Carlos Tablante es un reconocido experto en el estudio y el análisis de la corrupción y el crimen organizado en Venezuela. Coautor del libro Impacto de la corrupción en los Derechos Humanos, dedica 45 páginas de la obra a analizar la situación generada por el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Denuncia la creación de un “Estado delincuente” a través del “gran saqueo” que ha generado la crisis económica, política y social que sufre el país.
Primero Hugo Chávez y después Nicolás Maduro han hecho que Venezuela se convierta en un “Estado delincuente” debido al “gran saqueo” que ha sufrido el país producto de la corrupción. Esa es la tesis central del capítulo dedicado al país que firma Carlos Tablante en el libro digital Impacto de la corrupción en los Derechos Humanos publicado por la Universidad Autónoma Nacional de México. Tablante, exdiputado y exgobernador del estado Aragua, destaca del “régimen chavista-madurista” que “pretende actuar en nombre de los pobres, mientras que en la realidad se ha instalado un capitalismo de Estado corrupto”.
Citando la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el autor recuerda la “gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”. Recoge además un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) referido a Venezuela que pone de relieve “el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos, y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país en los últimos dos años y en especial en el 2017”.
En opinión del experto, “un elemento determinante” en la situación que del país ha sido “la sustitución de la democracia por la cleptocracia y kakistocracia”. Este último término fue acuñado por Michelangelo Bovero, profesor de filosofía política en la Universidad de Turín. Su definición académica es: “Gobierno de los peores; estado de degeneración de las relaciones humanas en que la organización gubernativa está controlada y dirigida por gobernantes que ofrecen toda la gama, desde ignorantes y matones electoreros hasta bandas y camarillas sagaces, pero sin escrúpulos”.
El texto afirma que “la existencia de un Estado delincuente conlleva la mezcla de intereses, un cierto maridaje que, a partir de lo económico, rompe cualquier diferencia en el campo de lo político e ideológico para facilitar el cruce de negocios ilícitos”. Añade, hablando de Venezuela: “Entre 1999 y 2014 hubo numerosos casos de corrupción con afectación de los derechos humanos, de los cuales relativamente sólo conocemos unos pocos”.
Pero el capítulo firmado por Tablante, experto en el análisis de la corrupción y el crimen organizado en el país, no mira tan sólo al pasado. Sostiene que “en la actualidad venezolana de principios de 2018 la complejidad política refleja la corrupción sistémica que ha ocurrido en el país y sus implicaciones en la violación de los derechos humanos de la población”.
“Un factor desencadenante” de la crisis política, económica y social que sufre el país es, en opinión del autor, “las violaciones a la libertad de expresión, pilar fundamental de la democracia. Los derechos políticos y civiles han sido vulnerados, los partidos políticos de la oposición han sido ilegalizados e incluso se ha obstaculizado la realización de elecciones libres e independientes”. Señala que una manifestación de la política del régimen de Maduro consistente en violar la libertad de expresión “fue domesticar las líneas editoriales contrarias al gobierno a través de agentes aliados del sector privado y testaferros que se dedicaron a comprar importantes medios en oscuras negociaciones en dólares realizadas con compañías de maletín extranjeras, plagadas de secretismo”.
Al menos ocho artículos de la Ley contra el Odio “perjudican los principios de pluralidad, diversidad, libertad y acceso a la red”
Destaca la importancia de la llamada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia aprobada por la ilegal Asamblea Nacional Constituyente. Señala que, según un análisis realizado por el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS), al menos ocho artículos de esta norma “perjudican los principios de pluralidad, diversidad, libertad y acceso a la red”.
Tablante recuerda algunas cifras de la represión. Destaca que “en el control hegemónico y antidemocrático de la sociedad se criminaliza la disidencia. El que piensa diferente es perseguido, apresado, torturado y, en algunos casos, asesinado. Actualmente se registran 235 presos políticos”. Recuerda además los números de muertos en el transcurso de las protestas del año pasado: “Fueron asesinadas 157 personas por miembros de la Fuerza Armada Nacional y de los denominados colectivos afectos al régimen, en su mayoría jóvenes”. Pero el problema se agrava con las cifras de asesinados por mostrar resistencia a policías y militares en los denominados Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), ya que el número de muertos en 2017 fue 5.535. En promedio, cada semana murieron 106 personas por “supuestos enfrentamientos” con funcionarios de seguridad” (Ver más: Nicolás Maduro suma al menos 726 muertos en su balance como dictador). Sobre los OLP, el autor recuerda que a lo largo del año pasado murieron 106 personas a la semana en “supuestos enfrentamientos” con las fuerzas de seguridad maduristas.
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