La idea de forzar que las deudas mantengan un valor real en un contexto inflacionario luce correcta. La situación prevalente en los últimos años se ha traducido en una transferencia sustancial de riqueza a favor de aquellos que han logrado obtener créditos (y pagarlos en las condiciones oficiales) en detrimento de los depositantes que ven cómo los fondos que quedan rezagados en sus cuentas pierden capacidad adquisitiva rápidamente.
Pero tanto la forma como el objetivo de esta medida del BCV son equivocados. El inusitado retraso en su publicación pareciera indicar que hubo dudas sobre su conveniencia, algunas de las cuales pueden ser las que se señalan a continuación.
Indexación asimétrica: persiste el ‘Hood Robin’
La medida no resuelve la tremenda injusticia antes comentada, pues si bien ahora los deudores comerciales ya no podrán beneficiarse de tasas de interés minúsculas en comparación con la inflación, seguirá habiendo otros deudores (hipotecas, tarjetas de crédito, agrícolas, entre otros), que representan cerca de un tercio del total por monto, que pagarán una tasa de interés anual inferior a la inflación mensual.
Mientras, en el otro lado de la ecuación contable, los depositantes seguirán recibiendo migajas por sus fondos. Y aquí radica la contradicción de un gobierno que se ufana de defender a los más necesitados: por definición los que tienen créditos suelen contar con una mejor situación económica que aquellos que sólo tienen depósitos.
Medidas de indexación similares en otros países siempre han cubierto tanto operaciones activas (créditos) como pasivas (depósitos). En algunos casos este alcance es universal, como por ejemplo cuando se instituyó el Plan Real en Brasil, el cual comenzó con una sujeción de todas las operaciones bancarias al valor del Real, en esos primeros momentos un índice de valor constante en función de la inflación.
En otros países la aplicación fue parcial, usualmente determinando que los créditos a largo plazo como las hipotecas y los depósitos a plazo estuviesen denominados en unidades de valor constante. Tal fue (y sigue siendo) los casos de Chile y México. En ambos esquemas no hubo asimetrías que perjudicasen a un sector de la sociedad, como es el caso de la medida del BCV.
EL BCV apunta al objetivo errado
La resolución es explícita en cuanto a su objetivo: “reducción del impacto en el valor de la moneda ocasionado por operaciones de arbitraje cambiario”. Sin duda una porción de los créditos comerciales de la banca ha estado siendo utilizada para adquirir dólares, a sabiendas de que el valor de la divisa será superior al de la deuda al momento de tener que pagarla. Esto es de perogrullo y ha sido estimulado por el propio BCV al mantener las tasas de interés artificialmente bajas por tanto tiempo. Demasiado tiempo.
Pero en el contexto de la economía venezolana, el arbitraje cambiario es un síntoma, no la causa de la constante depreciación de la moneda. Esta última, a su vez, es igualmente el resultado de una inflación que, como lo demuestra lo ocurrido en las últimas semanas, avanza independientemente de lo que ocurra con el precio del dólar.
Con un análisis equivocado por parte del BCV, sin duda la medida no logrará lo que persiguen los que se encuentran al frente de la institución. Por el contrario, los efectos pueden empeorar la situación.
Posibles consecuencias en el sistema bancario
La medida con toda seguridad será exitosa en reducir tanto la demanda como la oferta de créditos comerciales. En el primer caso, al eliminar el incentivo de arbitraje entre la tasa de interés y la depreciación del bolívar, desaparecerá una porción de la demanda actual, tal como lo desea el BCV. Pero igualmente hará que demandantes que buscan financiar operaciones genuinamente comerciales se abstengan ante la incertidumbre que la medida genera.
¿A qué precio del dólar deberé pagar la deuda en x días?
¿Habré vendido al precio adecuado para pagar esa deuda?
¿Me obligarán a vender mi mercancía a un precio que no cubra mi deuda?
Estas serán algunas de las preguntas sin respuestas claras que se estarán haciendo los empresarios.
Y a la banca se le plantean dilemas similares. Las áreas de gestión de riesgo deben estar jalándose los cabellos tratando de crear modelos que cubran todos los escenarios. Si el dólar se mantiene estable o se aprecia, lo cual es algo que ha ocurrido varias veces, entre el otorgamiento del crédito y la fecha de pago, la tasa de interés que ha fijado el BCV (entre 4% y 6% anual) será insuficiente para cubrir el costo financiero de los fondos prestados, aun con las raquíticas tasas de interés pasivas. Eso sin hablar de los desbocados costos operativos.
Luego estarán las dudas acerca de la viabilidad de clientes cuyos pagos por deudas estarán sujetos a una variable con una volatilidad enorme. ¿Quién en su sano juicio otorgará créditos en esas condiciones? En el caso de la banca privada, esto ocurrirá sólo cuando el cliente ofrezca garantías sólidas, preferiblemente un depósito en dólares en una cuenta bancaria del grupo financiero en el exterior. Es decir, como ocurre ahora.
Efectos macroeconómicos
Es previsible entonces que ocurra una contracción de la demanda de créditos para operaciones genuinamente productivas. Y los nuevos créditos tendrán un costo financiero sustancialmente más elevado que el actual (que es cero o negativo). Un menor financiamiento y con mayor costo, necesariamente se traducirá en menor oferta de bienes y servicios, y con precios más altos.
A la vez, al igual que existe un arbitraje cambiario como lo dice el BCV, también hay un arbitraje entre las absurdamente bajas tasas de interés por los créditos que quedan excluidos por la medida y la inflación. El uso de las tarjetas de crédito y otras formas de financiamiento para hacerse de bienes y servicios en forma anticipada seguirá campante.
Igualmente el desincentivo a ahorrar que existe hoy, continuará. Estos dos efectos continuarán contribuyendo, moderadamente, a la inflación.
Pero la causa principal detrás del descalabro económico nacional, el financiamiento inorgánico del desproporcionado déficit fiscal, continuará rampante. Por supuesto, los ‘genios’ al frente del BCV no van a arriesgar su cómoda posición señalando esto.
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La idea de forzar que las deudas mantengan un valor real en un contexto inflacionario luce correcta. La situación prevalente en los últimos años se ha traducido en una transferencia sustancial de riqueza a favor de aquellos que han logrado obtener créditos (y pagarlos en las condiciones oficiales) en detrimento de los depositantes que ven cómo los fondos que quedan rezagados en sus cuentas pierden capacidad adquisitiva rápidamente. Pero tanto la forma como el objetivo de esta medida del BCV son equivocados.
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