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| Luis Tinoco |
Un mundo nuevo emerge inexorable. Mientras el viejo se resiste a desaparecer. La idea del crecimiento a toda costa que caracteriza el modelo económico actual se está poniendo en entredicho tanto por la comunidad científica, como por los organismos multilaterales y algunos Gobiernos. La Gran Recesión dejó tras de sí un reguero de desigualdad que el aumento de la actividad productiva posterior no ha sido capaz de eliminar; el calentamiento global agrieta el planeta construyendo un futuro cada vez más preocupante para las nuevas generaciones, mientras la tecnología que permite minimizar estos dos lastres ya está operativa aunque probablemente su impacto no está llegando todo lo lejos que debiera ni se sabe cuantificar con precisión. Los ciudadanos se quejan. Aumentan las revueltas, los conflictos, el descontento. Y los partidos populistas se hacen fuertes en unas sociedades cansadas de que sus Gobiernos pongan la economía como el fiel de la balanza en vez de su bienestar. Cansadas de que siempre ganen los mismos.
Este es el escenario que ha puesto sobre la mesa el debate sobre si el producto interior bruto (PIB), la herramienta estandarizada para medir la riqueza de los países, es el indicador adecuado para evaluar su progreso o si se necesita otro más vinculado a la calidad de vida para que los Gobiernos elaboren sus cuentas y tomen las mejores decisiones de gasto. Una discusión que ha estado presente esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) está liderando la corriente que antepone las personas a los números. “El crecimiento medido como producción y consumo nos está costando muy caro”, sostienen en la dirección del organismo. “No podemos utilizar el PIB como único indicador de progreso económico porque nos ha llevado a muchas distorsiones, como al incremento de la desigualdad en todos los países de la OCDE”.
La organización liderada por Ángel Gurría abandera la corriente del crecimiento incluyente, una formulación más sofisticada, que se basa en establecer como parámetro fundamental el bienestar de las personas en términos de ingresos disponibles, de acceso a la educación, la salud, las infraestructuras, la certidumbre en el trabajo o el empleo de calidad, entre otras variables. “Tenemos que evaluar las inversiones públicas y privadas con arreglo a una especie de checklist que indique los recursos naturales que se van a perder al realizarlas o si van a apoyar al desarrollo de las comunidades. Hemos elaborado un marco de crecimiento inclusivo en el que decimos a los países que no vamos a renunciar al PIB porque es una medida internacional estandarizada, pero hay que complementarla con otros indicadores para que sus gobernantes tomen las decisiones en el marco del crecimiento inclusivo y puedan modificarlas en términos de impuestos, gastos o de productividad en función de cómo le estén afectando a la gente”, señalan desde la OCDE.
Experimento
Nueva Zelanda es el primer país que ha abandonado la doctrina del crecimiento económico a cualquier precio. En mayo pasado su primera ministra, la laborista Jacinda Ardern, presentó los denominados presupuestos del bienestar. Unas cuentas que, por primera vez, han puesto el foco en intentar atajar los problemas más acuciantes de sus casi cinco millones de habitantes: la salud mental de la población, la lucha contra la pobreza infantil, el apoyo a las comunidades indígenas, la transición a una economía baja en emisiones y el impulso de la innovación, explica Nigel Fyfe, embajador de Nueva Zelanda en Madrid.
Para ello ha puesto sobre el papel 25.600 millones de dólares neozelandeses (unos 15.000 millones de euros) para los próximos cuatro años y ha confeccionado el llamado Marco de Condiciones de Vida, donde se analizan esferas del bienestar como medio ambiente, salud, vivienda, identidad cultural, ingresos, consumo, empleo… “para asesorar a los Gobiernos” sobre cómo sus compromisos políticos “pueden afectar las condiciones de vida de toda la población”. La mitad del gasto se destinará a las prioridades sociales. Los nuevos medidores todavía no han dado frutos. Lo mismo que las políticas. “Necesitamos más tiempo, pues ambos son a largo plazo. Lo importante es que hemos hecho el cambio”, indica Fyfe.
Aunque se ha aprobado una partida de 455 millones de dólares neozelandeses (271 millones de euros) para la puesta en marcha de un nuevo sistema de salud mental y reforzado con 40 millones el sistema de detección de suicidios, así como implementado 1.000 plazas para alojar a indigentes. El Gobierno mostrará la evolución de los indicadores cuando se cumpla un año del presupuesto, a medida que las disputadas elecciones generales, que se celebrarán este año, se acerquen. Porque las variables de análisis de impacto, su semáforo de medición, es una pieza clave para orientar las prioridades del gasto.
Nueva Zelanda ha abierto la brecha, sostiene Diego Isabel La Moneda, director de NESI (Fundación Nueva Economía e Innovación Social), una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es contribuir a cambiar el modelo económico para hacerlo más humano y sostenible; pero otros dos Gobiernos, el islandés y el escocés, están trabajando en ello a través de la Wellbeing Economy Alliance (WeAll), un laboratorio de políticas innovadoras destinadas a mejorar el bienestar más allá del PIB. En él participan los tres Ejecutivos y más de 60 organizaciones civiles internacionales, entre las que figura NESI.
Porque, según Isabel La Moneda, hacen falta nuevos indicadores que estén al servicio de las personas y del planeta. “El PIB no sirve para tomar decisiones sino para que los países compitan entre sí”, aprecia. En su opinión, la propia ciudadanía tendría que participar en la decisión de la suma de marcadores que evalúe su calidad de vida y su progreso. Variables no solo cuantitativas sino cualitativas y que no tendrían que ser las mismas para todos los países.
Es la idea alentada por la OCDE, “porque con nuestro arsenal de análisis económico no estamos capturando los intangibles, que son precisamente los que generan confianza entre la ciudadanía”, sostiene. También por el Banco Mundial, que ha incorporado en su recién presentado su barómetro de desarrollo humano un nuevo índice de movilidad social.
El Premio Nobel de Economía de 2001, Joseph E. Stiglitz, es el adalid de la corriente que cuestiona el PIB por sus limitaciones como indicador de progreso. “Si solo nos concentramos en el bienestar material (por ejemplo, en la producción de bienes, más que en la salud, la educación y el medio ambiente), nuestra visión se vuelve distorsionada [...]. Nos volvemos más materialistas”, escribía en este periódico, en su artículo Más allá del PIB, hace poco más de un año. A su juicio, las métricas inadecuadas han llevado a políticas ineficientes, como la austeridad obsesiva tras la crisis, que hubiesen podido reconducirse con otros medidores. “Es hora de retirar los indicadores como el PIB”, ha escrito más recientemente en The Guardian, a la vista de las tres crisis a las que se enfrenta el mundo: la climática, la de la desigualdad y la de la democracia. “Si medimos lo incorrecto, haremos lo incorrecto. Y debe quedar claro que, a pesar de los aumentos en el PIB, a pesar de que la crisis de 2008 se dejó muy atrás, no todo está bien. Vemos esto en el descontento político que se propaga por tantos países avanzados”.
Porque el crecimiento ahora es muy limitado en los países desarrollados y la productividad no está aumentando como cabría esperar con el avance tecnológico. El modelo se agota. El debate no es nuevo, resurge cada cierto tiempo, explica Jesús Fernández-Villaverde, profesor de Economía de la Universidad de Pennsylvania, desde que, como respuesta a la Gran Depresión de 1929, el economista estadounidense Simon Kuznets, el inventor de la contabilidad nacional, crease el PIB para recoger en una única cifra la producción económica de los países para que los Gobiernos se sirvieran de ella para la planificación económica. “Entonces explícitamente se dijo que era una medida económica, no de bienestar. Pero a la gente se le va olvidando e iguala PIB con bienestar”. Y ahora vuelve a reaparecer otra vez de la mano de Stiglitz y de la OCDE. El problema —sostiene— es que no está tan claro lo que hay que medir y qué peso se le da a cada variable, pues para algunos es más importante la educación y para otros la salud; hay quien quiere poner el foco en la igualdad y quien en la esperanza de vida. Es una cuestión de valores y no hay unos mejores que otros.
Articulo completo: https://elpais.com/economia/2020/01/24/actualidad/1579870950_561660.html
El problema —sostiene— es que no está tan claro lo que hay que medir y qué peso se le da a cada variable, pues para algunos es más importante la educación y para otros la salud; hay quien quiere poner el foco en la igualdad y quien en la esperanza de vida. Es una cuestión de valores y no hay unos mejores que otros.
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