La preocupación central en el tema de las pensiones es que la población latinoamericana está envejeciendo a pasos agigantados y se estima que en las próximas décadas países como Nicaragua, México y Chile lo harán hasta tres veces más rápido que algunas naciones europeas.
Así que, mientras ahora hay cerca de 50 millones de personas de la región con 65 años o más, para 2065 se calculan unos 200 millones, lo que situará los sistemas de jubilación entre los principales gastos del sector público.
– Detonante de estallidos sociales –
A puertas del llamado «invierno demográfico» y con un estancamiento económico, las manifestaciones a favor y en contra de las reformas de los sistemas de pensiones se han extendido por la región e incluso en Nicaragua este tema fue el detonante de la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos desde abril de 2018.
En el caso de Chile, el cambio del sistema instaurado en la dictadura de Augusto Pinochet, con un esquema privatizado y basado en la capitalización individual, es uno de los mayores reclamos en las protestas que tienen tambaleando el Gobierno de Sebastián Piñera.
La población critica que las administradoras de fondos de pensiones invierten en los mercados y obtienen beneficios millonarios, pero no entregan montos dignos a los jubilados.
– El drama de los jubilados –
La situación más dramática se registra en países como Venezuela o Argentina, marcados por la recesión y con tasas de inflación que han hundido el poder adquisitivo.
En Venezuela, por ejemplo, existen 4,5 millones de pensionados y todos perciben mensualmente el equivalente del salario mínimo legal: 150.000 bolívares o 6,9 dólares.
En Argentina, los jubilados están entre los más golpeados por la crisis, con una pensión mínima en octubre de 13.437 pesos argentinos (unos 218 dólares), mientras su canasta básica se cifra en más del doble, 37.815 pesos (595,5 dólares).
– Reformas sí o sí –
Gran parte de la región implementa un sistema de reparto, en el que los aportes de los trabajadores financian las pensiones de los jubilados, mientras otros adoptaron un esquema de capitalización individual administrado por el sector privado o uno mixto.
Pero, independientemente del modelo, todos necesitarán algún ajuste o, de lo contrario, las presiones demográficas «harán que los sistemas sean más costosos para el Estado», apunta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En Colombia, donde el sistema público es parte de un modelo paralelo, se está analizando una reforma, criticada por supuestamente plantear un aumento de la edad de jubilación y del porcentaje de aporte de los trabajadores.
Perú, con un modelo similar al colombiano, pasa también por una crisis que ha generado presión para que se hagan modificaciones.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), tal como está el sistema peruano, quienes aporten en el sector privado recibirán una pensión equivalente a un tercio de su sueldo; mientras en el público, el 60 % no recibirá pensión por no haber acumulado 20 años de aportes.
Ecuador, que acaba de superar una grave crisis por protestas sociales, tiene su propio dilema por el temor de algunos sectores a que se afecte la jubilación patronal, un derecho de los trabajadores con 25 años de servicio o más, o a nuevas formas de contratación que precaricen el empleo.
Mientras en Uruguay, donde funciona un sistema mixto (Estado y privado), el representante de Pasivos del estatal Banco de Previsión Social, Sixto Amaro, señala que es necesaria una reforma, pero dice que aumentar la edad de jubilación no tendrá un impacto real.
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La situación más dramática se registra en países como Venezuela o Argentina, marcados por la recesión y con tasas de inflación que han hundido el poder adquisitivo. En Venezuela, por ejemplo, existen 4,5 millones de pensionados y todos perciben mensualmente el equivalente del salario mínimo legal: 150.000 bolívares o 6,9 dólares
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