En vista de la caída del precio del petróleo a nivel internacional y el desplome de la producción nacional de crudo por la falta de inversión, en 2016 Nicolás Maduro propuso el inicio de la Agenda Económica Bolivariana para impulsar otras áreas de desarrollo en Venezuela. Fue así como se firmó, vía decreto, el proyecto Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”.
La región donde se implementa este ambicioso proyecto ocupa 111.846,86 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 12% del territorio nacional. Es una extensión mucho más grande que países como Holanda, Suiza y Panamá. Su ubicación exacta está entre los estados Bolívar y Amazonas y parte del estado Delta Amacuro, en el sur del país. Este espacio cuenta con 16 comunidades indígenas y, de acuerdo con los inventarios biológicos locales, posee un hábitat natural de 850 especies de aves, 257 de mamíferos, 205 de anfibios y 204 de reptiles.
Las operaciones extractivistas que se han adelantado son desarrolladas por empresas nacionales e internacionales. De acuerdo con el viceministro de Exploración e Inversión Ecominera de Maduro, Víctor Cano, el 55% de las operaciones son desarrolladas por empresas de capital nacional y el 45% por empresas extranjeras. No obstante, el talón de Aquiles de este sector de la economía venezolana no está en los operadores comerciales, sino en las mafias que hoy se erigen como los principales dueños de la extracción.
Las dos caras de un mismo discurso
En el marco de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP25) realizada en Madrid, que inicialmente se desarrollaría en Chile y que debió mover su sede por la ola de protestas que enfrenta el gobierno de Sebastián Piñera; convocó a diversos líderes del mundo con el objetivo de reforzar los compromisos con la mitigación de gases de efecto invernadero que hoy perjudican la temperatura del planeta.
El gobierno de Nicolás Maduro envió a una delegación encabezada por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien declaró en la inauguración de la Cumbre que “ya no hay tiempo, estamos al borde de una catástrofe climática”. Venezuela ha ratificado en las últimas conferencias su compromiso con la lucha por la preservación del planeta, incluso dentro del “Plan de la Patria” chavista esta premisa conforma uno de los cinco objetivos estratégicos. No obstante, las instituciones del país no han implementado políticas acordes con este desafío, los proyectos del Ministerio del Ambiente sobre energía renovable presentan lentitud en su ejecución y opacidad de información.
“Bajo el amparo gubernamental destruyen la naturaleza ha zarpazos, mientras unos pocos son los que realmente se enriquecen de la extracción”
Por su parte, los representantes diplomáticos designados por la Asamblea Nacional, Antonio Ecarri, Embajador de Venezuela en España e Isadora Zubillaga, Embajadora de Francia y Comisionada presidencial adjunta para las Relaciones Exteriores, alzaron su voz en la COP25 Madrid 2019 para dar a conocer la grave situación que representa el Arco Minero del Orinoco, además del impacto a las poblaciones de la Amazonía venezolana.
Pero lo que más preocupa no es este aspecto en el caso venezolano. Desde el 2017, la Asamblea Nacional (AN) y diversos expertos en temas de ambiente han señalado que en el Arco Minero del Orinoco ocurre un ecocidio. La extracción de forma masiva de minerales como bauxita, coltán, diamantes, hierro y especialmente oro ha generado contaminación de los ríos, pérdida del subsuelo, desforestación, enfermedades como la Malaria y lo que es peor, la proliferación de grupos armados al margen de la Ley.
¿Sabías que el Arco Minero se desarrolló dentro de la Reserva Forestal Imataca?
Ya en 2011, el ex presidente Hugo Chávez tomó la batuta para impulsar el proyecto del Arco Minero del Orinoco. Aunque el verdadero origen de la delimitación de una zona exclusiva para la explotación minera formal y comercial, ya había sido discutida en el segundo gobierno de Rafael Caldera. Y antes como ahora, la opinión pública tuvo su protagonismo en rechazarlo, ya que el nuevo decreto involucraba la Reserva Forestal Imataca, un área de bosques delimitada y protegida desde la década de los ‘60.
Entonces el gobierno de Chávez tomó aquel decreto de desregularización de esa reserva forestal y le dio el ejecútese, permitiendo la violación oficial de la mayor reserva forestal del lado norte de la Amazonía del Continente, y que se encuentra en territorio venezolano.
Hoy ante la mirada desconcertada de ambientalistas, poblaciones indígenas y medios especializados, el oro no es todo lo que brilla en el Arco Minero. Le hacen competencia el coltán, diamantes, hierro, níquel, bauxita, una tierra prodigiosa de riquezas minerales ocultas tras la extensión más grande de bosques del país.
Lo que fue por años la extracción de pequeños grupos que explotaban la minería informal, hoy se extiende por cientos de hectáreas de la mano de empresas nacionales, internacionales y grupos irregulares. Todos, bajo el amparo gubernamental, destruyen la naturaleza ha zarpazos mientras unos pocos son los que realmente se enriquecen de la extracción.
Grupos narcoterroristas y mafias delictivas son los que mandan
Según la firma Insight Crime, el ELN y los disidentes de las FARC son dos de los principales operadores dentro del Arco Minero. La extracción del oro ha modificado las estructuras financieras de ambos grupos, los cuales se han beneficiado del amparo de la Fuerza Armada venezolana para desarrollar un corredor con el fin de contrabandear oro a países vecinos. Una de las investigaciones de Insight Crime sostiene que hoy el 60% del financiamiento del ELN viene de la minería ilegal en Venezuela, y en el caso de los disientes de la FARC es el 50%.
Según la firma Insight Crime, el ELN y los disidentes de las FARC son dos de los principales operadores dentro del Arco Minero. La extracción del oro ha modificado las estructuras financieras de ambos grupos, los cuales se han beneficiado del amparo de la Fuerza Armada venezolana para desarrollar un corredor con el fin de contrabandear oro a países vecinos. Una de las investigaciones de Insight Crime sostiene que hoy el 60% del financiamiento del ELN viene de la minería ilegal en Venezuela, y en el caso de los disientes de la FARC es el 50%
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