El 8 de septiembre de 2015, el presidente de la Republica, Nicolás Maduro, ordenó en cadena nacional de radio y televisión el cierre de la frontera más movida del occidente del país, e incluso, se podría decir que la más diversa entre cultura y formas ilícitas de contrabandear.
Para ese entonces la medida tenía como propósito frenar la extracción en cantidades de alimentos, combustible y el bachaqueo de efectivo que comercializaban las casas de cambios en la zona.
Se instauró un estado de excepción, se militarizó el municipio fronterizo pero la presión solo duró unas 24 horas, pues al transcurrir este tiempo los comerciantes ilegales empezaron a usar unos desvíos por caminos verdes conocidos como trochas, que actualmente siguen funcionando.
Entre las que se pueden contabilizar, hay más de 15 solo en los alrededores de Paraguachón y que sirven de ruta para cruzar de un lado a otro en cuestiones de minutos.
En recientes declaraciones el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, aseguró que: “Lo hicimos en un momento de necesidad porque la situación de frontera nos venía succionando todos los productos de la canasta básica. Han cambiado algunos elementos y ha mutado también la guerra económica”.
También resaltó que para el momento del cierre de Paraguachón se extraía a través de ella más del 40% de alimentos que llegaba al estado.
En la actualidad la realidad en la zona fronteriza de la Guajira ha tenido un giro inesperado, ya que desde hace un año los alimentos ingresan desde Colombia y el Zulia se surte de más del 80% en productos del vecino país que son transportados de manera ilegal.
Mientras que el plan de abastecimiento integral de la región, que es liderada por el gobierno regional, acordó entre otras cosas, transportar alimentos desde Maicao hacia Venezuela con permisos por comerciantes en su mayoría wayuu, para abastecer bodegas y supermercados a precios accesibles.
Por otra parte, el coordinador de los Derechos Humanos de la Guajira, José David González, comentó que se siguen violando los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. “No se garantiza el derecho a la educación, el libre tránsito se violenta a cada rato porque vemos como las autoridades se han adueñado de la carretera fronteriza y cobran peajes en plena vía. No hay transporte y el acceso a la alimentación es muy controlado a pesar de que cuando cerraron la frontera el Vicepresidente para el entonces, Jorge Arreaza, prometió como gobierno brindarle todo el apoyo a las comunidades indígenas y eso no ha tenido resultado”, expresó.
A su vez denunció que en la zona no se vela por los medios de comunicación para que la población esté informada.
En ese sentido, la población también hace sus propias denuncias. Gerardo, un chofer de la línea Paraguiapoa-Maracaibo, señaló que: “Hasta ahora los más beneficiados son los garantes de la seguridad en la guajira venezolana, que se sirven de la extorsión. Ese es el pan de cada día”.
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