Los rectores de las universidades públicas y privadas, que están
agrupadas en la Averu, y representantes estudiantiles universitarios, se
reunieron con los representantes de la alta comisionada de las Naciones
Unidas que están de visita en Venezuela.
(Prensa Unexpo) La profesora Rita Elena Añez, rectora de la
Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre
(Unexpo), explicó que el propósito fue exponer hechos concretos
debidamente soportados con las evidencias de las violaciones y
atropellos de derechos humanos a los integrantes de la comunidad
universitaria, entre los cuales resaltaron el derecho a una educación de
calidad que pueda aprovechar los beneficios del progreso cultural y
científico de siglo XXI.
Añez apuntó que el derecho a la protección social para el disfrute de
un buen nivel de salud física, mental y en paz, es lo que defiende el
sector universitario y solicita acabar con las violaciones continuadas
de los derechos constitucionales con énfasis en el artículo 109 que
consagra la autonomía universitaria y otros derechos sociales y
políticos con la privación de libertad de profesores y estudiantes,
cuando han ejercido su derecho a la protesta y en defensa de los
salarios y providencias estudiantiles.
El derecho a un trabajo en condiciones justas y adecuadas a las
exigencias y credenciales que deben tener el personal académico, técnico
profesional y obrero que conforman las plantillas del personal de las
casas de estudio universitario en Venezuela, fue otro asunto que
enfatizaron los rectores en Caracas, frente a los representantes de la
ONU.
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Para finalizar, la rectora de la Unexpo aseguró que hicieron énfasis
en que se espera de la Comisión de la ONU la toma de medidas preventivas
de protección de los universitarios y de ciudadanos en general.

Añez apuntó que el derecho a la protección social para el disfrute de un buen nivel de salud física, mental y en paz, es lo que defiende el sector universitario y solicita acabar con las violaciones continuadas de los derechos constitucionales con énfasis en el artículo 109 que consagra la autonomía universitaria y otros derechos sociales y políticos con la privación de libertad de profesores y estudiantes, cuando han ejercido su derecho a la protesta y en defensa de los salarios y providencias estudiantiles.
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