Juan Guaidó
El gobierno detuvo a su tío como parte de una andanada contra el entorno que secunda al líder opositor
El líder opositor Juan Guaidó comprobó en carne propia cómo la revolución decidió estrangularlo al límite de la asfixia. La detención ilegal de su tío en el aeropuerto fue el colofón de la bienvenida chavista, cuando regresaba a Caracas, convertida en un aquelarre violento que dio la vuelta al mundo.
"Como Maduro es un cobarde que no da la cara porque no lo aceptan, entonces arremete contra mi familia", se quejó el presidente legítimo del Parlamento tras la captura de su primer familiar por el régimen de Maduro, anteayer, que ya amenazó a su madre, enferma de cáncer.
Juan José Márquez (58 años), Cheché para la familia, no solo es muy cercano al presidente encargado, sino que también lo ayuda con las finanzas de su despacho. Este piloto civil viajó con su sobrino y dos colaboradores de Lisboa a Caracas, pero lo retuvieron al pasar por Migraciones. Se lo acusó de llevar una camisa semiblindada para protegerse de agresiones.
La presidencia encargada emitió una alerta internacional porque Márquez estaba detenido en dependencias de la policía política y recién a última hora de ayer fue trasladado a tribunales. Una nueva andanada para amedrentar a quien debe retomar la iniciativa en casa tras recibir el espaldarazo del mundo democrático.
Pese a los contratiempos, Guaidó se puso en marcha ayer mismo, nombrando al abogado Juan Pablo Soteldo como contralor especial en un intento de reconducir el descontrol administrativo de su equipo y de sus cargos en el exterior, respuesta evidente a las denuncias producidas durante el año de lucha.
"Tenemos una estrategia, tenemos una hoja de ruta. Los mecanismos de presión solo van a aumentar", adelantó al país, al tanto de que llegan nuevas sanciones desde Estados Unidos. En su plan aparece como primera iniciativa recuperar la calle, algo que en este momento está muy alejado de sus posibilidades.
En Venezuela toca resolver el día a día, una cubanización evidente de su sociedad. Es el país donde más protestas se producen (según el Observatorio de la Conflictividad Social, en 2019 fueron 16.739). Pero son casi siempre pequeñas concentraciones provocadas por el derrumbe de los servicios públicos. La represión salvaje y el terror gubernamental se convirtieron en otro dique de contención que parece insalvable.
Y todo eso ocurre pese a que el 80% del país sueña con la salida de Maduro, pero cuando las fuerzas opositoras están más debilitadas. Familiares, correligionarios, colaboradores, ayudantes, escoltas y choferes de Guaidó están bajo la lupa del gobierno, que ya encarceló a su primer jefe de gabinete, Roberto Marrero, y provocó la fuga de quienes lo sustituyeron, Sergio Vergara hace meses, y el expreso político Yon Goicoechea en los últimos días. Una docena de miembros del equipo de Guaidó ya están en el exilio.
De esta forma, en clara desventaja, Guaidó deberá buscar su sitio tras la gira internacional. Buscar su lugar estratégico después de buscar un espacio para trabajar, porque el chavismo invadió el Palacio Federal Legislativo, colocando a la fuerza a la "marioneta" Luis Parra y además también tomó la Oficina del Despacho de la Presidencia en el este de Caracas, donde trabajaban al menos 100 personas.
En ambos lugares transcurría la mayor parte del tiempo del presidente encargado, entre reuniones, estrategias y conferencias de prensa. Dos acciones que pretenden hacerlo más vulnerable y más ineficaz. Una vulnerabilidad que quedó demostrada en el propio aeropuerto: al presidente encargado la turba chavista desplegada por el gobierno le lanzó puñetazos, codazos, empujones y zarandeos, y hasta le destrozaron la camisa. Esa avalancha de golpes también dejó a 12 periodistas heridos, incluidos mordiscos contra reporteras, robo de equipos y dinero y cuchillos dibujando amenazas con sus filos.
Al frente del operativo estaba un especialista en guerra sucia: el coronel Franco Quintero, exjefe de torturas de la Dirección General de la Contrainteligencia Militar, acusado ante la Corte Penal Internacional de La Haya.
Esa avalancha de golpes también dejó a 12 periodistas heridos, incluidos mordiscos contra reporteras, robo de equipos y dinero y cuchillos dibujando amenazas con sus filos. Al frente del operativo estaba un especialista en guerra sucia: el coronel Franco Quintero, exjefe de torturas de la Dirección General de la Contrainteligencia Militar, acusado ante la Corte Penal Internacional de La Haya.
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