Una Corte de Nueva York emitió esta semana una decisión en la que se niega a tomar parte en el conflicto de Pdvsa contra MUFG Union Bank, NA y GLAS Americas, LLC sobre la demanda de nulidad de un bono de deuda de la petrolera estatal venezolana que fue emitido por el régimen de Nicolás Maduro en 2016, sin la autorización de la Asamblea Nacional.
En la sentencia a la que tuvo acceso el Panam Post se lee que: «Estados Unidos respetuosamente no toma posición sobre la cuestión de si la doctrina del acto de Estado se aplica en este caso, a la luz de cuestiones de hecho y del derecho venezolano antecedente a la posible aplicabilidad de la doctrina y sostiene que sería apropiado para la Corte, de conformidad con la ley y la política de EEUU, evaluar primero los argumentos presentados por las partes sobre si la emisión de los bonos 2020 y la prenda de garantía asociada son válidas según la ley aplicable».
Sin embargo, la Corte también aclara que a pesar de no tomar parte sobre la aplicabilidad de la doctrina de Estado, existen unas sanciones que mantienen congeladas ciertas operaciones en donde se vean involucrados estos activos de Pdvsa.
«Incluso si se emitiera una sentencia contra Pdvsa en este caso, las restricciones a las sanciones prohíben actualmente ciertas transacciones relacionadas con los Bonos 2020, así como todas las transacciones relacionadas con la venta o transferencia de acciones de CITGO Holding, Inc., en ausencia de una autorización específica de la OFAC», se especificó.
El documento reseña que la política exterior de Estados Unidos con respecto a Venezuela se ejecuta a través de la implementación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC en inglés) como parte de las sanciones de EEUU contra el régimen, sin tener en cuenta la doctrina del acto de Estado.
A continuación, un extracto que explica la decisión tomada en el conflicto Pdvsa, MUFG Union Bank, NA y GLAS Americas, LLC:
Nuevamente, mientras Estados Unidos no toma ninguna posición sobre este corolario de la doctrina del acto de Estado en este caso, observamos que la ley y la política de los Estados Unidos generalmente favorece la certeza en las relaciones contractuales legales y un proceso ordenado para reestructurar deudas soberanas cuyo pago los acreedores pueden legítimamente esperar.
Con Respeto a los Bonos 2020 en particular, sin embargo, las partes cuestionan la legalidad de la emisión de los bonos y de la prenda de garantía de los bonos, así como la legitimidad de las expectativas de los bonistas debido a las acciones de la Asamblea Nacional venezolana cerca a tiempo a la emisión de los Bonos 2020.
Esas cuestiones de la legislación y la práctica venezolanas, junto con las cuestiones de hecho (incluidas con respecto a la conciencia afirmada de los tenedores de bonos sobre los riesgos relacionados), no son asuntos sobre los que el gobierno está en condiciones de opinar, pero Estados Unidos cree que la resolución de estos problemas por la Corte debe preceder a cualquier consideración de la doctrina del acto de Estado.
Este bono cuyo pago aún está en disputa, se emitió como parte de un canje de deuda y tiene como garantía la mitad de las acciones de Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos.
De acuerdo con el portal DW, al iniciar la demanda por parte de Gobierno interino se objetó que según la ley venezolana, la emisión debía estar autorizada por el Parlamento, que en 2019 los habría declarado ilegales, por lo tanto la junta ad hoc de Pdvsa explicó que «los bonos 2020 son, en consecuencia, nulos e inaplicables».
Este bono cuyo pago aún está en disputa, se emitió como parte de un canje de deuda y tiene como garantía la mitad de las acciones de Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos. De acuerdo con el portal DW, al iniciar la demanda por parte de Gobierno interino se objetó que según la ley venezolana, la emisión debía estar autorizada por el Parlamento, que en 2019 los habría declarado ilegales, por lo tanto la junta ad hoc de Pdvsa explicó que «los bonos 2020 son, en consecuencia, nulos e inaplicables».
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