El impacto de la hiperinflación en el presupuesto municipal, la “ocupación temporal” de los mercados municipales anunciada por el Ministro de Industria y Comercio y la situación que genera la anunciada militarización de los “llenaderos” de agua en la zona metropolitana de Caracas –en momentos cuando el agua escasea– son tres temas que inciden de manera directa en la vida local de nuestros municipios, pues impactan negativamente en las condiciones de vida de nuestras comunidades.
Cuando la Constitución, aún vigente, reconoce que el municipio tiene responsabilidad en la promoción del desarrollo económico y social, así como también en el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad y en la prestación del servicio público del agua, no cabe la menor duda de que esos tres temas planteados no pueden ser ignorados, y menos aún, deben ser asumidos como desafíos para los gobiernos locales.
La Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal identifican al cabildo abierto como un mecanismo de participación legítimo que puede ser convocado por iniciativa del propio alcalde, del concejo municipal e, incluso, por los propios vecinos, atendiendo a las normas que la ordenanza respectiva establezca a tal fin.
En estos tiempos tan complejos y difíciles donde las instituciones políticas municipales se ven disminuidas o debilitadas por acción del gobierno central –y como estrategia política para impulsar el modelo del poder popular, tal y como se reconoce en el contenido del Plan de la Patria 2013-2019– pretender un cabildo abierto como espacio para que se aborden con los vecinos los tres temas planteados, en una agenda que promueva un debate cívico, político y por demás legítimo, representa no solo un acto de irreverencia, sino también un acto político de reivindicación de la autonomía municipal, como principio constitucional de la participación ciudadana respetuosa, incluyente, efectiva y real.
Pretender levantar la bandera en defensa de las elecciones de concejales, anunciadas para el último semestre de este año 2018, pierde todo sentido, si los líderes políticos y sus agrupaciones partidistas no logran asumir el debate político de estos temas propios de la vida local, con sus vecinos que son en definitiva sus electores.
Son tiempos confusos y complejos, pero oportunos para reivindicar la política de las ideas, la política del debate y del encuentro entre vecinos y autoridades, en función de temas sobre los cuales se pueden construir consensos y evidenciar la necesidad de fortalecer la autonomía municipal, la descentralización y la institucionalidad en un modelo político donde la libertad, la igualdad de oportunidades y el respeto a la dignidad del ser humano tengan espacio y sean inspiración de sus autoridades.
Los alcaldes y concejales no tienen nada qué inventar. Si realmente tienen vocación democrática, tienen en los mecanismos de participación legalmente reconocidos las herramientas suficientes para asumir una labor de pedagogía social y de defensa de la ciudadanía y del espíritu democrático, a través de la activación de mecanismos como el cabildo abierto para abordar temas que hoy ponen en un estado de emergencia la tranquilidad de las comunidades y atenta contra la salud pública del municipio.
El ciudadano tiene derecho a ser informado por sus autoridades municipales y a participar en el debate sobre la capacidad presupuestaria del municipio para hacer frente a los desafíos existentes en el marco de una economía hiperinflacionaria, lo que contribuiría a aclarar las expectativas reales sobre la gestión municipal, e incluso, a identificar modalidades de cooperación en aras de defender la institucionalidad y la democracia desde el ámbito municipal.
Por otro lado, el ciudadano merece que el voto ejercido para legitimar la representación política sea suficiente para hacer que el funcionario electo se sienta en la responsabilidad de informar y valorar el impacto de la intervención de los mercados municipales en la dinámica local, en momentos de grave escasez de productos y en el marco de una economía hiperinflacionaria.
Por cierto, el área de los mercados, según la letra f del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, es una de las materias que el legislador reconoce como propia del municipio.
Es oportuno recordar que fue el 13 de agosto de 2016 cuando el Presidente Nicolás Maduro anunció la intervención militar de los mercados del país, delegando en el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, como el responsable de ejecutar la medida, la cual se propuso que fuera ejecutada por la vía de la Gran Misión Abastecimiento Soberano.[1]
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