El portavoz del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, declaró hace unos días que, a su juicio, hay en España “un sobredimensionamiento” de lo que ocurre en Venezuela, porque cuando un país vive el drama que experimenta la nación bolivariana aquello no es sólo culpa de un Gobierno sino “responsabilidad colectiva de los venezolanos”.
Semejante afirmación demuestra una total ignorancia de la tragedia que vive Venezuela o un fanatismo ideológico cuadriculado.
Hace falta más de un individuo para deshonrar a un partido, desde luego, habiendo socialistas que, con Felipe González a la cabeza, han demostrado una solidaridad tan activa con los demócratas venezolanos que, pese a los asesinatos, las torturas y la represión enloquecida desatada por Maduro y su pandilla, han impedido hasta ahora que el régimen convierta a ese país en una segunda Cuba.
Pero que haya en España socialistas capaces de deformar de manera tan extrema la realidad venezolana sin que sean reprobados por la dirección, delata la inquietante deriva de un partido que contribuyó de manera tan decisiva a la democratización de España luego de la Transición.
La verdad es que Venezuela fue, por 40 años (1959 a 1999), una democracia ejemplar y un país muy próspero al que inmigrantes de todo el mundo acudían en busca de trabajo y en el que tanto los Gobiernos “adecos” como “copeyanos” dieron una batalla sin cuartel contra las dictaduras que prosperaban en el resto de América Latina.
El presidente Rómulo Betancourt intentó convencer a los Gobiernos democráticos del continente para que rompieran relaciones diplomáticas y comerciales y sometieran a un boicot sistemático a todas las tiranías militares y populistas a fin de acelerar su caída.
No fue respaldado, pero, décadas después, su iniciativa acaba de ser reivindicada por la Declaración de Lima, en la que, invitados por el Perú, todos los grandes países de América Latina —Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, Uruguay y cinco países más de la región— además de Estados Unidos, Canadá, Italia y Alemania, han decidido aislar a la dictadura de Maduro y no reconocer las decisiones de la espuria Asamblea Constituyente con la que el régimen trata de reemplazar a la legítima Asamblea Nacional donde la oposición detenta la mayoría de los escaños.
El portavoz socialista no parece haberse enterado tampoco de que las Naciones Unidas han denunciado, a través de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, las torturas a las que la dictadura venezolana somete a los opositores desde hace varios meses, que incluyen descargas eléctricas, palizas sistemáticas, horas colgados de las muñecas o los tobillos, asfixia con gases, violaciones con palos de escoba, detenciones arbitrarias e invasión y destrozos de las viviendas de los sospechosos de colaborar con la oposición.
Más de 5.000 personas han sido detenidas sin ser llevadas a los tribunales, las fuerzas de seguridad han asesinado a medio centenar en las últimas manifestaciones y las bandas de malhechores del régimen, llamadas los colectivos, a 27.
El asedio sistemático a los adversarios de la dictadura se extiende a sus familias, que pierden su trabajo, son discriminadas en los racionamientos y víctimas de expropiaciones. Y la corrupción del Gobierno alcanza extremos de vértigo, como acaba de denunciar la fiscal Luisa Ortega en Brasil, revelando, entre otros horrores, que el segundo hombre del chavismo, Diosdado Cabello, recibió 100 millones de dólares de soborno de Odebrecht a través de una compañía española.
Pero, probablemente, con toda la crueldad que denotan las violaciones a los derechos humanos y el saqueo del patrimonio nacional por los jerarcas del régimen, nada de aquello sea tan terrible como el empobrecimiento vertiginoso que la política económica de Chávez y su heredero ha acarreado al pueblo venezolano.
Uno de los países más ricos del mundo, que debería tener los niveles de vida de Suecia o Suiza, padece hoy día los índices de supervivencia de las más empobrecidas naciones africanas: la pobreza afecta al 83% de la población, sufre la inflación más alta del mundo —este año alcanzará el 720%— y un PIB que según el Fondo Monetario Internacional cae 7,4%. Sólo se libran del hambre y la escasez de todo —empezando por las medicinas y las divisas y terminando por el papel higiénico— el puñado de privilegiados de la nomenclatura —buen número de generales entre ellos, comprados asociándolos a las grandes operaciones del narcotráfico— que pueden adquirir alimentos, medicinas, repuestos, ropa, a precios de oro, en el mercado negro. La gente común y corriente, entre tanto, ve caer sus niveles de vida día a día.
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