La Unión Europea (UE) se apresta a permitir que los gobiernos del bloque participen en la recapitalización temporal de las empresas afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19. No obstante, como esas intervenciones públicas tienen un impacto significativo en la competencia, deberán ser utilizadas "como último recurso" y estarán sometidas a condiciones claras en cuanto a la entrada, la remuneración y la salida del Estado en las esas empresas.
A grandes males, grandes remedios: frente al coronavirus, los gobiernos de gran parte de la UE no dudaron en hacer suya esa máxima. Violentamente golpeadas por la pandemia, que ya provocó cerca de 84.000 muertos en el bloque y perturbó los cimientos de la actividad económica, numerosas capitales comenzaron hace varias semanas a declararse dispuestas a ayudar a sus empresas -sobre todo aquellas estratégicas- "cueste lo que cueste", incluso recurriendo a eventuales nacionalizaciones de corta duración. Ese es el caso de Italia, Francia, Alemania o España.
"En mi estrategia industrial presentada en 2019, había evocado una participación temporaria del Estado, como último recurso, en el capital de empresas de sectores altamente estratégicos, a fin de impedir que sean compradas", explicó el ministro de Economía alemán, Peter Altmeier. "En una crisis como la actual, estas cuestiones se plantean en términos de soberanía tecnológica y económica", aseguró ese allegado a la canciller Angela Merkel el 14 de marzo.
Pocas horas después, Lufthansa lanzaba un SOS. Golpeada brutalmente por el cierre de fronteras y aeropuertos, la empresa de transporte aéreo alemana tuvo que suprimir hasta dos tercios de sus vuelos y poner a 10.000 de sus empleados en suspensión temporaria.
Italia, uno de los países más castigados por la pandemia, anunció a comienzos de abril la nacionalización de Alitalia, mientras Francia y Holanda, por su parte, lanzaron esta semana una ayuda masiva para Air France-KLM, aunque se hará "en forma de préstamo". Según la dirección de la empresa aérea binacional, París debería desembolsar unos 10.000 millones de euros, mientras que La Haya -menos generosa- se apresta a firmar un cheque de entre 2000 y 3000 millones de euros.
Esa ayuda tendrá la forma de "préstamos bancarios garantizados a 90% por los Estados y por préstamos estatales directos", precisó la dirección del grupo. "Esas ayudas nos comprometen y deberán ser reembolsadas", insistió.
Esta intervención no será una novedad para Francia, que ya es accionista de referencia en empresas claves de diferentes sectores estratégicos, como las energéticas Engie y EDF, Orange (telecomunicaciones), Renault o incluso Air France-KLM.
Esta semana, presionada por las grandes economías del bloque, la Comisión Europea (CE) rompió con su tradicional política de defensa de la libertad de comercio y de competencia y anunció su intención de adoptar un nuevo marco "temporario" a fin de permitir a los Estados miembros "explotar plenamente la flexibilidad prevista por las reglas en materia de ayudas estatales, a fin de sostener la economía en la pandemia".
"Debemos actuar rápidamente para controlar las consecuencias de la crisis. Y debemos hacerlo en forma coordinada", dijo Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva a cargo de la Competencia.
La CE pide a los países, sin embargo, que demuestren que sin su intervención la empresa en cuestión estaría condenada al cierre o tendría "serias dificultades" para mantener su actividad.
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"Debemos actuar rápidamente para controlar las consecuencias de la crisis. Y debemos hacerlo en forma coordinada", dijo Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva a cargo de la Competencia. La CE pide a los países, sin embargo, que demuestren que sin su intervención la empresa en cuestión estaría condenada al cierre o tendría "serias dificultades" para mantener su actividad.
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