"A medida que caía la oscuridad el 19 de octubre, el general Javier Iturriaga, Jefe de Defensa Nacional de Chile, declaró el primer toque de queda en Santiago, la capital, desde el final de la dictadura militar de Augusto Pinochet hace 29 años". Así comienza a describir el semanario británico The Economist lo ocurrido en Chile el pasado fin de semana.
"La orden, que se aplicó a Santiago y áreas cercanas, fue en respuesta a los disturbios que comenzaron hace semanas, después de un aumento en las tarifas del metro. Los días 18 y 19 los manifestantes incendiaron estaciones de metro y autobuses, cerraron las calles y se enfrentaron con la policía. Los servicios de transporte público fueron suspendidos", añadió. "Las protestas se extendieron a otras ciudades; también se declararon toques de queda en Valparaíso y Concepción. El presidente de Chile, Sebastián
Piñera, suspendió el aumento de la tarifa. Pero ni su rendición ni el toque de queda han sofocado los disturbios. Los supermercados han sido saqueados, y tres personas fueron asesinadas por un incendio la noche del 19".
La violencia ha aturdido a muchos chilenos, dice el semanario. "Su país es uno de los más prósperos y pacíficos de América del Sur. Ahora ha sufrido el tipo de agitación que ocurrió recientemente en Ecuador, un país mucho más pobre, cuando su gobierno aumentó los precios del combustible para cumplir con los términos de un acuerdo con el FMI (y que también cedió)".
En Chile, las tarifas de transporte, que cubren autobuses y trenes, así como el metro en la capital, son establecidas por un panel de expertos, que considera factores tales como los precios del diésel y el valor del peso, dice The Economist. "Este enfoque tecnocrático en algunas áreas de la formulación de políticas públicas refleja el relativo liberalismo económico de Chile, que a su vez ha contribuido a su relativa prosperidad económica. No siempre es popular, como lo demuestra la reacción al aumento de la tarifa. El 6 de octubre, el panel de transporte elevó las tarifas de hora peak en el metro de Santiago en $30 (cuatro centavos de dólar estadounidense) a $830 pesos; y el aumento de los precios del diésel y un dólar más fuerte se citaron en la justificación. La primera señal de resistencia fue un brote de evasión de tarifas a gran escala, que de repente se convirtió en violencia (ningún grupo conocido parece estar detrás de los disturbios)".
La respuesta del gobierno fue "inepta", señala el semanario. "El día después de que aumentaron las tarifas, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, sugirió que los pasajeros se levantaran más temprano para evitar las tarifas máximas. En lugar de escuchar las quejas de los manifestantes, reprimió. El 18 de octubre amplió los poderes policiales para arrestar y castigar a los manifestantes bajo la Ley de Seguridad del Estado, que data de 1958", describe el citado medio. Mientras continuaban las protestas, "el gobierno declaró el Estado de Emergencia y desplegó al Ejército. Este recordatorio de la dictadura amplió el apoyo a las protestas. Piñera pronunció un discurso divisivo que les dice a los chilenos que elijan entre violencia y democracia; en un discurso posterior, expresó un tono diferente, distinguiendo entre manifestantes pacíficos y violentos".
Los chilenos no solo están enojados por las tarifas de transporte, plantea The Economist. "Pagan mucho por la atención médica y, a menudo, esperan largos períodos para ver a un médico. La educación pública es pobre. Las pensiones, administradas por empresas privadas bajo un sistema establecido por el régimen de Pinochet, son bajas. La creciente desigualdad agudiza la ira", señala. Recuerda que, en 2017, el ingreso de la décima parte más rica de los hogares era 39,1 veces mayor que el del decil más pobre, según una encuesta realizada por el Ministerio de Desarrollo Social. "Es mayor a las 30,8 veces de 2006. La mitad de los chilenos gana menos de $400.000 al mes. Además de todo esto, se produjo un aumento de tarifas en lo que ya es una de las ciudades más caras de América del Sur. Después del aumento de la tarifa, el transporte puede costar $32.000 al mes".
Señala que "muchas de estas quejas son anteriores a la presidencia de Piñera, un empresario de centro derecha que comenzó un segundo mandato en marzo del año pasado (la primera fue en 2010-14). Los chilenos organizaron protestas masivas sobre la calidad y el costo de la educación en 2006 y 2011 y sobre las pensiones en 2016".
Hasta ahora, añadió, "Piñera no ha logrado impulsar notablemente la economía, una de sus principales promesas de campaña. Creció a una tasa anual de solo 1,9% en el segundo trimestre de 2019. Al carecer de una mayoría en el Congreso, Piñera ha tardado en promulgar una legislación importante sobre impuestos y pensiones, lo que hace que su gobierno parezca ineficaz".
"Ahora buscará reparar tanto su propia presidencia como la confianza pública en el gobierno en general. Junto con su decisión de eliminar el alza en las tarifas, ha ofrecido establecer una 'mesa de diálogo' que incluye una sección transversal de la sociedad sobre quejas como el alto costo de la vida", describió el medio. "Esto puede calmar los ánimos, especialmente si los partidos de oposición se unen a sus esfuerzos de conciliación".
El medio británico recuerda que Chile organizará dos grandes reuniones internacionales: una cumbre de los líderes del grupo de 21 países de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre y la cumbre anual sobre cambio climático de la ONU el mes siguiente (COP 25). "Al intentar organizar tales eventos, Chile se presenta como un bastión de la estabilidad en América del Sur. Piñera no tiene mucho tiempo para convencer a los dignatarios de que esto sigue siendo cierto", sentenció.
El medio británico recuerda que Chile organizará dos grandes reuniones internacionales: una cumbre de los líderes del grupo de 21 países de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre y la cumbre anual sobre cambio climático de la ONU el mes siguiente (COP 25). "Al intentar organizar tales eventos, Chile se presenta como un bastión de la estabilidad en América del Sur. Piñera no tiene mucho tiempo para convencer a los dignatarios de que esto sigue siendo cierto",
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