El ministro de la Defensa, general en Jefe (Ej.) Vladimir Padrino López, está obligado a hacer valer la potestad que tiene la organización castrense de controlar las armas del país. Pese a las denuncias y evidencias sobre los ataques perpetrados por los colectivos contra manifestantes, que protestan ante el colapso de los servicios eléctricos y del agua, hasta ahora no ha habido una acción concreta para neutralizarlos. Las actividades de estos grupos armados son consideradas por el Poder Legislativo como propias de los grupos terroristas.
“Padrino López sabe desde hace ya tiempo sobre la existencia de grupos paramilitares del gobierno. La guerra de cuarta generación, la doctrina iniciada por Alberto Müller Rojas y adoptada por los socialistas en armas ha sido la guerra de las masas, del pueblo. Una revolución pacífica, en verdad nada pacífica, pero armada. La FAN ha apoyado por omisión la actuación de los colectivos”, subrayó el general retirado Gonzalo García Ordóñez, exjefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada.
El oficial va más allá y puntualiza que el amparo de los colectivos involucra a todo el Estado: el Poder Judicial, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, entre otras instancias. Destaca que “hay pruebas de videos tomadas de grupos armados, colectivos, encapuchados, que accionan, durante la represión, al lado de la FAN y de la Policía Nacional Bolivariana” (PNB).
García Ordóñez reconoce la voluntad política de la Asamblea Nacional (AN), que el 2 de abril aprobó un acuerdo en el que pidió a los organismos internacionales declarar a los colectivos como “grupos terroristas”.
Recuerda que, hace una década, durante un debate con dirigentes del oficialismo y de la oposición sobre la guerra de cuarta generación, “se alertó del grave peligro para el país de implantarse esa doctrina, una consecuencia sería el sufrimiento de la población a manos de este tipo de grupos y la violencia sobre los civiles en caso de conflicto interno. No escucharon. Me alegra saber que la actual dirigencia política entiende el problema”.
El artículo 324 de la Constitución establece que solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. “La Fuerza Armada Nacional será la institución competente para reglamentar y controlar, la fabricación, importación, exportación, almacenamiento; tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión, uso de otras armas, municiones y explosivos”, puntualiza la Carta Magna.
“Padrino López actúa conforme a su esencia de comunista, obviando los principios de su proceso de formación. Pero, lamentablemente, su ideología superó sus responsabilidades. No hay gestos concretos como la destitución del comandante de la Guardia Nacional (GN) que no controla a los colectivos que hacen daño a la población”, enfatiza Briceño García.
El militar retirado sostiene que, desde hace dos años, Padrino López, señaló que el gobierno no protege a civiles armados, pero las denuncias sobre la actuación de estos grupos no dejan de llover
“El Ministro de la Defensa debe ordenar interceptar y desarmar a los colectivos. Sí por la buenas no quieren deponer las armas, tienen que ser sometidos a la fuerza. Padrino López debe responde a la mayoría de la FAN que le pide a gritos que actué ajustado a derecho”, dijo el vicealmirante Briceño García.
Represión creciente
La coordinadora del Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, advierte al titular castrense que “las palabras, sin acciones concretas no bastan y no sirven como justificaciones. Ni por obediencia debida, ni por omisión de las responsabilidades como máximo representante militar por la actuación de coordinación, colaboración y apoyo entre FANB y colectivos paramilitares en la violación a derechos fundamentales, y crímenes de lesa humanidad”.
Cuestiona la activista las posiciones asumidas por el ministro de la Defensa cuando “a través de entrevistas o de su cuenta Twitter, recurre al lenguaje ambiguo y manipulado tratando de fijarse más en el concepto y origen de los colectivos. Pero minimiza y desvía la mirada de la transformación y actuación de los colectivos como organizaciones armadas, de control, territorialización, represión y de choque frente a toda disidencia gubernamental, intentando desprenderse, infructuosamente, de la posible vinculación, anuencia y cooperación de las FAN, sobre todo de la GN, con los mismos”.
Rendón agrega que se equivoca Vladimir Padrino al pensar que las instancias internacionales no entienden la diferencia entre colectivos sociales y colectivos armados. Enfatiza que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales han sido meticulosas en sustentar sus informes.
Señala que no es de extrañar que dentro de los cuarteles haya sectores que estén en desacuerdo con los colectivos paramilitares. Sin embargo, ataja que no se exhiben acciones que reflejen esa molestia.
“Por el contrario, posterior al 2017, siendo la cúspide de la coordinación de la Guardia Nacional (GN) con colectivos paramilitares, con la implementación del Plan Zamora evidenciadas en fotografías, videos, testimonios, para el 2018 y sobre todo el 2019, las labores de represión en su mayoría cuentan con mayor acción de colectivos paramilitares y menos accionar de la GN. Esto podría significar molestia de la FAN, de la policía, pero también implica el carácter disuasorio de las denuncias que pesan en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y que permitieron la apertura del examen preliminar justamente por los hechos acaecidos durante las protestas de 2017, que se amplió al 2015 y al cual se pueden incorporar todos los acontecimientos al día de hoy”, indica Rondón.
Leer mas: http://talcualdigital.com/index.php/2019/04/15/la-encrucijada-de-padrino-actuar-por-omision-o-neutralizar-a-los-colectivos-armados/
García Ordóñez reconoce la voluntad política de la Asamblea Nacional (AN), que el 2 de abril aprobó un acuerdo en el que pidió a los organismos internacionales declarar a los colectivos como “grupos terroristas”. Recuerda que, hace una década, durante un debate con dirigentes del oficialismo y de la oposición sobre la guerra de cuarta generación, “se alertó del grave peligro para el país de implantarse esa doctrina, una consecuencia sería el sufrimiento de la población a manos de este tipo de grupos y la violencia sobre los civiles en caso de conflicto interno. No escucharon. Me alegra saber que la actual dirigencia política entiende el problema”.
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