Se deben lograr acuerdos entre las instituciones del Estado para que los proyectos de sectores económicos y sociales sean instrumentados. Un acuerdo pacífico y negociado es la vía para avanzar en la solución de la grave crisis que atraviesa el país, indicó Juan Berríos Ortigoza, coordinador de Documentación de Codhez.
En Caracas, el 7 de octubre, organizaciones venezolanas de la sociedad civil hicieron un llamado de alerta para proponer la consolidación de un mecanismo de ejecución de proyectos urgentes para los venezolanos que son imposibles de aplicar en el marco de la actual crisis de gobernabilidad.
Entre esos proyectos urgentes, las organizaciones de la sociedad civil venezolana trabajaron en un primer ejercicio de acuerdo sectorial de cooperación para atender la reconstrucción del sistema eléctrico nacional con los actores políticos, equipos técnicos de las Naciones Unidas y la Corporación Andina de Fomento (CAF), que aprobó un crédito inicial de 350 millones de dólares para mitigar la crisis eléctrica nacional, con énfasis en los estados Zulia, Táchira, Nueva Esparta y Miranda.
Nosotros promovemos que existan acuerdos sectoriales porque a mediano plazo, eso es lo que puede permitir salvar vidas y ese es el propósito fundamental de este pronunciamiento, señaló Jesús Urbina, coordinador de Transparencia Venezuela, Capítulo Zulia.
En la actualidad, las organizaciones de la sociedad civil destacaron que el acuerdo se encuentra en una fase de negociación política para su concreción. Ello requiere de la sincera voluntad de todos los actores para darle viabilidad, añadió.
Exhortamos al Estado venezolano, gobierno y oposición, a buscar una salida a la grave crisis de los pueblos indígenas en el Zulia, manifestó José David González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira.
En el marco de la emergencia humanitaria compleja que vive el país, los pueblos indígenas en el Zulia no tienen garantías para el acceso a servicios básicos de electricidad, agua potable y telecomunicaciones, aseveró González.
Para el restablecimiento del sistema democrático en el país, las organizaciones sostienen que estos acuerdos sectoriales deben tener como marco el respeto a los derechos humanos y la participación de la mayor cantidad de actores políticos y sociales.
“En este momento, CAF no se encuentra evaluando un préstamo para Venezuela”, dijo a Efe la institución en una respuesta escrita, tras ser consultada por este asunto.
“Las propuestas para endeudamiento parten de los países miembros y se evalúan de acuerdo a los parámetros y criterios establecidos en la normativa, sometiéndose luego a las instancias de aprobación correspondientes”, añadió el banco sin aclarar si el Gobierno de Maduro solicitó o no un préstamo.
El martes, Guaidó aseveró que la CAF y el Gobierno de Maduro alistan un nuevo endeudamiento por 400 millones de dólares para ayudar al país suramericano a salir de la crisis.
“Hay una propuesta de la CAF de 400 millones de dólares para poder prestar al país y solucionar la crisis”, dijo durante una sesión parlamentaria en la que también se denunció el colapso del sector eléctrico del país.
Guaidó también aseguró que este dinero sería administrado por terceros y no por el Gobierno de Maduro.
“A mala paga (mal pagador) no le van a prestar”, dijo al subrayar las dificultades financieras que atraviesa la nación petrolera.
En el marco de la emergencia humanitaria compleja que vive el país, los pueblos indígenas en el Zulia no tienen garantías para el acceso a servicios básicos de electricidad, agua potable y telecomunicaciones, aseveró González.
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