Sin embargo, dicha administración evitó de nuevo apuntar a la importación de petróleo, el núcleo de la economía venezolana.
La prohibición afecta a las negociaciones hechas en EE.UU. o por una "persona de Estados Unidos", término que, como precisa el Departamento del Tesoro, se refiere a los ciudadanos con esa nacionalidad, los residentes permanentes, entidades organizadas bajo la ley del país, cualquier jurisdicción en el país (incluidas filiales internacionales) o cualquier persona en Estados Unidos.
El Gobierno Trump calificó la medida como una "presión" ante la "corrupción pública rampante" y la "represión y persecución, y violencia, contra la oposición política".
Lo que busca además Estados Unidos con estas sanciones es "proteger" su sistema financiero de "complicidad en la corrupción de Venezuela y en el empobrecimiento del pueblo venezolano", indicó la Casa Blanca en una nota.
La medida prohíbe las negociaciones de nueva deuda de PDVSA con un vencimiento mayor a 90 días y la deuda nueva del Gobierno de Venezuela con un vencimiento mayor a 30 días, o nuevo capital, reseñó Globovisión.
Asimismo, prohíbe las negociaciones de bonos emitidos por el Gobierno de Venezuela antes de la emisión de la orden ejecutiva y de "pagos de dividendos u otras distribuciones de beneficios al Gobierno de Venezuela de cualquier entidad poseída o controlada, directa o indirectamente, por el Gobierno de Venezuela" en EEUU.
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