La respuesta de las autoridades ante la situación precaria que padecen al menos dos mil personas, no fue más allá de los perdigonazos propinados por efectivos del Destacamento 112 de la Guardia Nacional (GNB). Diputados de la Asamblea Nacional (AN) y ONG denunciaron y rechazaron la represión.
La problemática con los servicios públicos que implica estar entre cuatro y cinco días sin luz, entre otras penurias, es de vieja data. Pero la medida de cuarentena nacional decretada por el Ejecutivo desde el 16 de marzo para evitar la propagación del COVID-19, sumado a la decisión del gobierno de Colombia de cerrar la frontera con Venezuela, profundizó la escasez de productos alimenticios. Los habitantes de la región se ven impedidos de cruzar al vecino país para abastecerse.
“Es grave la situación en varias comunidades indígenas del Zulia. Sin asistencia de los gobernantes nuestros hermanos indígenas quedaron confinados en esas tierras como si fueran campos de concentración. A pesar de la cuarentena y el temor por el virus decidieron movilizarse y protestar, no se van a morir de hambre”, expresó el diputado indígena de la Asamblea Nacional (AN), Virgilio Ferrer.
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado Zulia alertó que motivado al cierre de la frontera los indígenas no pueden cruzar hasta el comedor de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ubicado en Paraguachón del lado colombiano. Tampoco reciben el programa alimentario CLAP.
Docente estable pero con la cara marcada
En redes sociales circularon fotos y videos de la manifestación wayúu del domingo, era el segundo día consecutivo. Según la prensa regional hubo heridos leves, pero destacó la imagen de la cara ensangrentada de la docente indígena y líder comunitaria Lisbeth Palmar. Recibió perdigonazos en la mejilla izquierda que ameritaron sutura.
“De salud está estable, está recibiendo tratamiento con antibióticos pero su cara quedó marcada de por vida. Luego del incidente no ha habido respuesta de los organismos regionales ni nacionales ante las peticiones, hacemos un llamado para que reflexionen”, expresó Ferrer sobre la condición física de Palmar.
Aunado a la agresión, agregó, la líder indígena tuvo que cruzar la frontera hacia el lado colombiano por vías alternas para recibir atención médica en Maicao, dado que el hospital binacional Paraguiapoa está por el suelo, sin capacidad siquiera para que funcione como triaje.
Codhez denunció que en la manifestación, efectivos de la GNB no solo usaron perdigones sino bombas lagrimógenas y hasta balas. En los videos también se apreció a los funcionarios que disparaban desde los techos de los comercios y desde el mismo Destacamento.
“Entre los manifestantes había adultos, niños, jóvenes y ancianos, exigiendo a la alcaldesa (municipio la Guajira) Indira Fernández un plan de emergencia para atender de inmediato las necesidades básicas del pueblo wayúu que clama por alimentos y agua potable”, señaló la ONG en un comunicado.
Actividad comercial paralizada
Con la falta del vital líquido también se obstaculiza la prevención ante el virus entre los wayúu, puesto que si la comunidad indígena no tiene agua para beber, cocinar ni hacer labores de limpieza, menos para lavarse constantemente las manos. El rio Ranchería que nace en Colombia está cerca, pero seco, producto de la sequía intensa en la región.
Hasta el 16 de abril se registraron 204 casos confirmados de COVID-19 en todo el país, de acuerdo con cifras suministradas por el gobierno de Nicolás Maduro. El estado Zulia figura con solo cuatro contagios.
La actividad comercial en la Guajira consiste básicamente en la cría de ovejas y cabras y la pesca. También se vive de la venta de manualidades como chinchorros, mantas guajiras, alpargatas, entre otros. Pero Ferrer advirtió que la situación actual es de paralización. “¿De qué viven si no pueden salir de sus casas?”, se preguntó.
Durante la quinta semana de cuarentena, las protestas en varias regiones del país como Carabobo y Falcón, se han reactivado, especialmente por ausencia de gasolina. Durante la sesión de la AN del 15 de abril, los diputados encabezados por Juan Guaidó acusaron al régimen de Nicolás Maduro de usar el aislamiento social como excusa para reprimir protestas.
Ferrer planteó la conformación de una comisión mixta que investigue las agresiones a los wayúu. Falta que Guaidó designe a sus integrantes. Los resultados de las averiguaciones serán consignados ante organismos internacionales de derechos humanos.
Ferrer planteó la conformación de una comisión mixta que investigue las agresiones a los wayúu. Falta que Guaidó designe a sus integrantes. Los resultados de las averiguaciones serán consignados ante organismos internacionales de derechos humanos.
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