El actual gobierno estadounidense ha avanzado en las averiguaciones sobre altos funcionarios del régimen venezolano que tienen vínculos con operaciones de narcotráfico a gran escala, la magnitud de la información recabada es tal que convierte a la administración de Nicolás Maduro y la de su predecesor, Hugo Chávez, en un caso único en el que la cúpula política está ligada a la industria criminal, asegura el abogado experto en blanqueo de capitales, José Pérez B.
En la óptica de Pérez, el gobierno socialista de Venezuela ha permitido que los narcotraficantes, incluidos los notorios carteles mexicanos de Sinaloa, Zeta y Atlántico, así como terroristas potenciales y otros criminales, operen libremente dentro del país sudamericano sin temor a represalias, y lo que es peor aún, ofreciendo seguridad y apoyo a los grupos criminales que operan a lo largo y ancho del territorio.
Evidencias que fueron estudiadas por el Senado
En el mes de marzo de 2017 se presentó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU, un testimonio que confirmó las conexiones venezolanas con la industria del narcotráfico mundial. En ese momento, la experta del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), Shannon O’Neil, dijo que “en términos de seguridad, la voluntad de Venezuela de permitir a los narcotraficantes, redes de delincuencia organizada, terroristas potenciales y otros actores nefastos dentro de sus fronteras, afecta también a la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
Los informes elaborados por CFR muestran que las bandas criminales de Colombia (BACRIM), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), operan en el país, al igual que los cárteles de Sinaloa y Zeta de México.
Sin duda alguna —dijo O’Neil— Venezuela se ha convertido en la ruta preferida de contrabando de drogas en Sudamérica, pues es la vía que usan los narcotraficantes para traer la cocaína a los Estados Unidos a través de América Central y el Caribe Oriental, y a Europa a través de África Occidental.
En el informe se destaca que el gobierno venezolano puso fin de manera efectiva a la cooperación antidrogas hace una década y desde entonces las investigaciones de la Administración de Aplicación de las Drogas (DEA) y del Departamento de Justicia (DOJ) apuntan a la colusión activa y la colaboración entre funcionarios prominentes del gobierno y narcotraficantes.
Por otro lado, el informe anual del Departamento de Estado sobre estrategia para el control de narcótico dice que Venezuela se ha convertido en el centro de distribución más importante para el tráfico de drogas en las Américas. Expertos han señalado que se ha establecido que más de 200 toneladas de cocaína pasan por el país sudamericano cada año, lo cual representa el 40 por ciento del consumo mundial.
Cada vez hay más sancionados
Los expedientes en las cortes federales de los Estados Unidos sobre ciudadanos ligados al gobierno de Venezuela acusados de operar en el negocio del narcotráfico se han incrementado de manera paulatina y sostenidamente, y gracias a la información suministrada por otros individuos que han decidido colaborar con la justicia norteamericana ofreciendo datos sobre rutas de la drogas, personajes, montos y otros elementos del crimen, el gobierno ha logrado reunir una serie de datos que le han permitido incluir dentro de la lista de sancionados del Departamento del Tesoro a funcionarios de alto nivel del gobierno de Venezuela, incluyendo al vicepresidente, Tareck El Aissami, quien fue especialmente designado como narcotraficante vinculado a las organizaciones continentales de tráfico de drogas.
La administración de Trump también acusó al vicepresidente de Venezuela de haber mantenido vínculos con una variedad de personajes y protagonistas clave del terrorismo y el narcotráfico.
Las sanciones han congelado los activos de El Aissami y su testaferro, Samark López, en Estados Unidos, los cuales, según voceros oficiales, superan los 500 millones de dólares.
En la medida en que se ha dado a conocer la información sobre los vínculos de funcionarios del gobierno venezolano con el narcotráfico, se ha comenzado a observar cómo el régimen de Maduro ha hecho esfuerzos extraordinarios para brindar apoyo y resguardo a los sancionados por el Departamento del Tesoro de los EEUU que hace esfuerzos por mantener en el tiempo la política de guerra contra las drogas. Una pelea en la que el acorralamiento a los agentes de la administración de Venezuela dedicados al crimen organizado, es vital.
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