El acto de fuerza ejecutado por el gobierno de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional (AN) no se hubiese dado sin su propósito de dinamitar el camino político y el voto, enfatizó el presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, Ramón Guillermo Aveledo.
En entrevista para TalCual, el también expresidente de la Cámara de Diputados y quien fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), aseveró que, con el asalto a la institucionalidad del Poder Legislativo, el Gobierno pretende demostrar que ni la directiva que preside Juan Guaidó ni el Parlamento que pretende dirigir Luis Parra cuentan con los 2/3 que se requieren para designar el nuevo Consejo Nacional Electoral, y que la competencia sea asumida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En ese contexto, Aveledo puntualizó que la crisis del país es más grave que el 4 de enero. Manifestó que el desafío de Guaidó, como líder opositor, es presentar un camino político que permita un proceso electoral que convenza a todos los venezolanos, incluso el 30% que aún respalda a Maduro.
-El diputado Luis Parra se ampara en una presunta legalidad, no ha presentado ningún soporte del quorum, pero sí diferentes versiones para justificar su designación de una directiva dudosa
-Los actos del poder público están acompañados de la presunción de legalidad. Se presumen legales hasta que sean impugnados por alguien y sean dilucidados. La Asamblea Nacional tiene procedimientos para instalarse que son distintos, cuando es la instalación en el primer período luego de elecciones y cuando es la instalación anual. La tesis de aplicar por analogía lo del diputado más viejo solo opera en una nueva AN. Tampoco se cumplió la formalidad del director de debates, porque el director de debates de la sesión preparatoria es el presidente del período anterior o quien haga sus veces, uno de los vicepresidentes y eso no ocurrió.
Pero tenemos otra circunstancia que acentuó lo atípico de los eventos ocurridos en el hemiciclo el 5 de enero: no fue permitida la entrada de los medios, era una sesión con intención de secreto, de ser en la intimidad, solo los medios gubernamentales pudieron. Y la publicidad es un principio de los actos parlamentarios porque la característica esencial del Palacio Legislativo es que es público, que es abierto. Sí estuviéramos hablando en términos de derecho penal, sería un indicio de culpabilidad. Y el otro indicio muy serio es el despliegue militar. Es decir, un despliegue militar completamente inusual. Yo creo que inédito. Cuando se suman esos elementos resulta un cuadro que deslegitima.
-¿Ese acto es ilegal e ilegítimo?
-Sí, para mí no tiene ninguna duda. Ahora hay el recurso planteado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el tribunal le pide a Parra que presente las pruebas, pero son hecho públicos y notorios. Si se quiere resolver el problema se podría decir, bueno, que se haga como ha dicho el gobierno de México y el gobierno de Argentina, que se realice una nueva sesión. Guaidó, digamos, la directiva y los diputados que aprobaron un acta podrían alegar, un momentico, la sesión que ocurrió fue esta. No hay ninguna constancia de que haya pasado la otra sesión. Yo creo que cualquier ciudadano tiene derecho a tener una duda. ¿Y qué es lo que se pretende con esto? Es muy posible que el ciudadano en la calle piense que se quiere dejar constancia de que no hay dos tercios en ninguno de las dos para elegir al Consejo Nacional Electoral (CNE), y por tanto, asumir, directamente, el TSJ esa competencia.
-El Gobierno desestima la sesión de la AN en la que se escogió a Guaidó como presidente y que realizada fuera del hemiciclo dado los obstáculos para el ingreso de la mayoría de los parlamentarios
- La directiva de Guaidó, Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia es absolutamente legal y válida porque la reforma reglamentaria de 2010 permite sesionar en cualquier lugar que así se escoja. Es irrelevante donde se celebró la sesión. De esa sesión hay acta, aprobada por cierto después en el hemiciclo en la sesión siguiente que es un procedimiento estándar en todos los parlamentos del mundo.
-¿El objetivo del Gobierno es adelantar las parlamentarias, como ha dicho reiteradas veces?
- Que no le correspondería al TSJ, pero que ya está insinuado en discursos del oficialismo, de que la solución es que, bueno, arreglemos esto y que haya una nueva elección, pero una elección de diputados, no de junta directiva, y llevar hacia allá dentro de un esquema que puede estar en la intención de los eventos del 5 de enero, que es dinamitar el camino político y seguir la crisis. El Gobierno pudo continuar con lo que venía haciendo, está en desacato la Asamblea Nacional. como ha dicho sin fundamento desde diciembre de 2015, y la desconozco; llega el momento y elige, es decir, nombrar el CNE por vía del TSJ, como lo había anunciado Felipe Mujica, a raíz de las reuniones en la Casa Amarilla. Esto sería el trascurso normal entre comillas de lo que viene en los acontecimientos, en función de su estrategia.
-¿Por qué el Gobierno recurrió a lo que usted califica como un acto de fuerza en la AN?
-Fue un acto de fuerza, esa forma tan abrupta y tan violenta. Yo tengo la impresión de que su finalidad es la de dinamitar el camino político, desprestigiar el camino del voto, para convocar a una elección en la que vote poca gente, en la que participe poca gente, en la que los partidos se vean arrastrados a no votar, a no participar.
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Fue un acto de fuerza, esa forma tan abrupta y tan violenta. Yo tengo la impresión de que su finalidad es la de dinamitar el camino político, desprestigiar el camino del voto, para convocar a una elección en la que vote poca gente, en la que participe poca gente, en la que los partidos se vean arrastrados a no votar, a no participar.
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