El cerco internacional en torno a Nicolás Maduro comenzó a delinearse en 2015, cuando el gobierno de los Estados Unidos aprehendió y posteriormente enjuició y condenó a dos sobrinos de su esposa, Cilia Flores, por narcotráfico.
Dos años después de aquella captura de película, inició el período de las sanciones financieras individuales contra todo el entorno del entonces presidente constitucional de Venezuela.
Desde entonces, 9 familiares directos de Maduro, 10 socios comerciales o empresarios afines a su gobierno y 52 empresas entre locales y transnacionales —además de 138 funcionarios de su administración— han sido perseguidos por la justicia o han sido objeto de sanciones financieras por parte de Estados Unidos, Panamá, México y Colombia principalmente.
Pero además, los países que integran el Grupo de Lima les han cerrado préstamos, apoyo militar, ingreso a sus territorios y han iniciado la investigación de posibles testaferros.
Las recientes sanciones contra su círculo familiar más cercano (los hijos de su esposa, Cilia Flores, y una de sus nueras) por parte de Estados Unidos, vienen a complementar una medida adoptada el año pasado por el gobierno de Panamá, de bloquear a 16 empresas radicadas en ese país propiedad de otra rama familiar de Cilia, los Malpica Flores.
En esta ocasión, el 25 de julio, Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores (y Mariana Staudinger la esposa de uno de ellos) entraron a la lista de venezolanos cuyos activos en Estados Unidos quedaron bloqueados por estar directamente relacionados con el esquema de corrupción en la importación con sobreprecio de productos para las cajas Clap.
La propia Cilia fue sancionada el 30 de mayo y el 25 de septiembre de 2018 por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, respectivamente, no solo por ser la esposa de Maduro, sino por ser parte de su gobierno como integrante de la Constituyente ilegítima —así calificada por la comunidad internacional— y «haber contribuido al declive de Venezuela».
Pero a Cilia no le corre por las venas la sangre de Maduro, como sí le corre a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el hijo único del presidente del PSUV, exmiembro de la ANC y exinspector de la Presidencia, un cargo creado solo para él. El pasado 28 de junio, Estados Unidos lo incluyó en su lista de funcionarios venezolanos sancionados con el congelamiento de activos en ese país.
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Sin embargo, para la comunidad internacional no es necesario ser familia directa o trabajar para Maduro, basta con ser su amigo o conocerlo, para considerarlo persona no grata. Para muestra lo que les ocurrió este año a los cantantes venezolanos Omar Enrique (el primero de febrero) y Armando Martínez el Cantaclaro (el 17 de julio), cuando intentaron ingresar a Colombia para cumplir con una agenda de conciertos. Ambos fueron devueltos, pues sus nombres están en una lista junto con otras 198 personalidades venezolanas vinculadas a Maduro, cuyo ingreso al vecino país quedó vetado.
Otro de los que integra esa lista es Emanuel Andrade, hijo del exguardaespaldas de Chávez y ex Tesorero de la Nación, Alejandro «el Tuerto» Andrade, preso en Estados Unidos. Aunque es probable que Emanuel no conozca de trato a Maduro (es un joven de 23 años que prácticamente no ha vivido en Venezuela), el 16 de julio cuando intentó ingresar a Colombia, las autoridades de ese país le hicieron agarrar sus maletas y dar marcha atrás únicamente por «su relación con los gobiernos de Chávez y Maduro».
cronica.uno/
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Sin embargo, para la comunidad internacional no es necesario ser familia directa o trabajar para Maduro, basta con ser su amigo o conocerlo, para considerarlo persona no grata. Para muestra lo que les ocurrió este año a los cantantes venezolanos Omar Enrique (el primero de febrero) y Armando Martínez el Cantaclaro (el 17 de julio), cuando intentaron ingresar a Colombia para cumplir con una agenda de conciertos. Ambos fueron devueltos, pues sus nombres están en una lista junto con otras 198 personalidades venezolanas vinculadas a Maduro, cuyo ingreso al vecino país quedó vetado.
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