El Gobierno interino ha activado una serie de pasos para dar mayor legitimidad no solo al peso como institución de la Asamblea Nacional, sino también a todos los movimientos que ejecutará para respaldar, entre otras cosas, la decisión de no presentarse en el fraude electoral
La Asamblea Nacional venezolana está a contrarreloj para definir el plan de acciones a ejecutar ante un escenario que se muestra turbio para los partidos que se aglutinan en la coalición opositora. Mientras que la dictadura de Nicolás Maduro abona el terreno para llevar a cabo un fraude electoral, los quiebres en la disidencia entre los que quieren participar y los que todavía se resisten a la idea han terminado por dañar la «fuerza monolítica» que buscó en un primer momento el presidente Juan Guaidó.
A pesar de que restan pocas semanas, el Gobierno interino ha activado una serie de pasos para dar mayor legitimidad, no solo a su peso como institución, sino también a todos los movimientos que vaya a ejecutar para respaldar, entre otras cosas, la decisión de no presentarse en el fraude electoral y continuar en funciones hasta la materialización de elecciones libres y transparentes en Venezuela.
Al respecto, el presidente del legítimo Tribunal Supremo de Justicia que hoy se encuentra en el exilio, Miguel Ángel Martín, le explicó al PanAm Post sobre la repercusión de cada uno de estos mecanismos que buscan sostener la legalidad de la Asamblea Nacional tanto en el país, así como también ante la mirada internacional de una coalición democrática de al menos 50 países que respalda el accionar de Guaidó frente a las tretas de la tiranía de Maduro señalada como un poder de facto que busca el enfrentamiento con poderes que sí tienen una legitimidad de origen, como es el caso del Parlamento.
«Están haciendo consultas públicas. Dentro de las facultades de la AN está hacer consultas a los integrantes de la sociedad civil, pero la consulta está muy limitada porque no está todo el espectro nacional involucrado y creo que hay que comprometer a todos los venezolanos a enfocarnos en la salida del régimen», aseveró el jurista.
No obstante, las reservas frente a la consulta que pretende ejecutar el Gobierno interino de Guaidó han estado a la orden del día. Entre las polémicas que se han suscitado en torno a este objetivo, más allá de las críticas que ha ganado el también presidente de la Asamblea Nacional por repetir un acto de esta naturaleza —semejante al de 2017—, figura que la llamada «consulta popular» se hará en persona, un requisito que debido a la situación mundial por el coronavirus causó inquietud entre la ciudadanía.
Al respecto, Guaidó justificó recientemente la ejecución de esta estrategia al indicar que «La consulta no es en el fin en sí mismo, como no lo es una marcha, como no lo es una protesta. Es un vehículo, es un medio de expresión de sostenimiento de la protesta, de organización, de comunicación».
Sobre el financiamiento de un acto de tal magnitud, que precisa una seria maquinaria y logística, Guaidó aseveró que «tendremos que buscar apoyo para poder ejecutarla y que se exprese el pueblo de Venezuela», al igual que 2017.
¿De dónde saldrían los recursos para la consulta de Guaidó?
Sin embargo, en abril la Asamblea Nacional venezolana anunció la aprobación de un acuerdo que autoriza la transferencia del saldo en dólares de una cuenta bancaria del Citibank perteneciente al BCV chavista a otra cuenta bancaria del banco de la Reserva Federal de Nueva York. En su oportunidad los medios locales informaron que el monto de esta operación asciende a 342 millones de dólares y el dinero es producto de operaciones relacionadas con las reservas de oro venezolano.
Sobre las gestiones para el uso de estos fondos, la coalición opositora en el Parlamento aprobó parte del presupuesto especial enmarcado en «la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Riesgo Vital», un reglamento que regula el uso del dinero que ha sido recuperado.
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Sobre las gestiones para el uso de estos fondos, la coalición opositora en el Parlamento aprobó parte del presupuesto especial enmarcado en «la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Riesgo Vital», un reglamento que regula el uso del dinero que ha sido recuperado.
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