Diálogo, acuerdos y cambios. SIMON GARCIA.

Uno de los mecanismos de control totalitario de la sociedad consiste en separar y contraponer agresivamente a una parte del pueblo contra otra. Este mecanismo se trabó por dos hechos: conformación de una mayoría adversa a las políticas de Maduro y reanudación de la comunicación en la base popular que sufre los mismos efectos de la crisis.

La gente conversa entre sí, hace sus propias preguntas y encuentra respuestas distintas a las que emanan del régimen. Por eso aumenta el número de ciudadanos que, al margen de sus preferencias políticas, no comparten que sea una prioridad sustituir la Constitución de 1999. 

Y menos, imponiendo una Constituyente viciada desde su convocatoria, forjando censos de electores desde el Congreso de la patria, destruyendo el voto universal y secreto y asesinando el principio original del proceso de no aceptar nada fuera de la Constitución. 

Hay una extensa base social para poner de acuerdo a múltiples organizaciones contra el plan, que no se ha detenido, de constitucionalizar la dictadura de Maduro. Hay numerosas coincidencias entre chavismo crítico y MUD para dar el paso que defina los mínimos compartibles entre ambos y respecto al país. La persistencia de diferencias, por más significativas que sean, no deberían impedir una acción política coincidente en torno a la defensa de la Constitución de 1999, para enfrentar el despojo minero o respaldar la lealtad constitucional profesada ejemplarmente por la Fiscal General, Luisa Estela Díaz, quien “llegó tarde el día que se repartió el miedo”. 

Ese acuerdo tiene a la Constitución de 1999 como el pacto social que unifica a todos los venezolanos. Su objetivo es alcanzar cambios para comenzar a superar las crisis de un modo que asegure una sociedad más justa, con mejor democracia, con una economía de mercado más vigorosa y socialmente responsable. Este punto, el de la redistribución no rentista ni estatista de la riqueza, marca el ancho de las diferencias, y debe ser objeto de reformulaciones. 

Es un acuerdo para alejar llamamientos, como los de Diosdado o Isaías, a exterminar al otro y borrar de la faz de la tierra a un venezolano sólo porque protesta. La guerra del gobierno contra los ciudadanos, la represión contra los manifestantes y el castigo a los disidentes llegará a su fin. 

El logro de objetivos de ese acuerdo, abriría un período en el cual se permitirá la convivencia entre proyectos de país diferentes. No habrá venganza, porque no habrá impunidad. 

Los movimientos disidentes que no avalen el totalitarismo de Maduro tendrán su lugar en un cambio que los necesita: 1. para ampliar la base de sustentación, de representación de intereses sociales, de defensa de las conquistas alcanzadas y del desarrollo de una dimensión progresista de la gobernabilidad. 2. Para avanzar en Para La reinstitucionalización legal, plural y democrática del Estado. 3. Promover una nueva cultura cívica. 4. Adoptar planes para superar los problemas que más afectan a la población. 

En el principio está la palabra.