3 puntos políticos y militares que explican la expropiación del aeropuerto Caracas, Por Enrique Vélez

Desde el punto de vista de su resguardo, no hay manera de justificar tal acción de reversión, cuando desde siempre el Estado ha sido el encargado de ello, y tiene el control de la seguridad de los aeropuertos con comandos operativo de la Guardia Nacional Bolivariana y en el caso del Aeropuerto Caracas, un hangar de operaciones de la división aérea del Ejercito.

El 8 de mayo se presentó en el Aeropuerto Internacional, Oscar Machado Zuloaga, mejor conocido como Aeropuerto Caracas, un grupo de autoridades al mando del ministro de Interior y Justicia, Mayor General Néstor Luis Reverol e instruidos por Nicolas Maduro, con la orden de iniciar un proceso llamado “reversión”.

Un proceso que con la farsa de unos “considerandos”, redactados desde las entrañas de un socialismo vetusto y corroído, señalan que se hacen del Control Operacional y Administrativo, con la excusa de garantizar la eficiencia del servicio, las condiciones de infraestructura y la lucha de operaciones ilícitas que se pudieran hacer desde estos aeropuertos.

Aclaremos que es una revolución socialista que no ha podido manejar eficientemente ninguna de las empresas de las que se ha hecho dueña, expropiando muchas veces sin pagar las indemnizaciones correspondientes. Más aún, es una revolución incapaz de garantizar el servicio de sus propias aeronaves y cada día son más las aeronaves del Estado y de la Fuerza Armada que se han visto involucradas en accidentes fatales.

Los mismos dueños tendrán que colaborar para que toda la patraña expropiatoria suceda de la manera más consensuada posible. Los propietarios deberán demostrar la titularidad de los hangares, para lo cual deberán traer hasta el certificado de defunción de los dueños originales, en caso de que hayan sido heredados o las declaraciones de impuesto para ver de dónde salió el dinero para comprarlos. Los contratos de arrendamiento y de servicios suscritos serán finiquitados y una vez que los empleados sean liquidaos por los actuales dueños, los “reversores” les dirán un “gracias por sus servicios” y un hasta luego, sin respetar inamovilidad y sin derecho al pataleo.

Habían tardado mucho tiempo en ponerle la mano a los aeropuertos privados, cuando ya entre los años 2004 y 2008, siendo Diosdado Cabello gobernador del Estado Miranda, había manifestado la necesidad de hacerlos parte del Estado.

En un programa con Carlos Croes en Televen, Cabello manifestó: “es una decisión que veníamos estudiando desde hace algún tiempo y tiene que ver con la necesidad que existe en Miranda y en el Área Metropolitana de un aeropuerto alterno, ya que el aeropuerto de Maiquetía está de alguna manera sobresaturado en su capacidad para recibir aviones”. Desde todo punto de vista, estas serían hoy unas muy malas excusas.

Por un lado Maiquetía no tiene sobresaturación alguna, debido a que la mayoría de las líneas aéreas han dejado de venir a Venezuela y desde el punto de vista técnico todos los pilotos saben que el Aeropuerto Caracas con su pista de 2000 mts x 30 mts de ancho y su limitación de máximo peso de despegue o MTW por sus siglas en inglés, de 62.000 lbs. (28.123 Kgr.) no permite el aterrizaje de aviones de Línea Aérea standard y de uso frecuente como: el Boeing 737, el cual puede estar desde los 52.390 Kgr., que es el caso del 737-200, hasta los 92.000 Kgr., que corresponde a los nuevos 737-MAX-10.

Por otro lado, desde el punto de vista de su resguardo, no hay manera de justificar tal acción de reversión, cuando desde siempre el Estado ha sido el encargado de ello, y tiene el control de la seguridad de los aeropuertos con comandos operativo de la Guardia Nacional Bolivariana y en el caso del Aeropuerto Caracas, un hangar de operaciones de la división aérea del Ejercito.

De igual forma, cuentan con un despliegue de funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil, encargados de las operaciones aeronáuticas, así como el control de las operaciones migratorias de entrada y salida de vuelos internacionales con funcionarios del SAIME y servicios aduanales con funcionarios del Seniat, por ser aeropuerto internacional.

No entendemos por qué el Estado tiene que ser el administrador de un aeropuerto que funciona de manera impecable bajo el control administrativo civil y de los más interesados, sus propios dueños.

Será que a la larga el único fin es terminar declarando todas las más de 500 aeronaves como bienes de interés público, para también ser expropiadas o asimiladas, conjuntamente con la infraestructura de hangares, talleres y equipos.

Y, por si fuera poco, los mismos dueños tendrán que colaborar para que toda la patraña expropiatoria suceda de la manera más consensuada posible. Los propietarios deberán demostrar la titularidad de los hangares, para lo cual deberán traer hasta el certificado de defunción de los dueños originales, en caso de que hayan sido heredados o las declaraciones de impuesto para ver de dónde salió el dinero para comprarlos. Los contratos de arrendamiento y de servicios suscritos serán finiquitados y una vez que los empleados sean liquidaos por los actuales dueños, los “reversores” les dirán un “gracias por sus servicios” y un hasta luego, sin respetar inamovilidad y sin derecho al pataleo.

Al final será otro capítulo del abuso del poder, como lo fue el aeropuerto de La Carlota, en un principio levantado por civiles en tierras dispuestas de la hacienda La Carlota, en la que se acondicionó un largo terreno, que fungía como pista de despegue y aterrizaje para la incipiente actividad aeronáutica civil de la época y donde funcionó desde 1946 el Aeroclub Caracas, hasta que los civiles fueron echados y los hangares demolidos, con la historieta de un parque de utilidad pública, para terminar quedando como una concretera, estacionamiento de camiones y al final terminar manteniendo el aeropuerto operativo para los revolucionarios más pudientes o enchufados más conspicuos.


Mi conclusión es que:

1-Le tienen terror a ser blanco de cualquier incursión internacional en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, por su cercanía a las costas venezolanas.

2-Le tienen miedo a no tener acceso a sus aeronaves estando basadas en la base aérea Francisco de Miranda y por todos conocida como el aeropuerto de La Carlota, por estar muy cerca del Distribuidor Altamira, punto de referencia y concentración de la oposición.

3- Ya no confían en los componentes de la Fuerzas Armada acantonados en los diferentes aeropuertos militares del país.

Solo el abuso del poder o el miedo a perder el poder, justifican la expropiación o la reversión de instalaciones de aviación general civil.

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