Hoy ya no es un disparate afirmar que el cambio de régimen en Venezuela es una de las prioridades de Estados Unidos. Con las últimas noticias que salen de Washington ya no hay duda.
A diferencia de la administración de Barack Obama, el Gobierno de Donald Trump ha asumido una posición firme a favor de un retorno a los valores democráticos en Venezuela. Es cierto que durante la administración del demócrata se blandió una real política de apaciguamiento frente a importantes amenazas a las libertades en la región.
“Hubo una estrategia por parte de diplomáticos de alto rango (de la administración de Obama) que buscaba favorecer la estabilidad de Venezuela a costo de la seguridad de Estados Unidos”, dijo el exsubsecretario de Asuntos Hemisféricos, Roger Noriega, en febrero del año pasado.
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Un reportaje del diario español ABC, de julio de 2017, develó cómo la administración de Obama ordenó dejar de investigar los vínculos entre la organización terrorista, Hezbolá, y el régimen de Nicolás Maduro; con el fin de no afectar los acuerdos con Irán. Aunado a ello, está la política del demócrata con respecto a los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, así como el acercamiento con el régimen de Raúl Castro.
Pero todos esos propósitos concluyeron cuando en noviembre de 2016 el representante del Partido Republicano, Donald Trump, se alzó sobre la demócrata, Hillary Clinton. Y en enero inició el viraje.
La asunción de la responsabilidad vino acompañada de una coyuntura en Venezuela: mientras Trump empezaba a tomar las riendas de una nación, en el norte de Suramérica se iba acentuando la degradación política y económica. Y fue a los dos meses cuando estalló la crisis.
Gracias a uno de los movimientos populares más importantes que se ha generado en el país latinoamericano, el régimen de Nicolás Maduro pudo exponer ampliamente todo su carácter criminal. Además, y debido a la fuerte crisis económica, otras costuras también se exhibieron.
La captura de dos sobrinos de la pareja presidencial por narcotráfico; sus declaraciones; los vínculos abiertos de algunos funcionarios con asociaciones terroristas islámicas, y la hostilidad con naciones occidentales. Todo empezó a gotear dentro de un vaso que en cualquier momento se rebosaría.
Del apaciguamiento al estrangulamiento
La administración de Trump se estrenó sancionando al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, el 13 de febrero de 2017. Una fuente de la Casa Blanca indicó en ese momento que la decisión fue impulsada debido al papel del importante funcionario en el “tráfico internacional de drogas”.
Que un vicepresidente de una nación constituya una pieza fundamental en el narcotráfico internacional es inaceptable. Sobre todo si forma parte de un país occidental. Pero ciertamente llama la atención cómo la primera acción de una novel administración fue atentar contra un cabecilla de la dictadura chavista. No fueron moderados. El torpedo golpeó el USS Barb, no otro submarino.
Mientras el Departamento del Tesoro congelaba activos a El Aissami, Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, los llamados “narco sobrinos”, enfrentaban un largo juicio en Nueva York. Fue un proceso que reveló a Estados Unidos los vínculos directos entre el Ejecutivo y el narcotráfico; y que no colaboró a menguar las hostilidades entre ambas naciones.
Semanas después, en abril, luego de unas ilegales sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que secuestraban las facultades del Parlamento venezolano, iniciaron las protestas. Pero, además, inició el derramamiento de sangre.
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