aún más estos lazos económicos.

La crisis bielorrusa actual también ha desempolvado un viejo proyecto de conexiones históricas, políticas y culturales traducidas a través del tradicional eslavismo de la “Madre Rusia”: la idea del Estado Unificado, una especie de unión política entre el “hermano mayor” Rusia y su “hermano menor” Bielorrusia.

En esa perspectiva, Lukashenko también había pedido a Rusia un mayor apoyo en el marco de la Organización del Tratado de Defensa Colectiva (ODKV en ruso) firmado en 1994 entre varios países del bloque ex soviético. Por ello, Putin movilizó efectivos policiales y de seguridad con la aparente orden de intervenir en Bielorrusia en caso de descontrol de las protestas y su posibilidad de que afectaran los intereses rusos.

Pero aquí viene la declaración enigmática que genera suspicacias sobre qué fue lo que realmente se trató en la reunión de Sochi. Putin afirmó que Rusia cumplirá sus obligaciones con Bielorrusia “con independencia de quien se encuentre en el poder en ese momento” en Minsk.

La declaración parecía confirmar que Putin ya tiene asegurados los intereses rusos esté o no Lukashenko en el poder y que la hipotética Bielorrusia “post-Lukashenko” parece estar en la mesa de negociación.

La “affair Navalny”

El “reseteo” de la alianza Putin-Lukashenko tras algunos roces anteriores viene en un momento de renovación de las tensiones entre Rusia y la Unión Europea motivadas por las acusaciones europeas de presunto envenenamiento del líder opositor ruso Aléxei Navalny, ocurrido en agosto pasado en la localidad siberiana de Omsk.

Navalny fue inmediatamente enviado a Alemania para su tratamiento, el cual está actualmente en fase de recuperación.

Fuentes oficiales alemanas informaron que, según informes de laboratorios franceses y suecos, Navalny habría sido envenenado con Novichok, una sustancia neurotóxica utilizada en la década de 1970 por la KGB soviética. Esta misma sustancia habría sido utilizada contra el ex espía ruso Serguéi Skripal en 2018, en su exilio en Londres. Moscú ya ha desmentido estas acusaciones asegurando que todas las provisiones de Novichok “han sido destruidas” en Rusia.

El tema “affaire Navalny” ha provocado tensiones entre Putin y la Unión Europea. La canciller alemana Ángela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron han pedido explicaciones a Putin vía conferencias online sobre lo sucedido con Navalny.

Para Putin, la crisis con Europa es relevante porque podría frenar el proyecto energético Nord Stream II, la red de gasoductos rusos que pasan precisamente por Bielorrusia y Ucrania hasta el Mar Báltico vía Alemania y en la cual un consorcio alemán es socio estratégico.

Los medios rusos, estrechamente afiliados a la visión del Kremlin, han denunciado la excesiva “politización” del gasoducto Nord Stream II como móvil de fricción entre Rusia y Alemania. Estos medios han aducido que EE.UU presiona a Berlín para sepultar este gasoducto vital para la economía rusa. Otros países como Polonia y Ucrania, de vocación más prooccidental y tradicionalmente antirrusos, también ampararían esta petición.

Del mismo modo, Putin está concentrado en impulsar propagandísticamente los beneficios de la vacuna rusa contra el coronavirus, apuntando a Europa como su principal socio comercial. En este ámbito compite con EE.UU, China y Gran Bretaña.

Esto explica igualmente porqué la crisis bielorrusa ha pasado casi desapercibida, incluso con cierto nivel de indiferencia, en los principales medios rusos, a excepción de lo que ha ocurrido con la crisis ucraniana de 2014. La orden del Kremlin parecía clara: propaganda para la vacuna rusa y menos atención a lo de Bielorrusia para no irritar a Occidente, mientras “cocía” una salida a fuego lento por debajo de la mesa.

Por ello, las tensiones vía Navalny y la indefinición de la crisis en Bielorrusia son obstáculos en ese camino de Putin de intentar “recomponer” las relaciones con Europa, su principal socio energético.

Antes que ocurriera el “affaire Navalny”, el silencio de Putin ante la crisis bielorrusa resultaba enigmático para Europa. Este silencio podría interpretarse como una táctica de Putin para evitar reproducir en Bielorrusia algo similar a la “crisis Crimea-Ucrania” de 2014, que ha perjudicado enormemente las relaciones ruso-occidentales, sanciones mediante.

La posición oficial del Kremlin en Bielorrusia se basa en propiciar una solución negociada entre las partes y la posibilidad de un nuevo proceso electoral, algo que parecía a priori conectar con las demandas de la oposición bielorrusa liderada por Svetlana Tijanóvskaya, actualmente refugiada en Lituania.

No obstante, el oscuro caso del supuesto secuestro de la líder opositora bielorrusa María Kolésnikova la semana pasada en Minsk, enturbió aún más el panorama. Las autoridades bielorrusas anunciaron la detención de Kolésnikova cuando presuntamente intentaba escapar hacia Ucrania.

Por ello, el pacto renovado entre Putin y Lukashenko tiene varias lecturas. El Kremlin sigue apostando oficialmente por su aliado en Minsk pero ya avizora escenarios futuros donde la oposición pueda tener un peso político específico.

Antes de marchar a Sochi para su reunión con Putin, Lukashenko habló de una reforma constitucional en Bielorrusia que “descentralice” el poder. La oposición bielorrusa ya rechazó esta medida que consideró “cosmética”.

Mientras busca cómo contener unas protestas aún masivas en Bielorrusia, el Kremlin ata a Lukashenko para ganar tiempo e intentar dilatar y dividir a la oposición bielorrusa a través de la oferta de reforma constitucional, el crédito financiero suministrado al atribulado presidente bielorruso y la posibilidad de que las protestas en las calles de Minsk se enfríen, toda vez la represión del autoritario régimen bielorruso hace su trabajo.

Venezuela y CITGO

Ante este panorama se impone indagar qué tiene que ver todo esto con Venezuela. Como el de Lukashenko, el régimen de Maduro es un aliado clave para los intereses hemisféricos occidentales de Putin.

Estos intereses rusos en Venezuela se miden ahora ante dos procesos electorales a la vista: las presidenciales estadounidenses de noviembre próximo y las controversiales legislativas venezolanas de diciembre, en las que Maduro ansía recuperar, vía proceso electoral fraudulento, la Asamblea Nacional para enterrar definitivamente el interinato presidencial de Juan Guaidó.

La Unión Europea ya anunció que no enviará delegación oficial a las legislativas venezolanas, aduciendo la falta de garantías de transparencia electoral y el escaso tiempo para preparar la delegación europea. También ha reafirmado su apoyo a Guaidó y su desconocimiento presidencial tanto de Maduro como de Lukashenko.

Ante este panorama, Putin busca sacar partido de ambos procesos electorales en EE.UU y Venezuela. En el primero, no es probable que apueste por Joe Biden en las presidenciales estadounidenses, toda vez calcula con mayor nitidez cómo tratar con Trump en caso de ser reelegido.

El Kremlin sabe que un eventual retorno del Partido Demócrata a la Casa Blanca reforzará las investigaciones sobre la presunta injerencia rusa en EE.UU desde 2016, que Trump ha logrado despejar de forma intermitente a nivel judicial con cierto costo político: en 2018, el Partido Demócrata ganó las legislativas estadounidenses, el famoso “mid-term”.

La preocupación para Putin no se limita a las acusaciones de presunta penetración de hackers rusos en las elecciones 2016 vía fake news, un asunto de seguridad nacional en EE.UU. Lo que preocupa al Kremlin es el futuro de las operaciones realizadas sobre CITGO por Maduro y la estatal rusa Rosneft desde comienzos de 2016, cuando la Asamblea Nacional en Venezuela pasó a manos de la oposición y bloqueó esta operación.

Esta inquietud rusa es mayor tomando en cuenta que los demócratas tienen la mayoría en el Congreso estadounidense y, en caso de que Biden llegue a la Casa Blanca, acelerarán esas investigaciones con CITGO en el foco. Un tribunal estadounidense ya ha denunciado la ilegalidad de la operación de venta de acciones de CITGO a Rosneft realizada por Maduro y Putin en 2016.

El tema CITGO también gravita en las legislativas venezolanas. Putin quiere una nueva Asamblea Nacional “madurista” con escasa presencia opositora que no incomode la aprobación definitiva de la venta de CITGO a Rosneft. Ya lo intentó en enero pasado, con el fiasco de la “boutade” del diputado Luis Parra. Pero ahora, Putin maneja otras cartas. Necesita a CITGO como elemento de presión en la Casa Blanca, con Trump o Biden en el poder.

La “operación Capriles” y la vía turca

Otro problema para Putin es saber si, en caso de ser reelegido Trump, su administración seguirá apostando por Guaidó como líder de la transición en Venezuela.

El órdago lanzado por Henrique Capriles Radonski y otros líderes opositores como Stalin González, de romper la hoja de ruta de Guaidó y presentarse para las elecciones legislativas prêt-à-porter del régimen madurista, de seguro ha sido bien recibido en el Kremlin. Esto ha confirmado la división en las filas opositoras, desacreditando el liderazgo de Guaidó y colocándolo en una posición delicada.

Con ello, la decisión de Capriles de hacerle el juego a Maduro ha provocado la implosión del denominado “G4” dentro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El plan de Maduro es abrir los canales de una “realpolitik” orientada a posibilitar una cohabitación entre una oposición dócil y el establishment del régimen “madurista”.

Esta perspectiva en Venezuela es la que Putin está igualmente buscando en Bielorrusia: un pacto entre las élites del régimen de Lukashenko y una oposición que moviliza grandes porciones de la sociedad y cuenta con el apoyo internacional, pero cuyo verdadero peso político dentro del estamento bielorruso es aún una incógnita.

En la “operación Capriles” está la conexión vía Turquía, un país que ha virado recientemente su orientación geopolítica a favor de Rusia y China en detrimento de la tradicional orientación atlantista turca vía OTAN.

Tras la ruptura de Capriles con la hoja de ruta de Guaidó, el canciller turco Mevlut Cavusoglu confirmó esa dimensión de la vía turca en Venezuela. Aseguró que Capriles y Stalin González hablaron con funcionarios turcos para que se garantizara la presencia de observadores internacionales en el fraude electoral que Maduro organiza para las legislativas. Capriles confirmó estos contactos.

En los últimos años, Turquía ha aumentado exponencialmente su presencia en Venezuela no sólo en el aspecto económico sino también de relaciones diplomáticas y políticas favorables a Maduro. Su presencia en el Arco Minero y el negocio internacional del oro venezolano es igualmente patente.

La vía turca en Venezuela muy probablemente lleve el sello del Kremlin, diversificando así sus actores y alianzas en Venezuela a través del eje euroasiático que Putin ha trazado con Turquía e Irán, en el cual China es igualmente un socio estratégico.

La “operación Capriles” diseñaría un presunto plan de mediación turca en la crisis venezolana. Esto puede explicar el porqué de los indultos de Maduro a 119 presos políticos desde finales de agosto, con la intención de lavar su maltrecha imagen internacional y ganar tiempo para desgastar a Guaidó vía Capriles.

Debe igualmente tenerse en cuenta que Turquía, como Rusia e Irán, diseñaron una red internacional de apoyo financiero a Maduro que le permitiera saltarse las sanciones internacionales vía EE.UU. y Unión Europea. Esa red tiene un nombre clave: Álex Saab.

La certificación de la extradición a EE.UU de Álex Saab, actualmente preso en Cabo Verde, acelera estos contactos turcos con Capriles y una mediación con el aval ruso.

Saab ha sido el cerebro de esta red financiera internacional que favorece a Maduro, razón por la que el Kremlin busca alternativas en Venezuela que despeje cualquier posibilidad de verse involucrado en las acusaciones que Saab realizaría ante la justicia estadounidense.

El “caso Saab” también tendría extensión colateral con el “affaire Navalny”, ya que el líder opositor ruso investiga la corrupción estructural y enémica del régimen de Putin. Con Saab en vías de extradición a EE.UU, Putin busca borrar cualquier tipo de evidencias.

De imponerse la “opción Capriles” como elemento de división en la oposición venezolana de cara a las legislativas, apuntándolo como el posible rostro de la “oposición dócil” que busca Maduro con asesoría rusa,  Putin podría haber conseguido en Venezuela una solución similar a la que acaba de alcanzar con Lukashenko en Bielorrusia. Del mismo modo, el apoyo irrestricto de Putin a Maduro es un fait accompli que se reforzará una vez se conozca el ganador en las presidenciales estadounidenses.