La Junta Administrativa ad hoc de Petróleos de Venezuela (PDVSA), presidida por el ingeniero Luis Pacheco, mediante comunicado, informó que ha entablado negociaciones con los titulares de bonos senior garantizados con una tasa de interés de 8,50% emitidos en 2016 con vencimiento en 2020 (los Bonos PDVSA 2020) para intentar encontrar una solución razonable a las obligaciones restantes.
“Estas negociaciones de buena fe continuaron hasta el 24 de octubre, incluida una solicitud de que los titulares de los Bonos 2020 acuerden abstenerse temporalmente de ejercer cualquier remedio para que las partes puedan continuar discutiendo una posible resolución consensuada”, destaca el comunicado.
Resaltan que el 15 de octubre de 2019, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela reafirmó su resolución de 2016 de que la entrada y emisión de los Bonos Senior Garantizados de 8.50% de PDVSA con vencimiento en 2020 y los acuerdos relacionados violaron la Constitución de Venezuela porque esas transacciones requerían la aprobación previa del Asamblea Nacional.
“A pesar de todos los esfuerzos realizados a la fecha, la Junta Administradora ad hoc de PDVSA no ha logrado un arreglo razonable con los tenedores de los Bonos 2020. Por ello, y en marco de la licencia 5A emitida por el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, la Junta Administradora ad hoc de PDVSA ejercerá acciones legales orientadas a la protección de sus derechos basado en la invalidez de los Bonos 2020”, concluye el Comunicado de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA.
Junta ad hoc de PDVSA demanda a fideicomisarios del bono PDVSA 2020 en corte de EEUU
La acción judicial contra Mitsubishi UFJ Financial Group es por su actuación como fideicomisario de los bonos PDVSA 2020
La junta de administración ad hoc de Petróleos de Venezuela inició una nueva acción legal en línea con la declaratoria de ilegalidad del bono PDVSA con vencimiento en 2020 al introducir una demanda contra dos representantes o agentes financieros de estos títulos ante una corte en los Estados Unidos.
En el comunicado tanto en inglés como español se señala que la acción judicial se hizo ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York contra dos agentes de estos títulos: MUFG Union Bank (Mitsubishi Union Bank Financial Group) y Glas Americas, exclusivamente en “sus respectivas capacidades como fideicomisario y agente colateral” de los referidos títulos.
“La demanda busca una declaración de que los bonos PDVSA 2020, incluidos los contratos, compromisos, todos los documentos y obligaciones asociados, son inválidos, ilegales, nulos y sin valor ab initio”, indica el comunicado de la junta de administración.
Señala que la emisión de estos títulos de PDVSA en el año 2016 son ilegales porque no fueron aprobados por la Asamblea Nacional como obliga la Constitución a toda operación de crédito público, incluida aquellas que contraten empresas del Estado.
Los inversionistas de estos títulos aseguran que en 2016 el parlamento no declaró la ilegalidad sino que se limitaron a rechazar la operación, argumento que rebate la junta ad hoc de PDVSA al afirmar: “En el momento de la oferta de intercambio, la Asamblea Nacional de Venezuela condenó el intercambio en lugar de autorizarlo”.
El rechazo del Poder Legislativo en ese oportunidad y que luego fue ratificado en el acuerdo de ilegalidad de principios de octubre de 2019 no sólo se centra en cuestionar que no se tuviera el aval parlamentario que señala la Constitución sino también en que se haya puesto casi que la mitad de Citgo como garantía de esos papeles en caso de incumplimiento.
Con esta decisión, la Asamblea Nacional emprende una segunda estrategia para preservar Citgo: una de lobby, que logró que el Departamento del Tesoro suspendiera hasta enero la Licencia General No. 5 que hubiera permitido a los tenedores de estos bonos exigir el pago; y ahora judicial, que intenta una declaratoria de ilegalidad.
El rechazo del Poder Legislativo en ese oportunidad y que luego fue ratificado en el acuerdo de ilegalidad de principios de octubre de 2019 no sólo se centra en cuestionar que no se tuviera el aval parlamentario que señala la Constitución sino también en que se haya puesto casi que la mitad de Citgo como garantía de esos papeles en caso de incumplimiento. Con esta decisión, la Asamblea Nacional emprende una segunda estrategia para preservar Citgo: una de lobby, que logró que el Departamento del Tesoro suspendiera hasta enero la Licencia General No. 5 que hubiera permitido a los tenedores de estos bonos exigir el pago; y ahora judicial, que intenta una declaratoria de ilegalidad.
ResponderBorrar