ONU acusa a fuerzas de seguridad de Venezuela de detenciones, arbitrarias y abusos a los DD.HH, Nicolás García de Val.

El documento habla de unas 500 muertes en las que han estado involucradas. El informe será enviado a la Corte Penal Internacional.

Naciones Unidas acusó ayer al gobierno de Venezuela de cometer "reiteradas" violaciones a los derechos humanos y pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que se involucre debido a la "impunidad generalizada" y la inacción de las autoridades.

El último informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al Hussein, da cuenta de que las fuerzas de seguridad venezolanas matan gente sin justificación y aparentemente sin sufrir ningún tipo de consecuencia, lo que pone en evidencia una degradación del Estado de Derecho en el país, consignó The Associated Press.

"Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la CPI", afirmó el funcionario de origen jordano, en un comunicado al presentar un detallado informe de su oficina, que fue rechazado por Caracas.

El documento habla de 505 "muertes cuestionables" en las que han estado involucradas las fuerzas de seguridad venezolanas entre 2015 y 2017. Todas siguen el mismo patrón: incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a los presuntos criminales sin orden judicial y manipulación del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes se produjeron en intercambios de disparos.

Además, denuncia cientos de ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes y opositores políticos, torturas y detenciones arbitrarias.

Este es el segundo informe de esta oficina sobre la situación en Venezuela. El primero fue presentado el año pasado y criticaba la violencia con que se reprimió las protestas contra Maduro que dejaron unos 125 muertos en 2017. Ambos se basan en decenas de entrevistas y datos recolectados a distancia, pues las autoridades venezolanas le niegan al organismo el acceso al país.

El documento presentado ayer se centra en las presuntas ejecuciones sumarias perpetradas en el curso de operaciones de lucha contra el crimen organizado denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) entre 2015 y 2017, y Operaciones Humanitarias de Liberación del Pueblo a partir de 2017.

La Fiscalía de Venezuela inició 373 investigaciones contra agentes del Estado por estos casos, pero hoy no hay información sobre ellas.

"Desde hace años se vienen menoscabando los equilibrios institucionales, así como el espacio democrático en Venezuela, lo que deja un escaso margen para hacer rendir cuentas al Estado", dijo el Alto Comisionado al destacar el caso del agente de policía rebelde Óscar Pérez y seis miembros de su grupo que fueron baleados cuando intentaban rendirse en enero.

El secretario general de la ONU, António Guterres, respaldó el documento y manifestó que considera "impactante" el número de abusos documentados en Venezuela, según su portavoz Farhan Haq.

Rechazo del chavismo

El documento enfureció al gobierno de Maduro, que suele desestimar cualquier investigación internacional sobre lo que ocurre en el país, y calificó el informe como una "grotesca farsa mediática".

"Venezuela rechaza categóricamente el informe (...) resultado de una metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y el rigor técnico exigido a una oficina de esa naturaleza", dijo el canciller Jorge Arreaza en un comunicado.

El jefe de la diplomacia venezolana fue un paso más allá y acusó al funcionario internacional de ser un "cómplice" de las "agresiones de Estados Unidos", en referencia a las sanciones impuestas por Washington contra su país y que han acelerado el colapso económico de Venezuela, que enfrenta una escasez crónica de alimentos y medicinas, y una inflación desbordada que superaría el 13.800% este año, según el FMI.

Maduro ha intentado calmar la tensión social provocada, al liberar a decenas de miembros de la oposición. No obstante, el gobierno niega que los detenidos sean presos políticos.

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