De 1.222 profesores encuestados por la organización Aula Abierta Venezuela, 1.219 —un 99,8 %— no pueden cubrir los gastos de la canasta básica familiar con los sueldos y salarios impuestos por el Gobierno nacional. Asimismo, 1.205 docentes —98,6 %— consideran que su calidad de vida se ha visto afectada de manera negativa como consecuencia de la mínima remuneración que recibe por su jornada laboral.
Los resultados de la investigación desarrollada por Aula Abierta con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, refleja la situación de los profesores universitarios en el marco de la Emergencia Humanitaria Compleja en el sector educativo, declarada por la Asamblea Nacional.
Desde 1991, en Venezuela, se estableció el 5 de diciembre de 2018 como el Día del Profesor Universitario, fecha en la que se proclamó la primera Ley de Universidades, que contempló la autonomía académica, electoral y administrativa a las instituciones de educación superior. En la actualidad, los profesores universitarios siguen enfrentándose a una política gubernamental que tiene como finalidad acabar con el pensamiento crítico y con las universidades autónomas, denuncia Aula Abierta Venezuela.
La realidad del profesor universitario en Venezuela no escapa del contexto social que aqueja la sociedad venezolana, donde órganos de protección internacional en materia de derechos humanos han manifestado su profunda preocupación por la violación generalizada de derechos humanos por parte del Estado venezolano.
A través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), el Estado venezolano ha accionado en contra de los académicos. En septiembre de 2018, el ministerio remitió un instructivo a las universidades públicas venezolanas, en el que se indica —vulnerando la autonomía financiera y administrativa de las universidades— cómo calcular el pago del personal universitario. El instructivo fue rechazado por los Consejos Universitarios de las casas de estudios, tras considerar que se violentan los derechos laborales consagrados en la Tercera Convención Colectiva Única para el Sector Universitario (III CCU).
Una de las principales violaciones radica en la disminución de la base para el cálculo del escalafón profesoral universitario de 4.75 salarios mínimos —acordados en julio de 2018 con el MPPEUCT— a 1.5 salarios mínimos. De acuerdo con el documento Aplicación a convenciones colectivas en el marco de la reconversión, correspondiente al sector universitario, difundido por los gremios universitarios luego del ajuste de 150 % al salario mínimo nacional decretado por el presidente de la República el 29 de noviembre de 2018, un profesor titular a dedicación exclusiva —el máximo escalafón— devengará a partir del primero de diciembre 7.928 bolívares soberanos, mientras que el instructor a dedicación exclusiva cobrará 6.275 bolívares.
Sin seguridad social
Los casi inexistentes salarios no son la única situación que afecta al gremio profesoral. En la actualidad, un gran sector de esta comunidad se encuentra desprovisto en la realidad de un sistema de seguridad social. La creación del Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación (SISMEU), en el 2017, supuso el manejo centralizado de los recursos destinados para la salud de los docentes por parte del MPPEUCT, los cuales han manifestado múltiples denuncias en torno a su funcionamiento y los riesgos que esto supone para el goce del derecho a la salud y la vida.
De los 1.222 profesores encuestados por Aula Abierta Venezuela, 1.212 —el 99,2 %— consideran que los montos proporcionados por el SISMEU son insuficientes para cubrir las emergencias de salud, atención primaria y medicamentos. En el Informe preliminar sobre la situación de los profesores en Venezuela, Aula Abierta Venezuela denunció la crisis en el sistema de seguridad social de los profesores, quienes han encontrado en el SISMEU una desprotección total, con montos que no superan un dólar para la asistencia de emergencias y compra de medicamentos anual.
Afectación académica
Otro aspecto que afecta a los profesores universitarios es la insuficiencia de las contribuciones para los docentes dedicados a la investigación científica, que no solo se presenta en los programas de las universidades, sino también dentro del Programa de Estímulo a la Investigación e Innovación (PEII), donde los investigadores reciben una asignación económica que, dentro del contexto venezolano, no es útil para desarrollar ningún proyecto de investigación.
El 99,3 % de los profesores encuestados —1.213 de 1.222— considera que las asignaciones ofrecidas por el PEII son insuficientes para desarrollar una investigación científica dentro de las universidades. La situación actual de las universidades y del país ha fomentado que las casas de estudios se queden sin un componente valioso: los profesores.
Durante el 2018, las distintas regiones del país han sufrido los embates de este fenómeno, donde se pueden destacar las siguientes cifras de deserción profesoral: la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Los Andes, la Universidad del Zulia y la Universidad De Oriente habían estimado los índices de fuga de talento profesoral entre un 20 % y un 50 %.
Los resultados presentados por Aula Abierta muestran que un 84,8 % de los profesores ha pensado migrar a otro país, debido a la baja remuneración y a las condiciones críticas de trabajo. Tulio Olmos, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, afirmó que la cifra de deserción profesoral en esa casa de estudios supera el 50 %, debido a que «semanalmente se registran 2 renuncias de profesores universitarios en la UCV».
Prensa Aula Abierta / http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/
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