El principal centro de distribución de alimentos de Venezuela está en el puerto de Veracruz, México. Desde allí, a miles de kilómetros de distancia, en lo que va de año han zarpado buques cargados con las cajas de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa diseñado por Nicolás Maduro. La travesía de unos cinco días implica bajar desde el golfo mexicano, atravesar el mar Caribe y tocar costas venezolanas, y ha conducido a un negocio millonario a Group Grand Limited, la fantasmal empresa que según la Fiscal General de la República destituida por el Gobierno venezolano, Luisa Ortega Díaz, tiene relación directa con el presidente de Venezuela.
Aunque desconocida por la opinión pública, Group Grand Limited ha entrado silenciosamente en los hogares venezolanos, especialmente los más pobres, a través de las cajas de alimentos. La compañía es la gran beneficiaria del negocio de los CLAP. Se ha impuesto, incluso, a Postar Intertrade Limited, del empresario venezolano Samark López Bello, a quien el Departamento del Tesoro estadounidense señaló en febrero pasado de ser el “testaferro” del Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami. Las sanciones asociadas a esa acusación, precisamente, lo apartaron rápidamente del negocio tras firmar un contrato por unos 120 millones de dólares con las autoridades venezolanas para la venta de 3 millones de despensas CLAP, según ha manifestado López Bello.
Los números de Group Grand Limited hacen palidecer a los de Samark López Bello, quien con su empresa sólo despachó desde México alrededor de 1 millón de cajas en dos embarques, uno en febrero y otro en abril. Pero entre febrero y agosto de este año, la compañía que Ortega Díaz vincula a Maduro, ha despachado, al menos, 7 millones de cajas para los CLAP, según se desprende de documentos obtenidos para este reportaje. La cifra puede ser mayor, advierten fuentes empresariales venezolanas y mexicanas conocedoras de la operación de Group Grand Limited, al ser el único grupo que continúa recibiendo fondos del Gobierno venezolano.
Los buques CNP Paita y Viking Merlin, de la naviera Hapag Lloyd, han llegado casi semanalmente al puerto de La Guaira, al norte de Caracas. En cada traslado transportan entre 400 y 600 contenedores, cada uno con 1.300 cajas CLAP, según detallan papeles de embarque en los que el consignatario de la mercancía ha sido la Comercializadora de Bienes y Servicios del estado Táchira (Cobiserta), adscrita a la Gobernación de esa entidad, en la frontera colombo-venezolana, y dirigida por José Gregorio Vielma Mora, un militar ligado a Hugo Chávez desde que comandó el golpe de Estado aquel 4 de febrero de 1992.
Maduro aprobó en octubre del año pasado a Vielma Mora 340 millones de dólares del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) a la tasa preferencial de 10 bolívares por dólar para la compra de 10 millones de combos de alimentos. Era el comienzo de un negocio que no se ha detenido, en el que Group Grand Limited ha sido, precisamente, el tradero intemerdiario que ahora Ortega Díaz pretende desnudar.
La caja de Pandora
El pasado 23 de agosto la Fiscal rebelde viajó a Brasil para reunirse con homólogos de las naciones del Mercado Común del Sur (Mercosur). Había escapado desde Caracas hasta Bogotá pocos días antes tras ser destituida a inicios de agosto por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con la que el chavismo ha terminado de suplantar al parlamento bajo control de la oposición desde enero de 2016. En la capital brasileña, rodeada de micrófonos y frente a las cámaras de los medios de comunicación, Ortega Díaz soltó que el presidente Maduro es beneficiario de Group Grand Limited y de la venta de alimentos para los CLAP, un plan que el Gobierno esgrime como la solución al desabastecimiento generalizado y a la “guerra económica” de los empresarios locales.
“Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAP, una empresa mexicana, registrada en México a nombre de dos personas. La empresa tiene nombre Group Grand Limited, empresa que se presume es del presidente de la República, Nicolás Maduro”, disparó la ahora perseguida del chavismo. Seguidamente detalló que los propietarios en papeles serían el venezolano Rodolfo Reyes y los colombianos Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab. “Esas pruebas también las tenemos nosotros, voy a entregarlas a las autoridades de distintos países”, dijo para desatar un estruendo en Venezuela y Colombia.
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